La tensión que existe entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández por la definición del próximo procurador de la Nación, generó un escenario impensado con epicentro en el Senado: la posibilidad que la oposición acuerde con la vicepresidenta el nombre del próximo jefe de los fiscales, en el marco de un acuerdo amplio que permita cubrir -y repartirse- los cientos de juzgados que están vacantes.
Después de un zoom matutino, la mesa nacional de Cambiemos emitió este miércoles un comunicado escueto pero de fuerte contenido político, en el que se negaron a respaldar a Daniel Rafecas como procurador, pese al apoyo público de Elisa Carrió y Diego Santilli. No fueron los únicos descolocados con la decisión: También el presidente Alberto Fernandez, que empuja el nombramiento del juez federal, ve como la negociación se aleja de la Casa Rosada para trasladarse al Senado.
“En el momento en que el oficialismo en el Senado de la Nación tome la decisión de avanzar e impulsar al pliego propuesto por el Presidente de la Nación, Juntos por el Cambio va a expresar su posición respecto al Procurador General de la Nación”, firmó la mesa, sin nombres propios.
Estuvieron conectados al zoom Macri, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Miguel Pichetto, los presidentes de partidos (el radical Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich del PRO y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica) y los jefes legislativos como los senadores Luis Naidenoff y Humberto Schiavoni y los diputados Mario Negri y Cristian Ritondo.
También se sumó Maricel Echecoin, diputada provincial de la Coalición Cívica y confidente de Carrió, a quien los senadores habían marcado la cancha el lunes, cuando se sumaron al debate por una nueva ley del Ministerio Público, propuesto el kirchnerista Oscar Parrilli y cuestionado por Rafecas, quien anticipó que no aceptaría asumir si pueden elegirlo con mayoría simple.
En el comunicado, la mesa de Cambiemos expresó un rechazo a la ley que empuja Parilli para elegir al senador con simple mayoría, lo que le permitiría prescindir de la oposición. Señalaron que les “genera preocupación y alertamos sobre la gravedad que implica que el oficialismo pretenda modificar las mayorías necesarias para elegir y destituir al Procurador General de la Nación, por lo que implica su figura en nuestro ordenamiento institucional, la promoción de la acción penal y a su vez en pleno proceso de implementación del sistema acusatorio”.
No se pronunciaron sobre el otro aspecto clave del proyecto: el limite de mandato, que es vitalicio y pasaría a durar 6 o 5 años, como establecen los proyectos del radical Martín Lousteau y Lucila Crexell, que enterados del interés del kirchnerismo por sumarlo al proyecto de Parrilli, trataron de retirarlo.
Las diferencias al interior de Cambiemos no esconden acaso son producto, del interés de un sector importante del radicalismo, que en sintonía con su historía política, se abre a una negociación para aprobar un procurador de consenso, diseñar una nueva ley que regule la Procuración y, sobre todo, acceder a un porcentaje de las vacantes judiciales. El influyente ex senador y titular pñartidario, Ernesto sanz, lo dijo con claridad: “La inteligencia debería ser discutir previamente la ley de Ministerio Público Fiscal; creo que hay posibilidades de ponerse de acuerdo en esto, porque no son cuestiones de grieta y si nos ponemos de acuerdo con eso, va a ser más fácil ponernos de acuerdo en el nombre de la persona”.
