El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, y el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, realizaron una visita oficial a la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, en la sede de este organismo en La Haya, para reforzar lazos con el organismo.
“Es primera vez en la historiade dicha instancia que un Fiscal General es recibido por su homóloga en esta sede“, precisó Saab, quien agregó que es “completamente falso” que algunos dirigentes políticos de la oposición hayan sido recibidos por la CPI.
Saab destacó que durante la reunión se ofrecieron detalles sobre los avances del sistema de justicia venezolano a la hora de sancionar las violaciones a los derechos humanos, al tiempo que se destacó el compromiso del Estado y sus instituciones para “investigar, imputar, acusar y condenar” a los responsables de estos abusos.
Las autoridades detallaron que la Fiscalía de la CPI está evaluando dos cuestiones, denominadas ‘Venezuela I’, referida a supuestos delitos en el contexto de manifestaciones políticas del 2017, y ‘Venezuela II’, relativa a los presuntos crímenes de lesa humanidad como consecuencia de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra el país, desde el año 2014.
El primer estudio se dio a raíz de denuncias formuladas por organizaciones y personas. La segunda proviene de una acusación realizada por el Estado venezolano.
“Ambas cuestiones permanecen en examen preliminar con miras a tomar una decisión sobre si se abre una investigación o no. Es decir, todavía no se ha iniciado una investigación al respecto”, puntualizó Saab.
El Fiscal destacó la importancia de comunicar los avances del país en relación a la lucha por los DD.HH., especialmente después que una Misión Independiente de ONU realizara un cuestionado informe sobre el tema para atacar a Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
En este sentido, Saab extendió una invitación a la fiscal de la CPI para que visite Venezuela e investigue de primera mano. No obstante, recordó que la CPI “no sustituye a la legislación penal de Venezuela, sino que tiene un carácter complementario”, ya que actúa solo cuando la jurisdicción nacional de un país no ha querido o podido investigar crímenes que están bajo su competencia.
En materia de DD.HH., el pasado 6 de octubre, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) también aprobó una resolución que busca estrechar el trabajo conjunto entre la Oficina de la Alta Comisionada del organismo, Michelle Bachelet, y el gobierno venezolano.
