Los trabajadores de los policlínicos Pami I y Pami II de Rosario denunciaron un plan de vaciamiento que incluye derivaciones forzadas de afiliados hacia sanatorios privados vinculados a Carlos Tita, un poderoso empresario de la salud de Rafaela que en la década del noventa fue socio de Ricardo Lorenzetti en el negocio de las obras sociales sindicales.
Las sospechas apuntan a Pablo Flores, el administrador de los policlínicos del Pami en Rosario. En el sector de la salud lo señalan cercano a Tita y al ministro de Salud, Mario Lugones. Desde que Flores asumió, según los trabajadores, los dos centros de salud perdieron más de 15 mil cápitas -más del 25%- que fueron transferidas principalmente al Hospital Italiano Garibaldi y al sanatorio Rosendo García de la Unión Obrera Metalúrgica.
Tita es un médico cirujano devenido en empresario que controla clínicas y sanatorios en la provincia de Santa Fe. Es dueño del Hospital Italiano y mantiene una fuerte influencia sobre el sistema de salud sindical, desde donde construyó su imperio desde la década de los 90.
Denuncian que avanza el desguace del Pami, hay agencias que se quedan sin personal
En aquellos años, Tita fue socio del juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, con quien compartía la administración y representación de obras sociales gremiales. Antes de llegar al Máximo Tribunal, Lorenzetti desarrolló una extensa trayectoria como abogado especializado en derecho de la salud y asesoró a entidades del sistema sindical.
En paralelo, Carlos Tita consolidó una red de prestadores privados que lo convirtió en uno de los empresarios más influyentes del sector en la provincia con fuerte influencia el Ministerio de Salud de distintas gestiones.
Protesta de trabajadores contra el empresario Carlos Tita.
En los últimos días, Tita quedó envuelto en una investigación federal de alto impacto, como reveló LPO, cuando se supo que será citado en la causa contra el juez federal de Rosario, Gastón Salmain quien está acusado de haber pedido un soborno de 100 mil dólares al exdirector regional de la AFIP, Carlos Vaudagna, para quedarse con expedientes penales que lo involucraban y resolverlos en favor de sus intereses.
La Justicia busca determinar si Tita aportó el dinero que Vaudagna habría utilizado para pagar la coima. La relación entre ambos surgió del teléfono secuestrado al exjefe de la AFIP, donde se constató que Vaudagna realizaba tareas de asesoramiento contable para Tita, mientras ocupaba un cargo público.
Los trabajadores del Pami afirmaron a LPO que el gobierno de Milei busca beneficiar al empresario rafaelino y por eso fuerzan el traslado de las clínicas propias de la obra social de los jubilados al Hospital Italiano y al Rosendo García. Un sanatorio que administra Tita y el otro de la UOM, donde el empresario tiene fuerte incidencia.
Los traslados, según denunciaron afiliados y empleados, fueron compulsivos. Jubilados que tenían sus historias clínicas, médicos de referencia y tratamientos en los policlínicos descubrieron que sus cápitas habían sido asignadas a prestadores privados sin haber solicitado el cambio y ahora tienen que esperar más de dos meses para conseguir un turno.
El PAMI cuenta con dos policiclicos, uno en la Zona Norte de la ciudad y el otro en pleno centro. Este último sufrió dos intentos de cierre. No es casual. El edificio ubicado en la calle Sarmiento al 400, ocupa un punto privilegiado de la ciudad y los trabajadores sospechan que detrás de su cierre existe un interés inmobiliario.
En el sanatorio recuerdan que primer intento de clausurarlo se produjo luego de una extraña fuga de gas. Las autoridades pretendieron evacuar y vaciar el edificio y ya habían preparado al Hospital Italiano y al Rosendo García para absorber a los pacientes, pero una protesta de trabajadores y afiliados frenó el traslado y evitó el cierre.
El episodio le costó el cargo a Graciela Ravarotto, una histórica funcionaria del organismo que había quedado al frente de los policlínicos apenas asumió Milei. Ravarotto se opuso al vaciamiento del Pami I y recibió el respaldo de empleados y jubilados. Después de su desplazamiento asumió Flores, designado por el director del Pami, Esteban Leguizamo.
Asamblea de los trabjadores del PAMI Rosario
Al mismo tiempo, el médico Alejandro Damián Wittenberg quedó al frente de la Unidad de Gestión y Control de la Prestación Médica del Pami. En el organismo lo identifican como un funcionario que responde directamente al ministro Lugones, quien conoce a Tita por su trayectoria dentro del sistema privado de salud.
A partir de esos cambios, los trabajadores aseguran que se aceleraron la reducción de prestaciones y la salida de cápitas. “Hace un año que intentan cerrar el policlínico y, mientras tanto, le van sacando afiliados y servicios”, explicó a LPO una empleada de la obra social de los jubilados.
El vaciamiento se combina con una crisis severa de personal. Entre los profesionales que renunciaron por los bajos salarios, los que se jubilaron y las vacantes que nunca fueron cubiertas, los dos policlínicos perdieron alrededor de cien trabajadores. Las áreas más afectadas son enfermería, asistencia, servicio de mucamas y técnicos de rayos.
A eso se suman los problemas edilicios, la falta de prótesis e insumos y la suspensión de servicios. Los trabajadores también denunciaron persecución gremial y señalaron el caso de Melina Gutiérrez, delegada de ATE, que fue despedida después de comenzar a exponer presuntas irregularidades dentro del organismo y tuvo que ser repuesta por orden judicial.
A los problemas locales, se le suman las sospechas en el sistema de compras que afecta a todo los afiliados del Pami del país. De hecho, fuentes del sistema, afirmaron a LPO que el Pami pagó por pagar pañales para adultos de baja calidad, el triple del precio de mercado.
Como sea, la situación de precarización no es nueva ni empezó con el gobierno libertario. Cerca de la mitad de los profesionales trabajan como monotributista, algunos llevan más de quince años bajo esa modalidad de contrato basura.
Después de la pandemia, la entonces titular del Pami, Luana Volnovich, prometió incorporar a planta y normalizar la situación de quienes habían sostenido la atención durante la emergencia sanitaria pero la promesa nunca se cumplió. Tiempo después, Sergio Massa volvió a plantearlo en campaña pero la medida no se concretó.
