La detención de una pareja de tucumanos que intentaba ingresar a la provincia con 120 kilos de marihuana reavivó un escándalo de narcotráfico que complica al nuevo integrante de la Cámara Nacional Electoral, el juez Daniel Bejas, apenas una semana después de que el Senado aprobara su pliego.
Uno de los detenidos resultó ser empleado de una dependencia del gobierno tucumano, misma oficina que ya había estado en la mira por un caso de tráfico de drogas que se empezó a investigar en 2016 por otros trabajadores presuntamente involucrados. Aunque la justicia no tiene todavía pruebas de una conexión, el episodio volvió a poner la mira sobre Bejas.
El problema para Bejas es que en 2019, en plena campaña electoral, decidió frenar allanamientos por esa causa en el Juzgado Federal de Tucumán que ocupa desde 2011. Lo hizo a pesar de que el fiscal acumuló pruebas durante tres años para avanzar contra la banda. En una maniobra habitual de la justicia para dilatar definiciones, exigió más pruebas.
Según recuerda el diario La Gaceta, aunque la causa no se archivó los investigadores que estaban a cargo fueron trasladados a otras provincias con el cambio de gobierno nacional en diciembre. Sin impulso, el expediente no parece que pueda avanzar, sobre todo porque ya pasaron cuatro años desde su inicio.
Con este nuevo caso, la oposición salió con los tapones de punta contra Bejas. La senadora radical Silvia Elías de Pérez anunció que pedirá al Consejo de la Magistratura que audite todas las causas penales por narcotráfico que tramitaron en el juzgado de Bejas.
“Tenemos sospechas serias de connivencia por parte de Bejas en las causas por narcotráfico que rozan a organismos y a empleados del Estado”, declaró Elías de Pérez, que habló de “inacción casi cómplice del juez”. “Bejas ya planchó causas de corrupción. Con las de narcotráfico habría actuado de la misma manera”, completó.