“La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”. Con esa frase Javier Milei defendió este jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Apenas un día después, el Gobierno volvió a echar mano a herramientas clásicas de administración de precios para intentar amortiguar el impacto inflacionario de agosto.
La estrategia tuvo dos movimientos simultáneos. Por un lado, volvió a diferir parte de la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), una práctica que ya se repitió durante buena parte de la gestión para evitar un traslado pleno al surtidor. Por el otro, prorrogó las bonificaciones extraordinarias para los usuarios subsidiados de gas y electricidad, con el objetivo de suavizar el impacto de las nuevas tarifas. Las medidas quedaron oficializadas este jueves en el Boletín Oficial.
La decisión refleja una tensión difícil de ocultar. Mientras el discurso oficial atribuye la inflación exclusivamente a la cantidad de dinero, la gestión sigue interviniendo sobre precios regulados que tienen incidencia directa sobre el índice de precios al consumidor. Es una caja de resonancia: cada incremento en combustibles o energía repercute sobre costos logísticos, producción y consumo.
Georgieva sugirió en una reunión con empresarios que el dólar tiene que estar más alto
Sin embargo, ni siquiera ese esfuerzo alcanzó para congelar las boletas. La propia Secretaría de Energía informó un aumento promedio de 2,99% para el gas a nivel nacional y de 1,8% para la electricidad en el AMBA, mientras que en el resto del país dependerá de cada ente regulador provincial.
Pero los cuadros tarifarios muestran una realidad algo distinta. En electricidad, por ejemplo, un usuario residencial medio de Edenor sin subsidios verá una suba cercana al 2%, mientras que en algunos segmentos comerciales el incremento supera el 3%. En gas ocurre algo similar. En Metrogas, las distintas categorías residenciales registran aumentos que rondan entre 3,9% y 4,8%, bastante por encima del promedio difundido oficialmente.
La diferencia surge porque el promedio comunicado por Energía no refleja completamente el impacto que tiene el aumento del precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), el componente mayorista que luego se traslada a las facturas junto con transporte, distribución, impuestos y otros cargos. Ese incremento termina empujando el monto final que pagan hogares y comercios, incluso con las bonificaciones todavía vigentes.
El coordinador del área de Energía, Daniel González.
En los despachos oficiales admiten que sostener esas bonificaciones busca evitar un salto brusco en las facturas durante el invierno. Un funcionario del área energética reconoció, en reserva, que el criterio sigue siendo “administrar la velocidad de los aumentos” para no sumar presión sobre la inflación mensual.
La postal deja una paradoja difícil de pasar por alto. Mientras el Presidente impulsa una reforma para reforzar la independencia del Banco Central bajo el argumento de que la estabilidad depende exclusivamente del manejo monetario, el propio Poder Ejecutivo continúa administrando impuestos, subsidios y tarifas para contener la evolución de los precios. La teoría marcha por un carril; la gestión cotidiana circula por otro.
En definitiva, agosto llegará con nuevas subas en las boletas de gas y electricidad. Serán menores de las que hubieran resultado sin la prórroga de las bonificaciones y sin volver a patear la actualización plena del ICL, pero aumentos al fin. Incluso cuando el Gobierno insiste en que la inflación tiene una sola explicación, la realidad vuelve a mostrar que los precios regulados siguen siendo una pieza central del tablero económico.
