Dentro de este grupo, con el 21% de su población femenina mutilada y una proyección de 813 mil niñas y mujeres más hasta 2030, Kenia está entre los que tienen las tasas más bajas, en contraste con Egipto, donde el 87% ha sufrido esta práctica y se calcula que unas 7,1 millones correrá la misma suerte hacia el mismo año.
Un país que toma el compromiso
Kenia es un caso paradigmático que se ha convertido en la punta de lanza para un verdadero cambio, pues su presidente, Uhuru Kenyatta, puso el tema en agenda y manifestó abiertamente en noviembre de 2019 su objetivo de terminar con la mutilación genital femenina para 2022.
Se trata de un objetivo difícil de cumplir, reconocieron en diálogo con Télam Berhanu Legesse y Thierno Diuof, técnicos expertos en género del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) con sede en Addis Adeba, Etiopía.
Pese a lo ambicioso de la propuesta, para la líder comunitaria keniata, Nice Nailantei Leng `ete lo importantes es que “se trata de la primera vez que el mandatario se expresa públicamente al respecto” y, además, porque “posiblemente otros líderes políticos seguirán su ejemplo”.
“Sin los gobiernos, sin los políticos, no podremos ganar la batalla”, continuó Leng`ete en coincidencia con Legesse y Diouf, aunque todos acuerdan que con las leyes no alcanza y se debe llevar a cabo un trabajo en el territorio, dentro de las comunidades, un cambio cultural.
El compromiso asumido por Kenyatta no es menor.
“Los políticos tienen miedo de perder votos si se posicionan en contra de las culturas locales”, explicó Leng `ete, de la comunidad masai -uno de los tantos pueblos que componen la población keniata- y trabaja junto con Amref, una ONG española dedicada al área de la salud en África.
“Por fin vimos que algunos líderes denunciaron la MGF”, detalló la líder comunitaria, quien durante su infancia, tras ver el sufrimiento de sus primas y hermana mutiladas, se negó a correr la misma suerte.
En 2016, el Parlamento de la Unión Africana en Johannesburgo (Sudáfrica) aprobó, gracias al Grupo de Trabajo para la Mujer y representantes de Unfpa, la prohibición de la mutilación genital femenina. Hasta el momento, solo Chad, Liberia, Mali, Somalía y Sudán no tienen leyes que penalicen la práctica.
El resto se impuso el ambicioso objetivo de erradicar esta práctica para 2030.
Sin embargo, según un informe realizado por la ONU en 2018, solo Kenia y Uganda tienen leyes robustas y las hacen cumplir.
“La ley es una norma social, el problema que subyace es una cuestión de género. Esta práctica enfermiza socava los derechos humanos fundamentales de las niñas y mujeres, y para hacerle frente se necesita un plan integral y holístico”, explicaron los expertos de Unfpa desde Etiopía.
No obstante, Leng `ete consideró que hacer cumplir por la fuerza las leyes no es suficiente para cambiar el comportamiento social y hasta puede propiciar prácticas clandestinas.
“En Kenia, hay gente que está llevando a sus hijas a Tanzania para la mutilación, o a Etiopía, porque allí las leyes no son tan estrictas”, explicó la líder comunitaria masái.
Por eso, todos los expertos coinciden en que el trabajo dentro de las comunidades es vital para erradicar realmente esta práctica.
Para la Unfpa, no se trata sólo de un tema de derechos de la mujer, sino también de salud pública. Por eso, también busca el compromiso de los gobiernos para la aplicación de leyes y garantizar asistencia social.
El panorama en otras regiones
Por ejemplo, en Egipto, la mutilación suele ser practicada por profesionales de la salud como médicos y enfermeros y no por las ancianas de las familias que ofician de parteras.
“Esto se explica porque también ellos son parte de la comunidad”, explicó Legesse y alertó sobre la necesidad de educar y regular el trabajo del cuerpo médico para que entienda las consecuencias que la mutilación tiene para la salud de las mujeres.
En paralelo, Amref centra su trabajo en desarraigar de las comunidades las formas tradicionales de organización social, donde la mutilación y el matrimonio infantil están íntimamente relacionados.
Raquel Martín, responsable de comunicación de la ONG, explicó a Télam que “numerosas tradiciones culturales consideran la MGF como el último paso para preparar a las niñas para el matrimonio. La mayoría de las que se someten al rito son menores de 18 años”.
“Esto hace que deban abandonar su educación a una edad temprana, reduce oportunidades y decisiones sobre sus vidas, y quedan atraparlas en un círculo de pobreza”, continuó.
Por eso, agregó, es necesario trabajar con todos los integrantes de las comunidades, fomentar los derechos sexuales y reproductivos, la educación para todos y el fomento de la igualdad de género.
Fuente: http://www.telam.com.ar/notas/202003/438552-mutilacion-mujeres-derechos.html
