El clamor por una nueva Constitución se apoderó de Perú. Se exige en marchas. Se debate en la televisión, en la radio, en todos los medios de comunicación y en las redes sociales. Ya hay, incluso, memes. Y foros en universidades. Ya aparecieron, también, los detractores.
La inesperada exigencia que puede modificar la vida institucional del país sudamericano es resultado de la crisis que estalló el 9 de noviembre, cuando el Congreso destituyó al presidente Martín Vizcarra, lo que originó las movilizaciones populares más importantes de las últimas décadas.
En principio, gran parte de la sociedad peruana salió a defender la democracia, a repudiar lo que consideró como un golpe parlamentario, pero en las marchas, que fueron reprimidas con violencia inusitada, asomó el hartazgo generalizado hacia una clase política que arrastra una permanente sombra de corrupción.
Las protestas, además, fueron protagonizadas por adolescentes y jóvenes que ya fueron bautizados como “la generación del Bicentenario“, ya que el próximo año Perú conmemorará los dos siglos de su Independencia.
Los rostros aniñados que se juntaron para pelear públicamente por sus derechos recordaron a las y los jovencitos chilenos que, hace solo un año, salieron a reclamar en Santiago por el alza del precio del boleto del metro y generaron un estallido que hizo temblar al Gobierno de Sebastián Piñera, lo que derivó en un histórico plebiscito que se realizó el pasado 25 de octubre, en el que el 78 % de la población avaló que se redacte una nueva Constitución para dejar atrás la que rige actualmente, y que fue aprobada en 1980, es decir, bajo la dictadura de Augusto Pinochet.
El ejemplo chileno es el que más resuena en estos días en Perú, porque en este país la Constitución data de 1993 y también es herencia de un gobierno autoritario, el que encabezó Alberto Fujimori, el presidente que dirigió al país durante una década (1990-2000), cuyo nombre es sinónimo de violaciones a los derechos humanos y corrupción, y que actualmente está en prisión después de haber sido condenado en múltiples juicios por asesinatos, secuestros y apropiación de fondos públicos, entre otros delitos.
