El Gobierno de Pedro Sánchez ha decretado el estado de alarma en la Comunidad de Madrid con el fin de que entren en vigor las mismas medidas restrictivas para contener la pandemia de covid-19 que se implantaron la semana pasada, pero que la Justicia tumbó. El estado de alarma tendrá una duración de 15 días, prorrogables tan solo si obtiene el respaldo de la mayoría del Congreso de los Diputados.
El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha afirmado que “la presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido no hacer nada” y que es “indiscutible” que hay transmisión comunitaria en la región, puesto que desde el 1 de julio el 70 % de todos los contagios registrados en el país se han registrado en Madrid, que ascienden ya a 258.767. “La paciencia tiene un límite, no hay más ciego que el que no quiere ver”, ha dicho Illa, que ha defendido la necesidad de tomar medidas para proteger la salud de los madrileños y para que el virus no se extienda a otras regiones de España.
Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recalcado que las medidas contempladas en el decreto de estado de alarma son exactamente las mismas que entraron en vigor en Madrid el pasado viernes, y ha anunciado que 17.000 efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil serán desplegados “inmediatamente” para asegurar el cumplimiento de las restricciones, con punto de control en los accesos de los municipios confinados perimetralmente, así como en las infraestructuras de transporte colectivo.
Enredo jurídico
Este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazó ratificar la resolución del Ministerio de Sanidad que obligaba al cierre perimetral de Madrid y de otros nueve grandes municipios de la región, que superan los 500 casos cada 100.000 habitantes, para luchar contra la propagación de la pandemia de coronavirus.