Organizaciones sociales nucleadas en el bloque de Unidad Piquetera (UP) realizaron este miércoles una protesta en la sede del Ministerio de Desarrollo Social en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de una jornada nacional en varios puntos del país, y adelantaron que definirán el lunes próximo “el plan de lucha” a seguir.
“No obtuvimos respuesta de la ministra, a la que le pedimos insistentemente una reunión desde hace una semana”, manifestó a Télam el dirigente del Polo Obrero (PO), Eduardo Belliboni.
El reclamo principal es la reincorporación de las personas a las que se les suspendió el plan Potenciar Trabajar después de una auditoría ordenada por el ministerio que conduce Victoria Tolosa Paz.
Fuentes oficiales dijeron a Télam que “al Polo Obrero le faltan validar 7.500 personas que hasta hace un mes certificaba como titulares activos del Potenciar Trabajo”.
“Desde el 15 de enero pasado, momento en que finalizó el procedimiento de validación de datos para titulares del Potenciar Trabajo, y que arrojó como resultado la validación positiva del 88.7% del último padrón liquidado, el Ministerio de Desarrollo Social abrió un período de recepción de reclamos para las personas que, siendo titulares del programa, no hubiesen podido realizar la validación en la fecha prevista” explicaron los voceros.
“Este simple trámite se realiza a través de la plataforma Mi Argentina, y la cartera social continúa brindando asistencia para la concreción del mismo en sus 56 Centros de Referencia ubicados en todo el territorio nacional”, señalaron, y especificaron que “hasta el momento han presentado su reclamo 14.003 personas”.
Añadieron las fuentes oficiales que “cada reclamo es recibido y analizado por la Secretaría de Economía Social (SES) del ministerio, que en el lapso de 30 días debe comunicar el resultado del reclamo. Todas las personas que no realizaron la validación se encuentran suspendidos, por lo que la próxima fecha de cobro percibirán el 50% del importe correspondiente al Potenciar Trabajo”.
Además, las personas que realicen el reclamo y resulten verificados por la SES como titulares del programa “volverán a percibir la totalidad del importe correspondiente en el mes de marzo. Quienes en los 60 días posteriores a la finalización de la validación no presenten reclamo serán dados de baja del programa”.
“Es razonable preguntarse -advirtieron- cómo puede ser que las unidades de gestión no hayan podido encontrar a las personas a las que cada mes les certificaban su tarea para que cobre el importe correspondiente al programa”.
En tanto, Belliboni dijo que la decisión de terminar la protesta, cerca de las 19 fue tomada en asamblea donde las organizaciones también definieron reunirse “el lunes de la semana que viene para profundizar el plan de lucha”.
“El Gobierno sigue ratificando una política de ajuste y sometimiento al Fondo Monetario Internacional (FMI). Por eso no atiende los reclamos populares, por eso da bajas, y ajusta a los que menos tienen”, enfatizó el dirigente del PO.
La manifestación frente a Desarrollo Social, en Independencia y 9 de Julio, comenzó a las 14 en reclamo de la reincorporación de “160.000 familias” que fueron suspendidas de los alcances del Programa Potenciar Trabajo, según las organizaciones convocantes.
Belliboni sostuvo que la medida afectará a los beneficiarios “que no validaron sus datos de forma virtual” y explicó que no pudieron completar el trámite porque hay “muchísima gente que no tiene luz y se encuentra alejada de la virtualidad”.
También señaló que esas familias “van a cobrar la mitad de sus ingresos” en febrero, y en marzo “ya le dan la baja”, y afirmó que reclaman “que se suspenda esa medida y que se convoque a una auditoría presencial en cada lugar” para revalidar los datos.
“No se trata de familias que salieron de su situación de pobreza o dejaron de cumplir los requisitos del programa, solamente no pudieron realizar la actualización de datos por internet”, expresaron en un comunicado.
En esa línea, señalaron que “por la falta de conectividad y de servicios básicos en pueblos y barriadas de todo el país, 160 mil personas en situación de extrema vulneración social van ver recortado su único ingreso de menos de $33.000, cuando la canasta básica para no ser pobre llega a $150.000 y la de indigencia a $67.000”.
“Muchas personas afectadas son mujeres que son sostén de sus hogares”, alertaron desde Unidad Piquetera.
La protesta fue convocada por el Polo Obrero, el MTR, Organización 17 de Noviembre, el FOL, el Frente Popular Darío Santillán y Libres del Sur, entre otras organizaciones sociales y políticas.
