La diputada Julia Strada y el economista Hernán Letcher publicaron en diciembre pasado un informe del CEPA que advertía sobre los problemas metodológicos de las mediciones del Indec, antes de la escandalosa renuncia de Marco Lavagna a la dirección del organismo.
El objetivo del trabajo, adelantan en la introducción sus responsables,”se inscribe en un contexto de cambios metodológicos anunciados por el propio INDEC, que prevé modificar a partir de enero 2026 la forma de medir la inflación, los salarios y la pobreza”. El dossier cobra mayor importancia ahora que el ministro de Economía, Luis Caputo, violó el secreto estadístico para negar que la inflación diera por encima del 3%, lo que derivó en la salida del extitular del ente.
“Según lo informado oficialmente, estas revisiones buscan reflejar con mayor precisión los hábitos de consumo más actuales de los hogares, otorgando un mayor peso relativo a los servicios dentro de las canastas y estructuras de ponderación utilizadas”, precisaron desde el CEPA sin imaginarse lo que sucedería apenas un mes y medio después, cuando Javier Milei y Caputo le aplazaron la divulgación de los datos verdaderos a Lavagna.
El documento se tituló “Controversias y cuestionamientos metodológicos en el Indec bajo la presidencia de Javier Milei” y puso sobre la mesa que las subas salariales con respecto a la inflación entre los trabajadores no registrados se debía a los cambios “en la Encuesta Permanente de Hogares que mejoran la captación de ingresos no laborales (Tarjeta Alimentar, Pensiones No Contributivas, Progresar), sin que se explicite el impacto sobre la comparabilidad histórica”. En el texto, advirtieron que eso afectaba también la medición de pobreza.
Además, plantearon que el IPC mantenía “ponderadores desactualizados”, aún cuando estaba disponible la ENGHo 2017/18. Para colmo, los autores se quejaron que “los fuertes aumentos tarifarios de comienzos de la actual administración no fueron captados adecuadamente por la estructura de ponderadores actuales” y alertaron que si se hubiese utilizado la metodología actualizada “la inflación acumulada nov-23 / nov-25 sería 288,2%, frente a 249,5% con la metodología vigente”, unos 38,7 puntos porcentuales por encima de lo divulgado públicamente por el gobierno.
La discusión sobre los ponderadores es central porque el sistema vigente para medir “parte de los gastos de los hogares urbanos de la ENGHO 2004/05 por región y de las variedades que se relevaban en diciembre de 2015, con precios corridos a la fecha de diciembre 2016”. El problema es que el consumo de las familias argentinas cambió muchísimo desde entonces, lo que torna impostergable la implementación de los nuevos cálculos para la definición de las políticas públicas.
Marco Lavagna.
Por eso, la virtual intervención libertaria sobre el organismo de las estadísticas no solo despertó críticas de opositores y dirigentes gremiales. “La relevancia de esta brecha fue señalada incluso por el FMI, que exige la actualización de la metodología”, apuntaron Strada y Letcher en su análisis.
El CEPA también se metió con las dificultades de la medición de pobreza por ingresos. “La Canasta Básica Total (CBT) subestima el peso de los servicios y el transporte, hoy la Canasta Básica Alimentaria explica el 45% de la CBT, muy por encima de encuestas previas”, señaló en su informe. El resultado es que las cifras del Indec no reflejan el impacto de gastos inelásticos como internet o telefonía y sobreestiman alimentos.
Entre las conclusiones, la diputada y el economista indicaron que los datos del Indec terminan siendo “una medición de pobreza con problemas de comparabilidad y confiabilidad”. De hecho, subrayaron que “los ponderadores 2004-2005 actualizados a diciembre de 2016 (momento del pasaje del IPC GBA al IPC actual), implicaban que los hogares argentinos destinaban el 27% del total de sus gastos a alimentos y bebidas no alcohólicas, el 11% a transportarse y el 9,9% a vestirse, entre los principales rubros”.
Sin embargo, aclararon que el Indec utilizó un sistema híbrido para actualizar esos ponderadores por precio de incidencia a noviembre de 2023, lo que arrojó una menor ponderación en Vivienda y Transporte, que se redujeron de 9,4% y 11% respectivamente en diciembre 2016 a 6,3% y 10,1% a fines del gobierno de Alberto Fernández, pero dejó un alza en alimentos y bebidas, que saltó de 27% a a 30,8%.
Aunque el trabajo reconoce la dificultad de este sistema para detectar los cambios de un mes a otro, resalta que Lavagna tenía a la mano la ENGHo 2017/2018, algo que Milei y Caputo resistieron hasta forzar la dimisión del exdirector del organismo. “Entre otras modificaciones que vale la pena destacar, se registra: un crecimiento del porcentaje de gasto que los hogares destinan a los servicios como agua, electricidad y gas desde 9,4% – si consideramos los valores originales a 2016 – a 14,5%; un incremento en Transporte de 11% a 14,3%; un aumento en Comunicaciones de 2,8% a 5,2%; y una reducción de la ponderación de los alimentos de 27% a 22,7%”, explica el documento del CEPA.
Al postergar sin fecha la implementación de la nueva metodología, el gobierno se ahorraría el costo político de una medición que mostraría el impacto de aquellos rubros con aumentos más marcados e impactos más altos sobre el poder adquisitivo de los trabajadores.
