Patricia Bullrich lanzó una amplia reforma de la Policía Federal Argentina que a la vez que busca crear un “FBI argentino” le otorga facultades a la fuerza para hacer ciberpatrullaje y requisas sin orden judicial.
La reforma de la PFA será anunciada este martes en un acto que la ministra de Seguridad compartirá con Javier Milei en la sede de la fuerza en Figueroa Alcorta y Cavia, donde se especula que podría ser trasladada Cristina Kirchner si le niegan la domiciliaria.
A través de un decreto simple publicado en el Boletín Oficial, el gobierno reformó el estatuto de la PFA que establece que tendrá como misión “prevenir, detectar e investigar delitos federales y complejos, así como la de colaborar en la desarticulación de organizaciones criminales”.
El decreto deroga todas las competencias y atribuciones de la PFA sobre la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, completando así el proceso de traspaso que se inició en 2016. La fuerza solo podrá intervenir en la seguridad de otros ámbitos jurisdiccionales “en forma subsidiaria o a requerimiento”.
La parte más polémica de la reforma es la establecida en el artículo 6 del nuevo estatuto, el que establece las facultades de la PFA, y que otorga la posibilidad de actuar sin orden judicial en diversos ámbitos.
En el inciso 7 de ese artículo sostiene que “fuera de los casos establecidos en los Códigos Procesales Penales y demás legislación vigente, no podrá detener a las personas sin orden de juez competente”. Pero enseguida aclara que “si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo y no acreditase fehacientemente su identidad, podrá ser conducido a la dependencia policial”. Estas detenciones, que se parecen mucho al concepto de “portación de rostro”, serán por hasta diez horas.
El inciso 8 es también difuso y le da amplias facultades a la PFA por la falta de precisiones ya que establece que podrá “registrar y calificar a las personas dedicadas habitualmente a una actividad que la policía debe reprimir”. Para especialistas esto le da sustento legal a la fuerza para los operativos que viene ordenando Bullrich para “controlar” las manifestaciones políticas en los accesos a la Ciudad.
Más directo en la posibilidad de actuar sin orden de un juez es el inciso 11 que habilita el ciberpatrullaje, un viejo anhelo de Bullrich. “Realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas, conforme a las pautas y principios rectores dictados para dichas actividades por la autoridad competente”, dice el estatuto.
Finalmente, un muy polémico inciso 13 establece que sin orden judicial podrá requisar personas, “inspeccionando los efectos que lleven consigo, así como el interior de los vehículos, aeronaves y embarcaciones”. Para esto bastará con que los efectivos crean que se puedan ocultar algo vinculado a un delito y que justifiquen que no hay tiempo para pedir la orden de un juez.
Estas pesquisas sin orden judicial además estarán habilitadas en caso de que “se practique en la vía pública o en lugares de acceso público y en el marco de operativos de prevención”.
