México: se fugó el policía acusado de matar a un estudiante de Ayotzinapa | Yanqui Gómez participaba de una protesta exigiendo justicia por los jóvenes desaparecidos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el policía que presuntamente mató de un disparo a un estudiante de la Escuela Normal Rural Isidro Burgo de Ayotzinapa se fugó poco antes de que se concretara la orden de detención. Según López Obrador, el agente se encontraba en arresto administrativo a la espera de que las autoridades del estado de Guerrero lo entregaran a la justicia. En paralelo, dos agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) mexicana desaparecieron mientras se dirigían al sureño estado de Guerrero para investigar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos.

“No va a haber impunidad”

“El presunto responsable del asesinato del joven de la normal de Ayotzinapa se fugó y se está haciendo la investigación, desde luego la búsqueda, y se van a fincar responsabilidades, pero es parte de esta descomposición que estamos enfrentando y de los intereses que están de por medio”, declaró López Obrador. El gobernante mexicano indicó en su conferencia matutina que el policía de Guerrero, cuya identidad no fue revelada, “estaba en un arresto administrativo, pero no se cumplieron los protocolos”, por lo que sospecha que otras autoridades lo ayudaron a huir.

“Sin duda (hubo complicidad), es que estaba en el tránsito de la entrega de las autoridades estatales a la Fiscalía General de la República (FGR), que ya atrajo el caso”, señaló López Obrador. La Fiscalía de Guerrero se desmarcó de lo sucedido y dijo que nunca estuvo en custodia del detenido.

La polémica creció tras la muerte del estudiante Yanqui Khotan Gómez el jueves pasado en un retén de la policía de Guerrero, estado del sur de México donde crecieron las manifestaciones porque López Obrador no resolvió el caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa que desaparecieron en septiembre de 2014.

Los oficiales habían afirmado que la víctima y otro estudiante iban armados en un auto robado y dispararon a los agentes, pero el presidente negó esa versión. Aunque había tres policías detenidos solo escapó el presunto tirador, según López Obrador, quien prometió ahora que “no va a haber impunidad”.

El mandatario de izquierda cuestionó que el hecho ocurra durante las campañas presidenciales y ante las crecientes protestas de Ayotzinapa contra el presidente, quien no cumplió su promesa de resolver el caso, aunque la Comisión de la Verdad creada por él concluyó en 2022 que fue un “crimen de Estado” en el que también participó el Ejército.

“Que nos demos cuenta de cómo está la situación, que hay muchos intereses, hay quienes no quieren que se haga justicia y que quedemos mal, y también tener elementos, porque estamos en temporada electoral, para afectarnos, piensan que con eso nos van a debilitar como autoridad”, apuntó López Obrador. 

La desaparición de dos investigadores

En la misma conferencia matutina, el presidente de México confirmó la desaparición de “un hombre y una mujer de la Fiscalía General que están trabajando en la búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa”. La última vez que vieron a los agentes fue el domingo pasado en Cuernavaca, capital del estado de Morelos, donde la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas difundió las fichas informativas de Suay Kassandra Domínguez y Enrique Linares.

Aunque algunos medios reportaron que los oficiales investigarían el homicidio de Yanqui Gómez, López Obrador comentó que indagaban el caso de los 43 jóvenes de esa escuela que desaparecieron en septiembre de 2014. “Esto ocurre, debe saberse, en el marco de los trabajos que se han intensificado para buscar a los jóvenes”, manifestó el presidente. “Y espero que no sea algo relacionado con quienes no desean que se encuentren a los jóvenes y estén obstaculizando. Como saben que estamos trabajando, quieren impedir que sigamos avanzando. No lo van a lograr”, agregó. 

La tensión se elevó entre López Obrador y las familias y estudiantes de Ayotzinapa, que derribaron el miércoles pasado una puerta del Palacio Nacional para exigir justicia a López Obrador, a quien acusan de proteger a militares involucrados, mientras él estaba adentro. Días atrás le exigieron al presidente la destitución del secretario de Seguridad Pública en el estado de Guerrero, Rolando Solano, tras el asesinato de Yanqui Gómez.

Nuevos incidentes en Guerrero

Este martes estudiantes de Ayotzinapa atacaron las instalaciones y vehículos de la FGE de Guerrero. Los normalistas e integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) se trasladaron hacia Chilpancingo, la capital de Guerrero, en nueve colectivos y otros cuatro vehículos. Trabajadores del poder ejecutivo evacuaron el inmueble y el Congreso del Estado suspendió la sesión, pero la caravana de los normalistas se dirigió a las instalaciones de la Fiscalía de la ciudad, que estaban resguardadas por la Guardia Nacional y agentes estatales.

La valla conformada por los oficiales con equipo antimotines resultó insuficiente ante la cantidad de manifestantes, quienes lanzaron artefactos explosivos, por lo que los oficiales se replegaron. Los estudiantes ingresaron al estacionamiento, donde destrozaron e incendiaron unos 10 vehículos que estaban estacionados. También destruyeron los cristales y parte del edificio. Luego de una media hora de protesta, los policías lanzaron gas lacrimógeno para dispersarlos.

En el escrito de seis puntos que repartieron en su protesta, los normalistas reiteraron que la escena del crimen fue manipulada por la policía estatal, que falseó la información. También expresan que a lo largo de la historia fueron asesinados 11 estudiantes de esa escuela rural, Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y consideran que ser joven y estudiante de esta los convierte en “un blanco de odio desmedido”.

Según las investigaciones la desaparición de los 43 estudiantes, ocurrida en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, y perpetrada por criminales en complicidad con policías, fue posible debido a la acción y omisión en sus funciones de distintas autoridades, así como de miembros del ejército mexicano. El caso es considerado una de las peores violaciones de derechos humanos cometidas en México, que acumula unos 450 mil asesinatos y más de 100 mil desaparecidos desde 2006, atribuidos en su mayoría al crimen organizado.

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