Macri convierte a Fabricaciones Militares en Sociedad del Estado y queda “sujeta a privatización”

Se conoció este viernes 1 de febrero a través del Boletín Oficial. Los trabajadores están en estado de emergencia.
El gobierno dispuso la transformación de la Dirección Nacional de Fabricaciones Militares, la entidad que funciona en el ámbito del Ministerio de Defensa, en una sociedad del Estado.
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y lleva las firmas del Ejecutivo nacional Mauricio Macri, del jefe de Gabinete Marcos Peña y del ministro de Defensa, Oscar Aguad.
“Resulta conveniente avanzar en la concreción de un marco jurídico que posibilite la reorganización administrativa, contable y financiera de dicha Dirección General, con el propósito de facilitar su operación con un nivel de dinamismo, eficiencia y economicidad comparables con el resto de las empresas pertenecientes al sector privado con incidencia en el ámbito de la producción de materiales para la defensa y la seguridad”, sostiene el Ejecutivo en el decreto 104/2019.
De acuerdo con la norma, la nueva sociedad del Estado tendrá los siguientes objetivos: “Investigación y desarrollo de tecnologías, fabricación, industrialización, explotación y transporte, así como la comercialización de bienes y servicios en las áreas de seguridad, defensa, minería, industria química e industria metalmecánica”.
El Gobierno busca crear una reserva militar con 10 mil civiles. En ese marco se detalla que: “Podrá comprar, vender, permutar, importar o exportar dichos bienes y servicios, y realizar toda otra actividad que resulte necesaria para facilitar la consecución de su objeto”. Asimismo, el Gobierno ordenó transferir a la nueva entidad “el presupuesto, bienes muebles e inmuebles, marcas, registros, patentes y demás bienes inmateriales” que en la actualidad están en la Dirección General de Fabricaciones Militares.
Además, estableció un plazo de 180 días para iniciar las negociaciones de un Convenio Colectivo de Trabajo para su personal. “Durante el citado periodo, y hasta tanto entre en vigencia el nuevo convenio, los agentes conservarán las condiciones laborales de su actual vínculo”, se precisa en el escrito oficial.
También, facultó al Ministerio de Defensa “a ejecutar todos los actos previos que resulten necesarios para instrumentar la puesta en funcionamiento de Fabricaciones Militares Sociedad del Estado”. Se desprende además, como conclusión de la nueva disposición, que la cartera a cargo del ministro Aguad “deberá instrumentar la transformación que por este acto se propicia, de modo tal de no afectar la normal continuidad de las actividades industriales, comerciales y administrativas a cuyo efecto dictará las normas complementarias y adoptará las medidas que resulten necesarias”. A continuación, la decisión completa publicada en el Boletín Oficial.
Cuestionamiento de los trabajadores
Desde Río Tercero, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) reclaman no haber sido consultados en una decisión “unilateral”, que significa “un retroceso” en el derrotero de luchas obreras, y sostienen que “no hay buenas expectativas” en el futuro Convenio Colectivo de Trabajo que los regirá.
Damián Albornoz, secretario gremial del sindicato, dijo que se conocía la intención oficial, pero que “nos enteramos anoche”, con la publicación misma del decreto que modifica la condición actual de las fábricas, presentes también en Fray Luis Beltrán y Villa María.
“Esto es un retroceso si analizamos la historia de Fabricaciones Militares: que en los ‘90 luchamos por mantenerla abierta, hasta 2001 para evitar la privatización y después con la recuperación que significó el logro de 2014, con el paso a dejar de estar ‘sujeta a privatización’”, le confió a radio Universidad de Córdoba.
Albornoz dijo que esta es “una nueva etapa” y que están “analizando el estatuto”, el cual “deja cuestiones que nos hacen ruido”.
Y argumentó: “El texto no tiene nada que ver con el avance de establecer un director obrero en la Sociedad del Estado. Esta era una garantía a sostener por nosotros, con la idea de estar en la discusión de un plan estratégico”.
A su vez, fue tajante: “El cambio jurídico debería ser determinado por el Congreso, siguiendo el mismo camino”.