Los diputados y los senadores del peronismo vapulearon al director de Transformación Institucional, Diego Fleitas Ortiz de Rozas, y al director de Ingreso y Carrera, Federico Tassara, en la comisión Bicameral de Control de Organismos y Actividades de Seguridad Interior.
Ambos funcionarios responden a Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y debieron afrontar cuestionamientos de la oposición en el Congreso, en la comisión presidida por el misionero Enrique Martínez Göerling Lara.
Ortíz de Rozas pretendió que lo dispuesto por el decreto 383/25 está alcanzado por la delegación de facultades contenida en la Ley Bases. “Estas reformas se hicieron en el marco de la Ley Bases”, sostuvo, y agregó que “se buscó fortalecer un proceso de modernización, profesionalización, actualización de los textos normativos y resolver cuestiones de personal, estructura y carrera”.
Sin embargo, el funcionario admitió que la reforma de la Policía Federal Argentina fue “más en profundidad” con “potestades nuevas”. Y aunque justificó que la intención del gobierno fue “reproducir textos existentes en la ley vigente de la PFA, en el Código Procesal o potestades comunes a todas las policías”, los peronistas consignaron que el decreto “se extralimitó” con respecto a las facultades delegadas votadas el año pasado y vencidas recientemente.
El kirchnerista José Glinsky, vicepresidente de la comisión, sostuvo que “hubo una acción expresa de los diputados de quitar la emergencia en seguridad”. “Nosotros sostenemos que las reformas son ilegales porque están hechas bajo una extralimitación del Poder Ejecutivo”, precisó.
El argumento de los enviados de Bullrich fue que “las fuerzas federales se encuentran dentro de la administración” y, como entre las potestades transferidas por la Ley Bases se contaba la de reformar la administración pública, el gobierno estaba habilitado a sacar ese decreto.
Aún así, el diputado Juan Marino preguntó “por qué decidieron hacer esto por decreto y no mandar proyectos al Congreso”, una inquietud que retomaba el punto de vista de Glinsky, quien le reprochó al oficialismo la falta de consenso en los cambios.
La entrerriana Carolina Gaillard, por su parte, adelantó que desde este martes los diputados se encuentran en condiciones de tratar el decreto en recinto para rechazarlo. “Está viciado de inconstitucionalidad”, lanzó.
El encargado de defender la visión de la Casa Rosada fue el libertario Santiago Pauli, quien comparó sin ruborizarse los crímenes de la última dictadura con la cuarentena por el Covid19. “Me atrevo a dudar que ese consenso hubiera existido si se hubieran enviado proyectos”, contestó a los peronistas.
El jefe de la bancada de UP, Germán Martínez, advirtió que con este decreto el gobierno deja a las fuerzas de seguridad “en una situación de debilidad jurídica-institucional”. “Ustedes dicen que las vienen a fortalecer. Mentira, las debilitan”, aseveró, y concluyó: “están a tiro del rechazo por mayoría simple en cada una de las cámaras para que esto vuelva a la situación anterior”.
