El juez Marcelo Martínez De Giorgi notificó este lunes que no auxiliaría a la Comisión Libra con el envío de la fuerza pública para que los funcionarios del gobierno nacional comparezcan ante los legisladores, algo que los opositores tomaron como una “obstrucción” funcional al gobierno.
El presidente de ese cuerpo, Maximiliano Ferraro, explicó por X que el pedido de asistencia “se formuló ante una situación inédita, en la que los funcionarios se niegan a colaborar con esta Comisión Investigadora, a diferencia de lo ocurrido en otros antecedentes históricos en los que sí asistieron o colaboraron”, y aclaró: “no se trata de un pedido caprichoso, sino de una necesidad derivada de garantizar el cumplimiento efectivo de nuestras funciones”.
Durante la reunión de comisión de este martes, los diputados que impulsan el esclarecimiento de la estafa camuflaron su frustración por el revés político que les propinó Martínez de Giorgi. “La decisión del juez vacía de eficacia práctica al poder de contralor político y pretende subordinar las atribuciones del Congreso a la discrecionalidad judicial”, planteó Ferraro.
La intervención del juez se había solicitado porque ni el jefe de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, ni la ex responsable de la UTI, María Florencia Zicavo, lo mismo que sus pares de la UIF, Paul Starc, y la CNV, Roberto Silva, se presentaron ante las citaciones de los diputados. La definición del magistrado representó, además, un alivio provisorio para la Casa Rosada porque el objetivo principal, cuidadosamente preservado en esta ronda por la oposición, era el de llevar a Karina Milei al Congreso con un patrullero, si también se negaba a comparecer.
En efecto, la resolución de Martínez de Giorgi le dio oxígeno al bloque libertario, que anunció que no participaría del debate desde que se puso formalmente en funciones la comisión pero este martes hizo fila en los pasillos para entrar a la sala del Anexo como una tropa ordenada. Las 24 carillas refrendadas por el juez envalentonaron a la bancada de Gabriel Bornoroni y la encargada de criticar a sus adversarios fue la neuquina Nadia Márquez: “Lo que está sucediendo en esta comisión es un circo. ¿Qué vamos a hacer ahora con el patrullero que pedimos?”, lanzó.
La comisión Libra podrá citar a Karina y mandarla a buscar con un patrullero si se resiste
Márquez se dedicó a chocar con Ferraro y con la oposición pero enfatizó en los argumentos del juez para negarle ayuda a la comisión. De hecho, pidió permiso para leer el fallo: “No puede considerarse que la incomparencia se haya transformado en una obstrucción de la comisión, sino que está amparado en las garantías constitucionales”, repuso.
El pichettista Oscar Agost Carreño reivindicó la labor de la comisión aún cuando pareciera que se estancó o amesetó. “Venimos mandando muchos oficios”, dijo, y trató de moderar la discusión sobre la comparecencia de los testigos: “No hay antecedentes de ir a buscar con un patrullero a la persona citada, porque con la sola citación alcanzaba”.
Marino, Selva y Ferraro.
Frente a ese escenario, Sabrina Selva alertó que “hay muchos funcionarios que se están apoyando en estos dictámenes (por los de Martinez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano) para no tener que dar explicaciones”, mientras que el radical Fernando Carbajal cargó contra Martínez de Giorgi y Comodoro Py. “Comdoro Py, como siempre, se muestra muy permeable al poder. Está difícil el trabajo de la comisión porque siempre es difícil cuando tenés que investigar a los poderosos”, dijo el ex juez formoseño.
Con la misma tónica, Mónica Frade señaló que el magistrado “ha incurrido en un exceso de jurisdicción”. “Lo que no puede hacer es ingresar en la discusión del reglamento de otro poder. No puede avanzar sobre el Poder Legislativo”, remarcó.
El kirchnerista Rodolfo Tailhade fue más didáctico. “¿Qué sabe Martínez de Giorgi lo que yo le quiero preguntar a Melik?”, preguntó para demostrar que el testigo tiene que asistir y, si no quiere responder, puede ampararse en el artículo 18 de la Constitución.
Por eso puso como ejemplo la comparecencia de Aldo Tonon, el ex director de la Obra Social del Poder Judicial, durante la comisión de Juicio Político a los ministros de la Corte Suprema en 2023 y reconoció que el juez Ariel Lijo, en aquella ocasión, ponderó las facultades del Congreso.
Pese a la bronca de los legisladores, que Christian Castillo resumió como la “impugnación de la existencia misma de la comisión”, Ferraro y Juan Marino, autoridades de ese cuerpo legislativo, informaron que se enviará un escrito a Martínez de Giorgi para “tener acceso al expediente” reclamando copias de los documentos e informes que obran en la causa y que se reunirán con el procurador interino, Eduardo Casal. Además, apelarán la resolución del magistrado.
