El Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de Brasil, formó mayoría para procesar e iniciar el juicio formal a los primeros 100 seguidores del expresidente Jair Bolsonaro que participaron el 8 de enero del intento de golpe de Estado contra el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva mediante el asalto violento a la sede de los tres poderes, en Brasilia.
Seis de los diez jueces de la corte suprema votaron en forma electrónica a favor de procesar a los primeros 100 de los 1.390 denunciados por la fiscalía general por participar del asalto y destrucción del Palacio del Planalto, la sede del gobierno, el Congreso y la sede del Supremo Tribunal Federal a una semana de la asunción de Lula para pedir al Ejército dar un golpe y desconocer la elección de octubre.
La corte suprema de Brasil tiene 11 miembros pero la semana pasada se jubiló Ricardo Lewandowski.
Los primeros 100 procesados por el Supremo Tribunal Federal están acusados de una serie de delitos contra el estado de Derecho, entre ellos asociación ilícita armada
Es por eso que votaron hasta el momento a favor del procesamiento de los ultraderechistas el relator del caso, Aexandre de Moraes, y los jueces supremos Luís Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Edson Fachin y Cármen Lúcia.
Todavía faltan que presenten sus votos hasta el lunes los jueces André Mendonça, Nunes Marques, Rosa Weber y Luiz Fux.
Mendonça y Nunes Marques son bolsonaristas que fueron designados por el expresidente, quien está incluido en la investigación aunque no está denunciado ni imputado.
Por este caso está preso el ex ministro de Justicia de Bolsonaro, Anderson Torrres, quien en el momento de la intentona era el secretario de Seguridad de Brasilia: está acusado de ordenar a la policía permitir el avance de los golpistas.
La fiscalía denunció a 1390 personas por los actos antidemocráticos, 239 en el núcleo de ejecutores, 1.150 en el núcleo de incitadores y una persona en el núcleo que investiga supuesta omisión de agentes públicos
El día del ataque -un hecho inédito en Brasil desde el fin de la dictadura militar en 1985- Torres había dejado la capital para ir a Orlando, Estados Unidos, a reunirse con Bolsonaro.
Los primeros 100 procesados por el Supremo Tribunal Federal están acusados de una serie de delitos contra el estado de Derecho, entre ellos asociación ilícita armada, abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, y daños al patrimonio del Gobierno federal.
La fiscalía denunció a 1390 personas por los actos antidemocráticos, 239 en el núcleo de ejecutores, 1.150 en el núcleo de incitadores y una persona en el núcleo que investiga supuesta omisión de agentes públicos.
La Policía Federal continúa realizando allanamientos y detenciones en la operación “Lesa Patria” para saber quiénes financiaron a los miles de bolsonaristas que acamparon desde octubre a enero frente a las sedes del Ejército en todo el país para desconocer la victoria de Lula en las elecciones en las que impidió la reelección de Bolsonaro, en octubre de 2022.
Las pérdidas materiales fueron presupuestadas en 5 millones de dólares.
El juez Moraes defendió la competencia de la corte para juzgar el ataque por estar vinculadas a otras causas en las cuales están siendo imputados legisladores bolsonaristas, con fueros, cuyos casos no pueden ser tomados por la justicia de primera instancia.
El procesamiento ocurre luego del escándalo provocado el miércoles por la renuncia del ministro del Gabinete de Seguridad Institucional de Lula, el general retirado Marco Gonçalves Dias, quien apareció en imágenes difundidas con edición por el canal de noticias CNN Brasil, convertido en el medio preferido por Bolsonaro para hacer anuncios como expresidente, dentro del Palacio del Planalto a las 16.30 del 8 de enero.
Según fuentes del Partido de los Trabajadores (PT), la formación de Lula, el general retirado le había negado al presidente una serie de imágenes, afirmando que habían desaparecido, en las que se lo veía pasar a su lado a los vándalos dentro del Planalto sin que él actuara.
El general retirado, hombre de confianza de Lula hace dos décadas, negó estar vinculado a los golpistas. En las imágenes aparecen militares del Gabinete de Seguridad Institucional, remanentes de la gestión Bolsonaro, dando agua y conversando con los golpistas.
Gonçalves era el único militar en el gabinete de Lula y ahora fue reemplazado por el viceministro de Justicia, Ricardo Cappelli, quien tras el 8 de enero fue el interventor de la policía de Brasilia durante un mes.
En ese marco, el bolsonarismo intentó usar el episodio para aumentar la ‘fake news’ de que el intento de golpe de Estado fue hecho por “infiltrados del PT”.
“Esto tiene pinta de conspiración”, aseguró el senador ultraderechista Ciro Nogueira, exjefe de gabinete de Bolsonaro.
La caída de Gonçalves está siendo interpretada como una traición interna con varias aristas, entre ellas la intención de convocar a una comisión investigadora en el Congreso reclamada por el bolsonarismo para erosionar el Gobierno de Lula.
Tras el episodio, los jefes parlamentarios del lulismo en el Congreso adhirieron a la comisión investigadora.
El intento del golpe de Estado de enero llevó a Lula a descabezar a la cúpula del Ejército que había sido nombrada una semana antes por negarse a reprimir a los ultraderechistas que acampaban en sus instalaciones pidiendo desconocer las elecciones.
El caso también abrió la puerta para desmilitarizar la GSI, encargada de la seguridad presidencial y un poder que tenía el Ejército en el ámbito del Palacio del Planalto, como reclaman varios dirigentes.
La revelación de las imágenes ocurrió el Día del Ejército, cuando Lula estaba en un acto conmemorativo con las Fuerzas Armadas.
Allí, el jefe del Ejército, general Tomás Paiva, condenó la “politización de las Fuerzas Armadas” y defendió la legalidad y el apego a la Constitución.
