Una Comisión del Congreso de Perú aceptó este jueves tramitar la imputación de la fiscalía contra el presidente Pedro Castillo, a quien investiga por supuesta corrupción y pide separar temporalmente del cargo, y la conducción del cuerpo rechazó, además, la “cuestión de confianza” planteada por el Gobierno para derogar una ley de reforma constitucional .
“Hoy, en la sesión de la Comisión Permanente, se admitió a trámite la denuncia constitucional de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo”, anunció el jefe del Congreso, José Williams.
Esa comisión le dio a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales 15 días para que presente “su informe final” sobre la denuncia de la fiscal general que pide separar temporalmente a Castillo de la presidencia mientras avanzan las indagaciones en su contra.
La decisión es apenas un paso formal pero abre las puertas al inicio de un proceso de juicio político que puede culminar en el pleno del Congreso si la Comisión Permanente aprueba el informe.
La tesis de la fiscalía es que el mandatario dirige una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político. Esta fue la denuncia que motivó que Castillo considerara que había una suerte de golpe de estado en marcha en su contra y pidiera por eso a la OEA la activación de la Carta Democrática Interamericana.
Según Castillo, no puede ser investigado hasta el final del mandato, en julio de 2026.
Hoy, en la sesión de la Comisión Permanente, se admitió a trámite la denuncia constitucional de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo, por lo que la SAC tendrá 15 días para presentar su informe final. pic.twitter.com/f5te6744qI
— José Williams Zapata (@Gral_Williams) November 24, 2022
La OEA respondió con el envío de una misión de alto nivel, que estuvo en Lima esta semana y se reunió con autoridades y opositores para tomar el pulso a la pugna entre poderes.
Ante los diplomáticos, Benavides defendió su denuncia y aseguró que es “falso” que actúe motivada por asuntos políticos o que sea parte de una “estrategia de ruptura del orden democrático”.
La fiscal general precisó que lo presentado contiene 190 “elementos de convicción sobre la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el Poder Ejecutivo”, producto de una investigación preliminar autorizada por el Tribunal Supremo de Perú, reportó la agencia de noticias Europa Press.
La decisión de la Comisión Permanente se produjo casi en simultáneo con su negativa a debatir otra denuncia contra Castillo, en este caso por traición a la Patria, luego que el Tribunal Constitucional acogiera un habeas corpus de la defensa del presidente.
Pero, además, la mesa directiva del Congreso, compuesta por el presidente del parlamento y tres vicepresidentes, rechazó la “cuestión de confianza” (pedido expreso de respaldo) planteada por el Gobierno para derogar una ley de reforma constitucional.
“El presidente del Congreso, José Williams, comunicó que se rechaza de plano la cuestión de confianza planteada por el presidente del Consejo de Ministros por tratarse de materias prohibidas para el planteamiento de dicho tema”, informó el Congreso en su cuenta de Twitter.
Presidente del Congreso, @Gral_Williams: “Teniendo en cuenta que el planteamiento del titular del Consejo de Ministros interfiere en las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso, por mayoría, la Mesa Directiva decidió rechazar de plano la cuestión de confianza”. pic.twitter.com/rQaQzvF9Aj
— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) November 24, 2022
El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, pretendía derogar la Ley N° 31399, que establece que toda iniciativa de reforma constitucional que se someta a un referendo debe pasar antes por el legislativo.
Torres consideró que esa normativa es una ley “antireferendo”, por lo que su proyecto de ley “restablece la participación política del pueblo”, informó el diario local El Comercio.
La Ley 31399 fue promulgada en enero de este año, por la entonces presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, del partido opositor Acción Popular (centroderecha).
Esta norma modifica los artículos 40 y 44 de la Ley 26300, y en ella se establece que cualquier reforma constitucional debe ser aprobada primero por la mayoría absoluta del Congreso antes de pasar a un referéndum.
Y en la lista de sinsabores para Castillo se anotó también una denuncia en su contra y contra sus ministros por presuntamente haber infringido varios artículos de la Constitución al proponer justamente una reforma que permita someter a referendo cuestiones de gran importancia.
Esta nueva denuncia fue presentada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por la asociación civil Movimiento Integridad, que sostiene que el Gobierno habría incumplido varios artículos constitucionales, informó el diario La República.
Según la organización, el primer ministro, Aníbal Torres Vásquez, actuó “inconstitucionalmente” al presentarse en el hemiciclo del Parlamento planteando una moción de confianza al Congreso -la rechazada este jueves- para aprobar un proyecto de ley que reemplace a la actual ley que limita el referendo.
Asimismo, Movimiento Integridad argumentó que la aprobación y derogación de dicha ley “es competencia exclusiva y excluyente” del Congreso, y no del Gobierno.
Castillo, en el poder desde junio del año pasado, mantiene un enfrentamiento casi permanente con el Congreso, dominado por fuerzas opositoras de derecha, y ya debió enfrentar dos intentos de destitución.
