El fiscal que acusa al ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque por una extorsión contra dos agentes bursátiles dijo que el motivo de esa maniobra tenía que ver con la aseguradora San Cristóbal. Era impedir que una de las víctimas compitiera para presidir la empresa, con sede en Rosario, a partir del descrédito generado por una causa penal.
Los querellantes de Claudio Iglesias, el financista que sufrió la extorsión, pidieron por ese daño moral y perjuicios una reparación de 2000 millones de pesos. Fue en la audiencia donde se solicitó elevar a juicio oral el caso que compromete a Bailaque junto a otras tres personas: el ex director regional de la AFIP en Rosario Carlos Vaudagna, el financista Fernando Whpei y el escribano santafesino Santiago Busaniche, conocido como lobista de la Justicia Federal en Comodoro Py.
El trámite para llegar a juicio oral viene más lento que un río de mermelada. El miércoles próximo la camarista Elida Vidal anunciará si el juicio contra los cuatro aludidos se celebra y la fecha. La novedad de este viernes fue que Bailaque pidió la palabra.
Fue para rechazar que su esposa, una funcionaria de la Justicia de Santa Fe, tenga algo que ver con las maniobras de lavado de dinero que se le adjudican tanto a él como a ella, con la compra de un terreno en un barrio privado cuyo desarrollador, según los fiscales, tenía una causa penal abierta en el juzgado federal que él gestionaba.
Bailaque ahora denuncia a su contador, que se declaró arrepentido
El fiscal federal Juan Argibay Molina, de la Procuración de Lavado de Activos (Procelac), les atribuyó a los cuatro imputados haber gestado durante cinco años una serie de actos coordinados que implicaron la utilización de las facultades del Poder Judicial de la Nación y de la ex AFIP para iniciar causas penales contra los los empresarios Claudio Iglesias y Jorge Oneto. Sostuvo que realizaron irregularmente cinco allanamientos en domicilios vinculados a ellos. El objetivo fue “dañar la reputación de Iglesias, perturbar su ejercicio de cargos directivos en diferentes empresas de Grupo San Cristóbal”.
Dijo además el fiscal que Bailaque y Whpei, en conocimiento de Vaudagna, le exigieron 200 mil dólares a Iglesias para no perjudicarlo en la causa penal y en la fiscalización de AFI. “Como consecuencia de esas presiones, Iglesias les entregó un total de 160 mil dólares entre octubre de 2019 y marzo de 2022. La decisión de orquestar la causa contra iglesia fue motorizada por Santiago Busaniche, quien le transmitió al entonces juez Marcelo Bailaque en agosto de 2019 los detalles del plan”, señaló.
Lo que hicieron -dijo el fiscal- fue acordar que se recibiría una denuncia anónima en la sede de la AFIP sobre lavado de activos del narcotráfico de parte de Iglesias y que Vaudagna la presentaría ante la Justicia cuando estuviera de turno el juzgado de Bailaque. “Para potenciar el efecto de la denuncia, decidieron involucrar también a Jorge Oneto, socio de Iglesias, quien había estado imputado en una investigación provincial de gran repercusión mediática conocida como la megacausa”, afirmó.
El fiscal estableció que el pago de la extorsión concretado por Iglesias en cinco encuentros en la oficina de Whpei fue para frenar la causa penal “que ellos mismos habían contribuido a armar”, en relación a los acusados.
El fiscal dijo que Busaniche le pidió a Vaudagna con mensajes de whatsapp que aportara a la causa a la causa judicial información sobre Iglesias y Oneto, que le permitiera al entonces juez Bailaque dictar órdenes de allanamiento sobre los domicilios vinculados a iglesias. También que se reuniera con Bailaque y que le insistiera en que esos allanamientos debían realizarse antes del 1º de noviembre de 2019. El 30 de octubre de 2019, Vaudagna se reunió con Bailaque en su despacho, en el juzgado. El 31 de octubre, Bailaque libró las órdenes de allanamiento sobre su domicilio, el de sus oficinas y la casa de su madre.
También fue acusado Bailaque por el cobro de alquileres de un inmueble de su propiedad en Caleta Olivia, en Santa Cruz, donde el ex magistrado trabajó en la Justicia provincial hace más de veinte años. Lo hacía, según el fiscal, a través de una mutual relacionada al empresario Fernando Whpei. Al detallar la atribución, el fiscal Argibay Molina expuso que Bailaque recibió $5.719.194 en pagos mensuales efectuados por Whpei con la intervención de Siempre Joven Asociación Mutual a la que controlaba, desde enero de 2019 hasta enero de 2025. La recepción del dinero se enmascaró mediante un contrato de locación del inmueble que según aceptó el juez. “Con esas conductas el juez incumplió la prohibición de aceptar dádivas”, dijo el fiscal.
La tercera imputación fue la que motivó que un día después Bailaque pidiera la palabra. El fiscal acusó a Bailaque de comprar un terreno en el barrio exclusivo Vida en Funes, pagando 70 mil dólares en 2021 a una empresa constructora que tenía una denuncia por evasión en el juzgado del ex magistrado, quien luego ordenó la prescripción de la causa. El gerente de la constructora tuvo en dos ocasiones conversaciones con Bailaque según las constancias extraídas de su teléfono. El empresario se llevó de la oficina del juez 35 mil dólares que le entregaron como primera cuota de la parcela comprada. Esto configura un delito presunto de lavado de activos.
En esta situación el juez Bailaque se manifestara en la audiencia este viernes. Lo hizo durante tres minutos apenas para decir que su mujer era completamente ajena a cualquier acto irregular. Lo que hizo en esa aclaración fue reconocer que se reunió en su juzgado con el gerente de la desarrolladora y que su esposa aportó 35 mil dólares de sus ingresos lícitos para la compra del terreno. Lo que en los pasillos de la audiencia, señalaban, implica en parte reconocer los hechos imputados.
Las defensas tienen un planteo muy fuerte de desconocer el tipo de trámite en que se ventilan estos hechos. Indican que estos ocurrieron a partir de 2019 según los mismos fiscales y que por entonces regía el sistema escrito de enjuiciamiento, por lo que corresponde juzgar los hechos en ese sistema, y no en el modelo acusatorio que rige desde 2024.
Bailaque le pagó en su despacho 35 mil dólares a un empresario que tenía que investigar
Los fiscales replican, hasta ahora con convalidación de instancias superiores, que las denuncias de estos hechos recién se formularon en 2024, cuando ya estaba en vigencia el modelo de juicio en audiencias orales y públicas, por lo que no hay contradicción. Según Claudio Puccinelli, defensor de Bailaque, no se debería celebrar el juicio antes de que la Corte Suprema de la Nación dirima qué sistema de juicio debe prevalecer. “Se corre el riesgo de otro modo de que se anule el juicio”, sostuvo.
El contador de Bailaque aceptó ser arrepentido y hundió al ex juez
Los querellantes Oscar Romera y Juan Murray solicitaron en representación de Iglesias y Oneto una indemnización contra los empresarios de 1500 millones de pesos en el primer caso y de 500 millones de pesos en el segundo. Romera le dijo a LPO que habían barajado iniciar una demanda contra el Estado nacional ya que para perjudicar a sus clientes fue necesario el concurso de dos altos funcionarios del Estado.
“Desistimos de ir por ese camino porque entendemos que el contribuyente no debe cargar con el peso de las malas acciones de dos funcionarios públicos”, sostuvo el abogado. Por lo que la demanda se focaliza en los acusados.
El miércoles a las 9 la camarista Vidal dará a conocer si habrá juicio oral y público por estos hechos y en qué fecha.
