El jefe de los fiscales de Rosario hasta 2020, Patricio Serjal, empezó a ser juzgado por un hecho de corrupción institucional. Es por haber recibido durante dos años sobornos del empresario del juego ilegal Leonardo Peiti que manejaba 200 casinos ilegales, en conexión con actores de la política para garantizar el funcionamiento del negocio. También acusan a Serjal por haber desalentado o directamente bloqueado investigaciones hacia el capitalista de juego. Para el ex fiscal piden doce años de prisión.
Serjal era fiscal regional de Rosario y para 2020, cuando forzado por este escándalo renunció a su cargo, manejaba un plantel de 60 fiscales. Está imputado de ser organizador de una asociación ilícita, de cohecho agravado, peculado y omisión de persecución. Al empleado Nelson Ugolini le atribuyen ser integrante de este grupo y le solicitan cinco años de pena. El empresario Peiti ya aceptó una condena en un juicio abreviado también como organizador pero ahora, que ya cumplió su pena, anunció que declarará haber reconocido su culpa bajo presión para evitar una sentencia más dura.
A esto le prestó este lunes especial atención los defensores de Serjal, Renzo Biga e Ignacio Carbone. Lograron que citaran como testigos a los fiscales Miguel Moreno y Pablo Socca. Estos son quienes hace dos años dijeron que el fiscal Matías Edery, uno de los fiscales que investigó a Serjal por corrupción, había actuado de manera irregular en diferentes causas protegiendo a una testigo que cometía delitos pero de la que recibía información. Esta mujer se llama Mariana Ortigala y actualmente está presa.
La pesquisa que investiga a Serjal también involucra como parte del grupo delictivo al senador provincial peronista Armando Traferri. El histórico legislador no pudo ser imputado junto a Serjal porque durante casi cuatro años resistió comparecer hasta octubre de 2024. Pero Traferri dice que esta causa es una construcción de sus antiguos fiscales. Peiti reconoce, incluso en una nota a LPO, haberle aportado a Traferri 200 mil dólares.
El tribunal integrado por los jueces Nicolás Foppiani, Facundo Becerra y Hebe Marcogliese aceptaron sean citadas las fiscales María Laura Urquiza y Bárbara Ilera que investigan a Edery. Según dijo el juez Foppiani es porque las denuncias de direccionamiento de la causa lo ameritan. También admitió como testigo al fiscal Federico Rébola.
La historia
El caso también involucra al ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, que reconoció haber cobrado coimas de Peiti para desistir de investigarlo, y reportar esos fondos a Serjal. Ese dinero también llegaba a la política. En octubre pasado el senador provincial Armando Traferri fue finalmente imputado como jefe de la organización.
Armando Traferri
Los fiscales José Luis Caterina y Marisol Fabbro sabían de antemano que las defensas iban a jugar fuerte para intentar derrumbar el juicio. Los defensores de Serjal dijeron que los iniciales fiscales de la causa, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, montaron una estrategia para presionar al empresario Peiti con una condena más severa si no involucraba a Serjal. También señalaron que con ese propósito fueron funcionales a las directivas del entonces ministro de Seguridad Marcelo Sain, en tiempos de Omar Perotti, lo que consideran una intromisión inaceptable en la actividad de la fiscalía.
Este lunes en el juicio lo volvieron a decir. Apuntaron sobre todo contra Edery, fiscal que actuó en los casos de violencia institucional durante los años más duros en Rosario, y fue apartado luego de que dos colegas, precisamente los fiscales Moreno y Socca, señalaran en una audiencia que protegía a una testigo colaboradora que era testaferro de Los Monos.
Esta mujer es Mariana Ortigala y fue muy aludida en la audiencia. los defensores de Serjal pidieron que se expongan en el juicio las extracciones de dos de sus teléfonos. Según ellos eso demostrará que la causa contra Peiti fue amañada, que lo amenazaron con una condena severa y que ante eso él aceptó incriminar a Serjal y a Traferri. Y recibió tres años de prisión y se fue libre a dos meses de dictada la condena.
Mariana Ortigala y su hermano Rodrigo Ortigala, personas ligadas al delito de estafas con vehículos, le alquilaban a Peiti un departamento en un edificio de su propiedad y lo extorsionaban. Lo que dicen los abogados de Serjal es que Mariana le entregó a Peiti a los fiscales Edery y Schiappa Pietra y que desde allí empezó una investigación direccionada. A cambio, indican los defensores, al menos Edery no investigó a esta mujer por sus delitos.
Los fiscales Marisol Fabbro y José Luis Caterina
Según los fiscales que actúan en este juicio, José Luis Caterina y Marisol Fabbro, esa formulación no tiene sustento. Caterina dijo que la declaración del capitalista de juego Peiti fue propuesta por el abogado de este que era Luis Rossini quien ya falleció al ex fiscal general Jorge Baclini. También remarcan que la causa que tiene a Peiti y que lleva a los sobornos de Serjal y también a la implicación del senador Traferri ni siquiera es de Rosario. Viene de la ciudad de Melincué, en el sur santafesino, y su impulsor fue Matías Merlo. Quien es hoy es el fiscal regional de Rosario que reemplaza a Serjal.
El argumento de la defensa de Serjal es que llegaron a él por una investigación con prueba obtenida de manera ilegítima y merced a una manipulación. La fiscalía rechaza tal cosa. Y exhibe la abundancia de evidencia que muestra cómo Serjal a través de su secretario el ya condenado fiscal Ponce Asahad rehusaba investigar toda causa que tuviera que ver con Peiti y daba órdenes a fiscales subordinados a desistir de los trámites en los que aparecía el capitalista de juego.
Serjal y Ugolini están imputados por conformar una asociación ilícita con Ponce Asahad, Peiti, Maximiliano “Cachete” Díaz que es un pistolero de la banda de Los Monos y el ex comisario mayor Alejandro Torrisi, quien era cobrador del sistema de casinos y ya está condenado en juicio abreviado. La asociación era para usufructuar la recaudación generada por una red de casinos y apuestas por medios electrónicos ilegales. La asociación se prolongó a partir del 24 de abril de 2017, fecha en la que se constató el primer contacto telefónico entre Traferri y Peiti, en la causa de Melincué.
Los defensores pidieron que quede prescripta la causa judicial contra el empleado judicial Ugolini. El tribunal replicó que definirá más adelante. Ugolini era el encargado de mantener contacto con distintos actores del grupo ilícito y pasar información de la fiscalía.
En la causa contra Peiti impulsada por el fiscal Merlo se advierte en 2017 una fluidez en una relación que según los fiscales no es común entre un senador, ciertas figuras de la política y un empresario que es el principal capitalista de juego clandestino en la provincia. Tanto Ponce Asahad como Serjal borraron sus conversaciones con Traferri. También la información del contacto de whatsapp. No obstante eso pudo ser recuperado de sus teléfonos.
