Los senadores del peronismo, el radicalismo, los bloques que responden a los gobernadores y la larretista Guadalupe Tagliaferri le dieron este jueves media sanción al proyecto que modifica la Ley de DNU. La iniciativa cosechó 56 votos por la afirmativa, 8 negativos y dos abstenciones, configurando otra paliza parlamentaria para Javier Milei.
Ahora el proyecto podrá ser tratado en la Cámara de Diputados y, si obtuviera su sanción definitiva, el Congreso terminaría arrebatando al Presidente la herramienta para gobernar eludiendo el trámite legislativo, como intentó hacer a lo largo de su mandato.
El expediente apunta a cambiar el articulado de la Ley 26122, que fue impulsada por Cristina Kirchner en sus tiempos como senadora y estableció desde 2006 que para rechazar un decreto hace falta la impugnación por parte de ambas cámaras, un requisito tan difícil de alcanzar que desde que asumió Milei sólo se logró ante el DNU del aumento de los fondos reservados para la SIDE.
La oposición llegó al recinto con un dictamen unificado, después de un acuerdo tejido en la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por la cordobesa Alejandra Vigo. El salteño Juan Carlos Romero intentó introducirle modificaciones al proyecto en debate, con el propósito de morigerar el impacto para la Casa Rosada, pero ni siquiera consiguió el apoyo de sus compañeros de bloque, la propia Vigo y el correntino Carlos “Camau” Espínola.
Milei consiguió aprobar el DNU del FMI con el apoyo clave de Llaryora, Jaldo y Pichetto
Una senadora experimentada leyó esa fractura del trío que supo colaborar con los libertarios en sobradas ocasiones el saldo del destrato de Balcarce 50 y las heridas que dejaron los cierres de listas. Espínola terminó cerca del gobernador Gustavo Valdés, enfrentado en su provincia a Lisandro Almirón, el hombre de Karina Milei que salió cuarto cómodo en los comicios del domingo pasado. Vigo, en tanto, es esposa de Juan Carlos Schiaretti, candidato a diputado nacional y punto de articulación de los gobernadores del Grito Federal.
Como sea, el proyecto votado agrega el artículo 1° bis a la Ley 26.122, donde estipula que los decretos de necesidad y urgencia “deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente por el Congreso de la Nación”. El objetivo sería evitar abusos como el del DNU 70/23, rechazado por el Senado pero vigente todavía porque no lo voltearon los diputados.
Blanco, Abad, Vischi.
Además, establece un cambio en el artículo 22 para que un decreto se considere aprobado “cuando así lo dispongan expresamente ambas Cámaras por la mayoría absoluta de los presentes, en un plazo de 90 días corridos, contados desde su publicación en el Boletín Oficial”. Tras la ley elaborada por Cristina, bastaba el voto mayoritario de una sola cámara para ratificar el decreto.
Por último, el proyecto con media sanción deja sentado que “el rechazo del decreto por una de las Cámaras del Congreso de la Nación, o el vencimiento del plazo previsto en el artículo 22°, implicará su derogación”.
La peronista riojana Florencia López reivindicó la iniciativa en debate porque repone el funcionamiento de “los pesos y contrapesos”. “Queremos reivindicar facultades que son propias del Congreso, queremos que se ejerza la división de poderes”, expresó.
El radical Maximiliano Abad se pronunció en sentido similar. “La reforma que impulsamos es un paso esencial para normalizar la relación entre los poderes de la república, porque recupera el carácter excepcional de los DNU, tal como establece el artículo 99 de la Constitución Nacional”. También dijo: “es una anomalía jurídica que la excepción sea la regla: los DNU pasaron de ser una vía extraordinaria a convertirse en el manual de uso cotidiano”.
