El recuerdo del atentado de Atocha exhibe la grieta española | España sigue dividida veinte años después del ataque yihadista

Desde Sevilla

No hubo un acto, sino cuatro. España celebró este 11 de marzo el vigésimo aniversario del atentado yihadista de Atocha atravesada por una grieta abierta en aquella ocasión y que el tiempo, lejos de atenuar, ha profundizado.

Por la mañana, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ambos del Partido Popular, presidieron el acto organizado por el gobierno autónomo, al que no asistió ningún representante de la oposición de izquierda. Posteriormente, hubo dos conmemoraciones de las organizaciones de víctimas: una promovida por la Asociación 11M Afectados del Terrorismo con el apoyo de los sindicatos de clase y la Unión de Actores y Actrices; la otra, promovida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que integra principalmente a víctimas de ETA, a la que asistieron representantes del Partido Popular y Vox. La jornada se cerró con la conmemoración del ‘Día Europeo en recuerdo a las Víctimas del Terrorismo”, organizada por el Gobierno de España y la Comisión Europea con las asistencia de los reyes, Pedro Sánchez y la presidenta de la Comisión, la conservadora alemana Ursula Von del Leyen.

La celebración de dos actos oficiales diferentes y de otros dos organizados por las asociaciones de víctimas puso de manifiesto que la brecha abierta tras los atentados está lejos de cerrarse. El atentado del 11 de marzo de 2004, tuvo lugar en hora pico. Los terroristas colocaron diez bombas con temporizadores en cuatro trenes suburbanos con destino a la estación de Atocha que iban cargados de pasajeros, la mayoría trabajadores que viajaban rumbo a sus puestos de trabajo. No sólo se recuerda por ser la más sangrienta operación terrorista en la historia moderna de Europa, con 192 muertos y 2.062 heridos, muchos de ellos con lesiones de por vida. También supuso un hito en la política española que ahondó una división que el tiempo no ha hecho más que profundizar.

El origen de esta grieta se remonta a la ruptura, durante el gobierno del conservador José María Aznar, de uno de los consensos más arraigados hasta entonces en España desde la Transición: su vocación europeísta y el alineamiento con el eje franco-alemán. Aznar ganó sus primeras elecciones en 1996 pero no fue hasta obtener la mayoría absoluta cuatro años después, y coincidiendo con el acceso de George Bush hijo a la presidencia de Estados Unidos, cuando decidió dar un golpe de timón y alinearse claramente con el eje atlantista británico-estadounidense. Este giro tuvo como una de sus principales consecuencias el apoyo español a la invasión de Irak y, en oposición, el nacimiento en España de un poderoso movimiento social de rechazo a la guerra.

Los atentados, perpetrados tres días antes de las elecciones generales del 14 de marzo de 2004 en las que el PP se veía ganador, potenciaron ese rechazo, que el gobierno de Aznar intentó neutralizar adjudicando la autoría a ETA aun cuando ya había pruebas e indicios que apuntaban indudablemente hacia el terrorismo yihadista. Los medios de comunicación sufrieron presiones del gobierno para que no dieran por hecha una tesis que con el correr de las horas y de los días ganaba fuerza y a la que las fuentes policiales consideraban la única verosímil.

En aquellos momentos, el equipo de Aznar tenía el convencimiento de que si la autoría era de la organización terrorista vasca, el PP saldría fortalecido electoralmente, pero si se demostraba que era Al Qaeda la que estaba tras la masacre, el PSOE podía alzarse con la victoria, como finalmente sucedió.

Aznar, a quien desde los partidos de izquierda se le ha vuelto a exigir en este vigésimo aniversario que pida perdón por sus mentiras, insiste todavía en que nunca llegó a manos de su gobierno ningún documento oficial que descartase definitivamente la autoría etarra y afirmara sin dudas la responsabilidad yihadista.

El triunfo electoral del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, lejos de aplacar los ánimos, disparó la división que se prolonga hasta nuestros días. El Partido Popular consideró ilegítimo el resultado por las movilizaciones organizadas para rodear sus sedes en reclamo de la verdad, incluso en la jornada de reflexión, y sobre todo por entender que los yihadistas habían perpetrado la matanza para torcer la voluntad democrática del pueblo español.

Tras los atentados de Atocha, la policía española, entrenada en el combate a ETA, consiguió un gran éxito al esclarecer el atentado. La mayor parte de los autores materiales se inmolaron un mes después al hacer estallar el departamento en el que se escondían en el municipio madrileño de Leganés cuando éste fue cercado por los grupos de asalto de la policía. En el juicio, celebrado bajo un tribunal presidido por el juez conservador Javier Gómez Bermúdez, se llegó hasta los últimos detalles, con una condena a una veintena de implicados, incluidos los mineros que habían vendido la dinamita con la que se realizaron los atentados. Sin embargo esto no fue suficiente para convencer a quienes no quería convencerse.

Ya por entonces se había comenzado a dar alas en algunos medios conservadores a la teoría de una supuesta conspiración para apartar al PP del poder que poco tiene que envidiar a la alentada dos décadas después por Donald Trump sobre un supuesto fraude electoral en Estados Unidos. En esa operación, según esta teoría, habrían participado, además de ETA, los servicios secretos marroquíes con supuestos lazos con dirigentes socialistas.

La lucha por imponer este relato delirante fue feroz sobre todo entre los medios de comunicación conservadores. Los que no se sumaron a la tesis conspiranoica fueron atacados con dureza y acusados de traidores. El juez Bermúdez, que aspiraba a un puesto en el Tribunal Supremo, fue apartado por sus compañeros bajo la misma acusación y hoy trabaja en el sector privado.

La grieta también atravesó a las víctimas. Los comunicadores ultraconservadores hostigaron a las asociaciones que representaban a los afectados por el atentado yihadista, a quienes negaron representatividad por no subordinarse a los colectivos dirigidos por víctimas de ETA. Esa división también se prolonga hasta la actualidad.

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