El principal sospechoso de haber cometido en los últimos dos meses al menos 30 amenazas de bomba contra la Casa de Gobierno, estaciones de trenes y subtes porteños, el búnker de Unión por la Patria y despachos de jueces y funcionarios, se negó a declarar ante la Justicia y permanecerá detenido, aunque las otras dos personas que habían sido apresadas como presuntos integrantes de la misma organización negaron tener vínculos con los hechos y fueron liberados.
Fuentes judiciales confirmaron a Télam que Facundo Maximiliano Martínez Radaeli (18), hijo de un sargento retirado de la policía bonaerense y hermano de una integrante de la Policía de la Ciudad, se negó a declarar ante el juez Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 10, Julián Ercolini, a pesar de que al momento de haber sido detenido le había confesado a los policías que había concretado las amenazas porque estaba “peleado con el sistema”.
Ante los policías, Martínez Radaeli, quien tiene antecedentes por estafas y cuyo padre policía retirado tiene en su contra denuncias por violencia, dijo que pertenecía a la llamada “Mafia del Hentai”, en alusión a un animé japonés XXX.
Ercolini le imputó el delito de “amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas, agravadas por haber sido anónimas e intimidación pública”, entre otros, y tras la indagatoria, rechazó un pedido de excarcelación presentado por la defensa, por lo que Martínez Radaeli permanecerá detenido.
En tanto, los otros dos hombres detenidos en el marco de la causa, Matías Manuel Danko y Leandro González, aceptaron declarar en sus indagatorias ante el juez, pero dijeron que nada tenían que ver con las amenazas.
Danko y González admitieron que habían vendido las líneas T-Phone de telefonía móvil digital de la empresa Telecentro utilizadas para hacer las amenazas de bomba, aunque negaron tener relación con Martínez Radaeli.
Tras las indagatorias, recuperaron la libertad por decisión del juez Ercolini, quien les dictó la falta de méritos.
Las detenciones de los tres imputados se habían concretado el pasado jueves tras una serie de allanamientos realizados en domicilios del conurbano bonaerense por efectivos de la División Delitos Constitucionales de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA).
La pesquisa se inició el día de las elecciones del pasado 22 de octubre, cuando en la línea de emergencias 911 se recibieron amenazas que alertaban sobre la presencia de explosivos en la Casa Rosada, en el Congreso Nacional, en la Cámara Nacional Electoral y en el búnker de Massa, en el Complejo C de Chacarita, entre otros sitios.
“Somos un grupo terrorista y pusimos una bomba en la sede de Massa (…) en el edificio de la dirección de Corrientes y Dorrego, Chacarita, Complejo C”, se escucha decir a un hombre en el audio de la llamada al 911 -al que accedió Télam-, donde la persona indica que el supuesto artefacto había sido colocado “hace 15 minutos y tardaría media hora” en estallar.
En tanto, en otra llamada intimidatoria atendida también por un operador del 911, una persona que identificó como “Rodrigo Teniente”, manifestó: “Lo único que te digo es que hay una bomba en la sala presidencial y que explota en los próximos minutos”.
También en otra amenaza del mismo tenor, un tal “Martín coronel” alertó al operador del 911 sobre la presencia de un explosivo en “los andenes, el número 3 y 5” de la estación de trenes de Constitución.
Tras esas intimidaciones y otras, se inició una causa ante el juzgado de Lijo, que estaba de turno, quien dio intervención a los pesquisas de Delitos Constitucionales la PFA para que comenzaran a analizar las comunicaciones, con la colaboración de personal especializado de áreas de Antiterrorismo y Cibercrimen.
Pero a los tres días de iniciada esa investigación, el propio magistrado recibió una amenaza en su despacho, por lo que denunció el hecho ante su colega Ercolini, que quedó al mando de esa pesquisa, a la que sumó otras causas por amenazas similares en los días previos, detallaron los informantes consultados por esta agencia.
Los detectives expertos en comunicaciones de la PFA lograron establecer que las amenazas habían sido realizadas a través de varias líneas en común -que luego coincidieron con las empleadas en las intimidaciones contra las estaciones de trenes de esta semana-, las que pertenecían a la empresa Telecentro, que utiliza una nueva tecnología que canaliza las llamadas a través de una conexión a internet.
Las fuentes explicaron que una parte de los acusados se dedicaba a hackear las cuentas de los clientes de la empresa, gestionándoles -sin su consentimiento- nuevas líneas telefónicas a su nombre, las que luego eran vendidas en el mercado negro de la “Deep Web”.
Allegados a la investigación, dijeron que hasta el momento se identificaron al menos unos 30 hechos de amenazas relacionados a los detenidos.
