El gobierno logró la media sanción en general de la reforma laboral, con 42 votos a favor y 30 en contra, nutridos por 28 del peronismo y dos de los santacruceños José María Carmbia y Natalia Gadano. Para obtener el apoyo mayoritario de los bloques, Patricia Bullrich tuvo que conceder a la CGT el carácter obligatorio de la cuota sindical, bien entrada la tarde del miércoles, pero mantuvo la creación del fondo de indemnizaciones que captura dinero de ANSéS, la supresión de la ultraactividad, la negociación por empresas y la derogación de los estatutos.
Sobre un borrador del proyecto, que recibía sucesivas correcciones en rojo, el oficialismo terminó admitiendo la retención compulsiva de la cuota sindical, un reclamo de la central obrera contra el artículo que establecía que el aporte de los trabajadores fuera voluntario. Ese punto se sumó al sostenimiento del 6 por ciento para las obras sociales, otra demanda de los sindicatos. Ambos ítems son, apenas, la conservación de conquistas de antaño.
Pese a esa neutralización parcial que forzaron los gremios, la Casa Rosada lograba quebrarlos con un articulado que destroza regímenes de licencias y afecta el derecho de huelga a través de la declaración de una serie de actividades como esenciales, algo que habrá de corroborarse o no cuando se produzca la votación en particular. Al cierre de esta nota, se diluía el plan de la CGT para desflecar la reforma laboral de Javier Milei, tal como se había propuesto, aunque tampoco se podía mensurar si el gobierno había asestado un golpe letal al modelo sindical.
En todo caso, la CGT salvaba institutos o herramientas que le permiten una defensa corporativa de la organización pero el gobierno se imponía en la afectación de derechos históricos de los trabajadores argentinos.
Acaso la crítica más contundente partió del peronista puntano Fernando Salino, cuando ya iban casi 12 horas de discusión. El hombre de Alberto Rodríguez Saá avisó sobre la judicialización que se avecina para la ley toda vez que “a diez minutos de la votación en particular, todavía no se sabe qué texto se va a votar”.
José Mayans, a su turno, atribuyó “al grupo de los 44”, en referencia a los libertarios y sus aliados en el Senado, “un avasallamiento y una violación del reglamento”, reabriendo la puerta de una eventual judicialización tanto por el contenido del proyecto como por la conformación de las comisiones diseñada por Bullrich. “Nos robaron siete senadores”, denunció, y agregó: “acá se hablaba de 28 modificaciones y vinieron con 50 modificaciones hoy a las 7 de la mañana y que se arreglen como puedan los miembros informantes y, si no les gusta, bien”, dijo.
El formoseño calificó el procedimiento como “una falta de respeto” porque la reforma modifica 41 leyes, que se tomó el trabajo de enumerar al filo de la medianoche. “¿Les parece que podemos tratar todo este paquete, una ensalada de leyes?”, se quejó.
José Mayans y Sergio Uñac.
Para el cierre, Bullrich reparó en “las frustraciones múltiples” cada vez que se intentó implementar reformas de este tipo en Argentina, una sutil corrección de lo que postuló al inicio de la sesión cuando dijo que esta iniciativa era la primera ley laboral de la democracia. “Nosotros no estamos prometiendo milagros, estamos trayendo soluciones concretas porque Argentina necesita generar trabajo y se genera cuando hay competitividad”, argumentó.
La exministra reivindicó la eliminación de la ultraactividad y la prelación de la negociación por empresa, antes que la negociación por rama. “Estamos rompiendo cadenas”, se jactó.
El primero en objetar las pretensiones fundacionales de la senadora fue Mariano Recalde, quien calificó el proyecto como “revanchista” y negó que lo que se discutía fuera inédito. Además, sostuvo que en la Ley Bases “se habilitó la contratación de hasta tres colaboradores sin ningún derecho laboral pero no se generó trabajo”.
Al respecto, recordó que la jefa del bloque libertario dijo cuando era ministra de Trabajo del gobierno de Fernando De la Rúa que su cartera no era la encargada de crear empleo sino que esa tarea correspondía al Ministerio de Economía. “No crean empleo las normas laborales”, advirtió.
La radical Mariana Juri, por su parte, opinó que “una sola ley no genera empleo por sí sola, pero sin una buena ley laboral que se adapte a las situaciones actuales, el empleo no llega”.
La catamarqueña Lucía Corpacci se quejó por la forma en que el oficialismo manejó la negociación de la ley. “No se dio ninguna oportunidad para que nuestro bloque pudiera hacer un aporte o algo que cambie al menos un poquito el daño que esta ley hace a los trabajadores”, dijo, y agregó: “de 200 artículos, 50 fueron modificados y nos enteramos hoy a las 8 de la mañana”.
Beatriz Avila, en el recinto.
La tucumana Beatriz Ávila, que responde a Osvaldo Jaldo, alertó que la reforma “no es suficiente”, en sintonía con los planteos de sus antecesores en el uso de la palabra, aunque consideró que la ley en discusión “va a ayudar a ordenar y equilibrar las reglas de la economía y del mercado del trabajo”.
Joaquín Benegas Lynch mezcló la apelación a las transformaciones políticas y económicas con el cambio moral. “Esta ley no es una descripción técnica, es un pilar estructural y fundamental para mejorar el ámbito laboral”, señaló. Y con la misma profundidad, catalogó al empleador y el empleado como “socios naturales”.
Anabel Fernández Sagasti fue la encargada de enrostrarle a Bullrich los episodios de las coimas en el Senado para aprobar una reforma laboral en el 2000. “Pasaron 25 años de la Ley Banelco y vienen con las mismas ideas y hablan de modernización”, se burló.
La senadora mendocina expresó que “la jefa de La Libertad Avanza, que tiene más transferencias que un Corsa, dijo que era la primera vez que se trataba una reforma laboral en Argentina… cuando ella misma era ministra de Trabajo en el 2001”. “La verdad que la desfachatez de algunos personajes de la política argentina me deja boquiabierta”, concluyó.
Juliana di Tullio y Anabel Fernández Sagasti.
Más tarde la jujeña Carolina Moisés barrió con las especulaciones sembradas por el kirchnerismo acerca de la chance que los integrantes de Convicción Federal votaran a favor de la reforma, junto a los libertarios. Después de asumir que “es una pena que el peronismo, que tuvo al trabajador como columna vertebral del movimiento, no haya podido estar a la altura de las circunstancias”, aclaró que “Argentina necesita una reforma laboral, pero no es esta”.
El último orador antes que los presidentes de bloque hicieran los cierres fue Ezequiel Atauche, que cargó enfáticamente contra las organizaciones gremiales. “Los sindicatos son parte de una mafia que apañó el peronismo”, dijo. También celebró que la reforma barrió con la ultraactividad y festejó: “Esa realidad se acabó, está extinta. Los argentinos ya no quieren más eso. El camino del verdadero progreso de la Argentina son las empresas”.
