La declaración de fiscales federales que se oponen al cambio inmediato del modelo de juicio de delitos en Comodoro Py es tomado como una declaración de guerra por el gobierno de Javier Milei. Los fiscales porteños le dicen a la Casa Rosada que arrancar en tres meses con el juicio oral y público de modo pleno compromete su actuación y en especial las investigaciones de causas complejas como narcotráfico.
El Ministerio de Justicia jura que el 10 de noviembre es la última fecha, sin ninguna nueva dilación, para que en los tribunales federales porteños empiece a regir de manera plena el esquema acusatorio. Y junto a funcionarios judiciales que no tienen un pelo de libertarios coinciden en que este grito de combate encubre una resistencia corporativa para retener poder real.
El acusatorio es un modelo que está definido por la Constitución de 1994 pero que lleva un retraso de más de 30 años en su aplicación. Para eso lo que se espera es un cambio total de funciones y de influencias. Los todopoderosos jueces federales pierden su poder de investigar. Los tiempos eternos de las causas se terminan. Los trámites dejan de ser secretos y cada acto puede verse en una audiencia pública.
En el nuevo modelo los fiscales federales toman de forma exclusiva el control de las investigaciones desde el inicio y ante detenciones deben llevar a los imputados a una audiencia oral y pública a muy breve lapso. Los jueces solamente se dedican a valorar las pruebas para imputar o condenar y no tienen facultades investigativas. Y la organización de las audiencias queda a cargo de una oficina de gestión y no de los juzgados que como unidades funcionales desaparecen.
Lo que se termina no es solamente una manera de juzgar cuestionada constitucionalmente, donde el mismo juez que hoy investiga luego dicta una resolución sobre lo que él mismo hizo. Es un modelo subjetivo y mental de funcionamiento. Cada juzgado en Comodoro Py tiene un promedio de 60 empleados. Esos agentes deben pasar paulatinamente, en especial, a las fiscalías que se encargarán de hacer las pesquisas. El juez con despacho, con mando sobre decenas de empleados y con decisiones personalizadas sobre la duración de los trámites es un modelo que muere. Lo que no muere, en general, son las resistencias a semejante cambio. Sobre todo en un ámbito donde, como en ningún otro lugar, se dirime poder real en Argentina.
El Procurador General interino, Eduardo Casal
Tanto fiscales como jueces federales porteños pusieron el grito en el cielo con una nota difundida el viernes pasado. Hablaron de problemas de recursos, de falta de capacitación para un cambio mayúsculo en el modo de trabajar, de ausencia de infraestructura edilicia que exige salas de audiencias, espacios de atención a víctimas, de alojamiento transitorio de detenidos y estructuras para traslados.
Este lunes el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, recibió a 25 fiscales de los fueros Criminal y Correccional Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en el Penal Económico, luego de que la implementación del Código Procesal Penal Federal se postergara al 10 de noviembre.
En esta cita ratifican los términos de la nota con la que fueron a la carga contra los planes de Mariano Cuneo Libarona y su viceministro Sebastián Amerio. Plantearon diez puntos en los que dicen que el nuevo sistema les da más responsabilidades sin recursos para atenderlas, que es necesario cubrir las vacantes, dotar de más personal a las fiscalías, establecer cuerpos periciales propios y mejorar la situación edilicia y tecnológica.
“El tiempo que resta hasta el 10 de noviembre no parece suficiente para realizar las adecuaciones necesarias”, dicen los fiscales federales porteños. Y aclaran que “de persistir en la puesta en marcha del sistema en estas condiciones se compromete la actuación de este organismo y afecta la tramitación de causas complejas por hechos de corrupción, narcotráfico y otras conductas de impacto social”.
Un sector de la estructura estable de Comodoro Py ya había decidido dar sus argumentos en combate frontal y usó a uno de los fiscales más politizados para eso. Fue Carlos Stornelli quien hace dos meses le dio curso a una denuncia contra Cúneo Libarona. Un fiscal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, había acusado al ministro de Justicia de Milei de avanzar con la reforma judicial en los tribunales federales porteños sin asegurar la plata para ello. Stornelli le habilitó el trámite y citó al subsecretario de Justicia Alberto Nanzer. La asonada le pareció demasiado a la Cámara Federal porteña: Mariano Llorens lo apartó a Stornelli del trámite.
Las investigaciones complejas
En el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip) diagnostican que más que falta de recursos lo que hay en Retiro es falta de voluntad para cambiar un modelo oscuro donde los jueces son dueños de los tiempos y trabajan encerrados en sus rutinas. “Los fiscales federales de la CABA tienen la carga de trabajo más baja de todo el país. Solo el 1 % de las condenas de Comodoro Py corresponden a delitos de alto impacto. El sistema acusatorio es imprescindible para optimizar el uso de los recursos y mejorar la actual tasa de 1 % de eficacia político-criminal”, concluyeron en un estudio reciente.
Este informe fue hecho con estadísticas públicas de las que el gobierno se agarró para tratar de caraduras a los que esgrimen el argumento de que no se puede avanzar contra la delincuencia pesada en el nuevo sistema. Fue el 11 de julio pasado cuando Cúneo Libarona le mandó a Casal una carta donde usa datos de la misma Procuración General sobre el volumen de trabajo en Capital Federal, la cantidad da causas y la situación de la jurisdicción. Allí le hace saber que solo el 3% de las causas son por delitos relevantes. Por ejemplo, consigna, en Comodoro Py las causas por narcocriminalidad representaron en 2024 el 0,84% del total, las de corrupción el 0,51% y las de criminalidad económica el 0,08%.
“Por los rendimientos que tienen no entendemos por qué tanta preocupación”, se mofan en off.
“Lo de la causa penal contra Cúneo Libarona es algo totalmente inédito. Es el lenguaje de la extorsión. Están denunciando al Poder Ejecutivo por cambiar un Código que es lo que tiene una demora de 30 años. Ese cambio ya se dio en Argentina en 13 jurisdicciones y en varias de la Justicia Federal”, indican en el Inecip.
Mariano Cúneo Libarona
Todas las jurisdicciones del país saben que si hay una jurisdicción que tiene recursos funcionales y humanos en el país es Comodoro Py. También se conoce que un modelo acusatorio exige una cabeza del Ministerio Público Fiscal que coordine e imponga una autoridad indiscutida. Lo que es un problema frente a un procurador como Eduardo Casal que es interino y no tiene aval del poder político que da esa legitimidad.
“No hay un fiscal coordinador concursado y legitimado políticamente. Y en Comodoro Py cada fiscal está acostumbrado a actuar como le parece y sin apuros”, dice a LPO un juez que analiza este proceso. El que suena para ser elegido fiscal coordinador para el proceso de cambio es Diego Luciani, el fiscal de la causa Vialidad que terminó en condena contra Cristina Kirchner, lo que es todo un mensaje político.
Lo que cambia del proceso escrito al oral que distingue al acusatorio es que aparece la posibilidad de darle una trazabilidad a los procesos. Los fiscales al investigar tienen que transparentar las medidas que piden, como allanamientos o intercepciones telefónicas, en audiencias orales abiertas a quien quiera verlas. Lo mismo cuando tienen que imputar. Y esto tiene un tiempo razonable que el juez tiene que fijar y controlar hasta el siguiente paso procesal. Algo que vuelve inconcebible una práctica que hoy es normal: que un fiscal o un juez instructor tenga pisado un caso meses o años.
Un ejemplo desconcertante es la causa Nisman que lleva una década de trámite en la etapa inicial o de instrucción. Y que ahora, pasados diez años, tiene citaciones a 90 testigos pedidas por el fiscal Taiano y autorizadas por el juez Ercolini. Algo completamente impensable en un sistema acusatorio.
Se sabe de sobra que el manejo de los tiempos se utiliza como herramienta de negociación para otras cosas cuando las causas tienen peso político. Esa herramienta, la de decidir en penumbras y con un reloj propio, la pierden fiscales y jueces.
Puede llamar la atención que a un gobierno que cambia de cuajo leyes por decreto le preocupe excesivamente virar al acusatorio para cumplir con la Constitución. El mismo Cuneo Libarona dice en su nota de respuesta a los fiscales que la dualidad de sistemas de enjuiciamiento a nivel federal lastiman la credibilidad de la administración de Justicia y perjudican seriamente la reputación y la calificación internacional del Estado argentino. Y no por casualidad recuerda que “organismos como el GAFI y la OCDE exigen la implementación de la ley para la evaluación del país”.
Para los que miran cada jugada de este partido, esto tiene una lógica que va más allá del apego legal. Cumplir con normativas internacionales antilavado o de comercio son requisito de acceso para el financiamiento internacional. Pero además un gobierno que tiene muchos frentes legales abiertos -el caso $Libra como ejemplo testigo-no quiere saber nada con quedar cautivo del mecanismo histórico de chantaje de Comodoro Py a futuro. Esa bomba de tiempo más vale dejarla desarmada. El explicitado plan de Cúneo Libarona es que para el final de mandato libertario no quede el menor resabio de un sistema con expedientes escritos.
En su nota, Cuneo Libarona les recordó a los fiscales que cualquier proceso de cambio genera resistencias y preocupaciones legítimas. Pero que lo sucedido en los distritos en los que ya se encuentra vigente el nuevo ordenamiento “demuestra que se encuentra funcionando conforme lo previsto”. “Nada indica que aquí sea distinto. No es otro mundo”.
Sobre la cuestión edilicia y los recursos tecnológicos, los que dentro de la Justicia Federal se muestran más integrados al cambio ven que con buena voluntad se puede arrancar. “Las audiencias se están haciendo en forma virtual en todo el país. Hoy por cuestiones de seguridad o logística disminuyó mucho el traslado de detenidos. No hay necesidad de tener 200 salas de arranque. Además este gobierno justamente tiene una impronta de cero obra pública y acá esperamos que nos hagan más edificios nuevos. Seamos lógicos. Si no hay salas se puede sesionar por zoom”, le dice un juez federal a LPO.
Cúneo Libarona también indicó que el Ministerio de Justicia puso a disposición de la Procuración 3.500 metros cuadrados cubiertos del edificio de la Esma, “alejados de los Sitios de Memoria”, destinados a las tareas que pueda requerir la implementación que se suman a los 3.600 que tienen las Fiscalías para las jurisdicciones en CABA.
El campo de los fiscales federales está lejos de posiciones monolíticas. Hay quienes piensan que a Casal, un funcionario al que no caracterizan como confrontativo, lo empujaron a una pelea que él no deseaba. “Hubo una reunión en la que la línea dura de fiscales le hizo sentir el rigor a los secretarios del Procurador. A partir de ahí Casal trató de contenerlos y ese fue el comienzo del enfrentamiento”, dice uno de los que piensan que atrás de pintarse la cara hay una idea de no ceder ni una partícula de poder real.
No obstante los que no son talibanes admiten que más allá de la excusas hay algunos déficit reales en las condiciones del cambio. “La policía, que es auxiliar de los fiscales, está en estado de indigencia. En la práctica no hay guita. Hay cosas que son en parte verdad”.
Pero con esas posibles semillas de verdad el comunicado termina en son de guerra. El último de los diez puntos le dice al gobierno de Milei que de persistir la implementación de noviembre la actuación de los fiscales federales en CABA queda comprometida y se afecta la tramitación de causas complejas “por corrupción, narcotráfico y otras conductas de impacto social”.
