El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció a la Cámara de Diputados por ratificar una reforma constitucional que extiende hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles para combatir la delincuencia, una iniciativa que preocupa a movimientos de derechos humanos y victimas de violencia institucional y que es impulsada en medio de un gran escándalo por la filtración de información militar.
“Aprovecho para agradecer a los legisladores porque ya se aprobó que la Guardia Nacional sea apoyada por la Secretaría de la Defensa y de Marina hasta 2028”, declaró López Obrador en su habitual conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional.
Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional https://t.co/S2gyynuVhm
— Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 13, 2022
La modificación de la ley de la corporación creada en 2019, que establecía el 2024 como fecha para el regreso de los militares a sus cuarteles, permite “que siga siendo apoyada por las Fuerzas Armadas y se fortalezca la Guardia Nacional, que no es militarizar”, remarcó el mandatario, informó la agencia de noticias Sputnik.
La reforma consolida el protagonismo que López Obrador dio a las Fuerzas Armadas, a las que confió la seguridad pública y labores como la construcción de multimillonarias obras de infraestructura, y establece que a partir de 2024, último año de su mandato, el Gobierno deberá crear un fondo de apoyo para fortalecer las instituciones locales de seguridad pública, policías estatales y Estados.
El texto, que tenía media sanción del Senado desde el 4 de octubre, fue aprobado en la Cámara de Diputados esta madrugada, con la mayoría calificada que requieren los cambios a la Carta Magna, con 339 votos a favor, 155 en contra y dos abstenciones.
La reforma avanza en medio de la filtración de documentos sobre el espionaje de periodistas, defensores de derechos humanos y líderes opositores efectuado por el Ejército.
El mandatario reconoció la gestión del titular federal de Gobernación, Adán Augusto López, encargado de la política interior, que negoció con la oposición para que parlamentarios aprobaran el cambio impulsado por el partido Morena, de López Obrador, sus aliados y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que en esta ocasión se distanció el bloque opositor.
El siguiente paso del proceso es enviar la reforma a los congresos locales, donde la ley establece que debe ser aprobada por la mitad más uno de los cuerpos legislativos de los 32 estados de la federación mexicana.
El dictamen aprobado establece que ambas cámaras del Congreso evaluarán la estrategia de seguridad con comparecencias del Gabinete de Seguridad ante diputados y senadores.
La reforma avanza en medio de la filtración de documentos sobre el espionaje de periodistas, defensores de derechos humanos y líderes opositores efectuado por el Ejército, registrado en textos, fotos y vídeos confidenciales, y su vínculo con el actual Gobierno.
El hackeo masivo de correos electrónicos de las Fuerzas Armadas fue filtrado por el grupo activista Guacamaya, también vulneró a los Ejércitos y Policías de Chile, Perú, Guatemala y El Salvador.
“¿Cómo vamos a darle más poder a los militares si está ahí, en los documentos del hackeo, que tienen vínculos algunos de ellos con el crimen, que han protegido a violadores de derechos humanos?”, preguntó el diputado Salvador Caro, del opositor Movimiento Ciudadano, durante el debate en el Parlamento.
Los diputados llamaron a comparecer al secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, para que explique el escándalo Guacamaya, pero el funcionario rechazó la solicitud y anunció que los recibiría en su oficina el próximo martes.
Esta alianza cívico-militar también preocupa a defensores de víctimas como Vidulfo Rosales, abogado de familiares de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, cuya desaparición forzada en septiembre de 2014 constituye uno de los crímenes más atroces y notorios de la historia mexicana reciente.
El Ejército “está dejando sentir su poder, ante el cual la autoridad civil está sucumbiendo, y máxime el presidente hoy en día que tiene acuerdos estratégicos con las fuerzas armadas”, declaró Rosales, y reiteró la denuncia por la cancelación en septiembre de la mayoría de órdenes de detención que una fiscalía especial tenía contra 20 oficiales y soldados presuntamente involucrados en el crimen.
Para el abogado, la postura de López Obrador, quien mantiene la resolución del caso como uno de sus 100 compromisos de su Gobierno, evidencia que su pacto con las Fuerzas Armadas se impuso sobre la causa de los estudiantes.
El presidente asume ahora una defensa cerrada de la institución, según analistas, que implica limpiarla de acusaciones sobre su participación en Ayotzinapa, o minimizar las filtraciones de información que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sufrió a manos de Guacamaya.
López Obrador se refirió a las críticas de la oposición y defensores de derechos humanos, nacionales y extranjeros, por el despliegue del Ejército y la Marina Armada en tareas de seguridad pública, que señalan los abusos y violaciones cometidas por militares.
“Que no quieran los autoritarios pasar como defensores de derechos humanos, que utilizaron al Ejército para reprimir sin fundamento constitucional”, dijo y agregó que la reforma “pone el acento en la defensa de los derechos humanos” a diferencia de las posturas de Gobiernos anteriores.
