El balance de 10 días en “conflicto armado interno” | Las comparaciones en Ecuador entre Daniel Noboa y Nayib Bukele

Un total de 2.369 personas han sido detenidas en Ecuador durante los primeros diez días de la declaración por parte del Gobierno de un “conflicto armado interno” contra el crimen organizado, de los cuales 158 fueron arrestados por presunto terrorismo.

La cifra se desprende de un balance del Gobierno de Ecuador publicado este viernes sobre las operaciones policiales y militares realizadas en el territorio nacional bajo este nuevo escenario, donde 22 bandas del crimen organizado han sido consideradas como grupos terroristas y actores beligerante no estatales.

Entre el 9 y el 19 de enero las autoridades ecuatorianas también afirman haber abatido a cinco presuntos miembros de estas bandas, mientras que dos policías fueron asesinados y otros once fueron liberados de distintos secuestros realizados por estas mafias.

Durante este periodo se han incautado 885 armas de fuego, 1.069 armas blancas, 4.639 explosivos y 6,3 toneladas de drogas. De acuerdo al balance del Ejecutivo, en estos diez días hubo trece atentados a infraestructuras públicas y privadas y a doce establecimientos policiales. Las fuerzas del orden han desplegado 26.390 operativos y han aprehendido 15 embarcaciones.

Pequeños avances

En medio del estado de excepción y del conflicto armado interno, con los militares a cargo de la seguridad, el miércoles fue asesinado el fiscal César Suárez, quien estaba a cargo de las investigaciones de la incursión armada al canal TC televisión el 9 de enero, en Guayaquil, que terminó con el arresto de 13 personas. La Justicia ha ordenado la prisión preventiva de dos presuntos implicados en el asesinado del fiscal Suárez.

La bandera de guerra contra la violencia es la misma: mano dura exhibida con imágenes de presos semidesnudos, atados y sometidos en las cárceles. Sin embargo, el Ecuador del presidente Daniel Noboa tiene poco que ver con El Salvador de Nayib Bukele.

La estrategia de los empresarios y ahora gobernantes es parecida, pero en contextos distintos, sostienen analistas. El mismo mandatario ecuatoriano rechaza el símil.

“Creo que me comparan por la situación de violencia que vivimos y la mano dura ante esto, pero creo que somos muy diferentes en algunas cosas”, dijo Noboa tras declarar en “conflicto armado interno” a su país ante una arremetida narco que en dos semanas ha dejado una veintena de muertos.

Mientras las pandillas maras en El Salvador se especializan en “tráfico de armas, tráfico ilícito de migrantes y las extorsiones”, en Ecuador “hay un interés del crimen organizado por controlar el tráfico de drogas” infiltrándose también en todas las esferas del poder como la justicia y la política, señala Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

La investigación Metástasis reveló en diciembre un entramado de corrupción en Ecuador en el que jueces, fiscales y policías beneficiaron a organizaciones criminales a cambio de dinero, oro, prostitutas, apartamentos y lujos. “El narcotráfico se ha tomado el Estado en cierta forma, (lo) que no es del caso en El Salvador”, añade Rivera.

“Bukele lovers”

Las mafias en ambos países tienen un lugar en común: las hacinadas y violentas cárceles que son tierra fértil para su crecimiento. “Estas no son bandas convencionales, son grupos narcoterroristas, son grupos de decenas de miles de personas armadas que operan en varios países y al mismo tiempo tienen estructuras no solo delictivas sino económicas bastante complejas y tienen apoyo de carteles del exterior (…) son más de 30.000 personas armadas”, aseguró el presidente Noboa.

El plan de construir dos megaprisiones con la misma empresa que edificó la de El Salvador atizó las comparaciones. Noboa incluso bromeó tiempo atrás: “Para todos los Bukele lovers es una cárcel igualita”. En noviembre, el mandatario de 36 años se convirtió en el presidente más joven de Ecuador y llegó al poder con la promesa de frenar la violencia y reducir los homicidios, que entre 2018 y 2023 pasaron de 6 a 46 por cada 100.000 habitantes.

Noboa desplegó a miles de militares en calles y cárceles con espectaculares operativos, medidas que le acercan a Bukele, quien ha encarcelado a más de 73.000 presuntos criminales bajo un polémico estado de emergencia.

La militarización “puede producir efectos inmediatos en cuanto a la sensación de seguridad de la gente, por lo que ve en los medios, pero no reduce la criminalidad ni reduce sustancialmente en un año la tasa de homicidios”, dice Renato Rivera.

Apoyo popular

Para el retirado general Luis Hernández, exministro de Defensa, no se trata de copiar estrategias de otras naciones. “Se trata de implementar la ley de acuerdo a lo que tiene cada país (…) Al declarar un conflicto armado interno entonces le permite el uso de las Fuerzas Armadas”, explica. Las imágenes de militarización y presos rendidos son “una estrategia efectiva comunicacionalmente”, añade. Las fotografías de reclusos encadenados con el torso desnudo, mostrando sus tatuajes y bajo fuertes controles de seguridad se han convertido en el sello salvadoreño.

Los métodos de Bukele han sido rechazados por defensores de derechos humanos y aplaudidos por la mayoría de salvadoreños ante la reducción de la tasa de homicidios de 83 por cada 100.000 habitantes en 2017 a 2,4 por cada 100.000 en 2023. Fotos similares desde las cárceles ecuatorianas dan la vuelta al mundo, bajo la lupa de organismos de derechos humanos como de la ONU.

Para Hernández, al declarar “terroristas” a una veintena de bandas narco Noboa “ha obtenido el apoyo de la población”, a la par que pudo desplegar el músculo de las Fuerzas Armadas. Presos en calzoncillos obligados a cantar el himno nacional o a borrar de las paredes los símbolos de las bandas narco son ahora la carta de presentación de Noboa de cara a una posible reelección en 2025.

Bukele, quien en alusión a Ecuador expresó por X que “no es soplar y hacer botellas”, goza de un amplio respaldo por su lucha contra las pandillas y también va por un nuevo periodo luego de un polémico fallo de la Corte Constitucional salvadoreña, que le facultó para postular a un segundo mandato consecutivo aunque la Constitución no lo permitía.

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