Ecuador: mantienen como rehenes a 178 trabajadores de prisiones en siete cárceles | Alarma por motines

Ecuador vive días caóticos luego de las violentas acciones protagonizadas por bandas del crimen organizado que llevaron al presidente Daniel Noboa a declarar el conflicto armado interno. Ahora, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) reportó que al menos 178 individuos, entre agentes penitenciarios y personal administrativo, se encuentran retenidos como rehenes en siete cárceles del país.

Mediante un comunicado, el SNAI anunció que contabilizó 158 agentes penitenciarios y 20 miembros del personal de servicio administrativo privados retenidos en las cárceles de El Oro, Cotopaxi, Loja, Azuay, Tungurahua, Cañar y Esmeraldas.

Si bien la institución no informó cuál es el estado de salud de los rehenes, aseguraron que están trabajando para volver al orden: “Policía Nacional y Fuerzas Armadas continúan trabajando articuladamente para la liberación de todo el personal en los centros penitenciarios”, agregaron.

Las retenciones, según manifestaron, ocurrieron en momentos en que las autoridades desplegaban operativos en una cárcel de Guayaquil en busca de José Adolfo Macías conocido como “Fito”, líder de una de las bandas criminales más peligrosas del país. 

El comienzo del fin

El primer episodio de violencia se vivió el martes, cuando una decena de hombres armados tomaron un canal de televisión en Guayaquil durante una transmisión en vivo, que tuvo rehenes y episodios dramáticos con el personal que se encontraba en el estudio.  

Aunque la policía intervino a tiempo, este evento ejemplifica la violencia que permeó diferentes sectores de la sociedad ecuatoriana. Hasta el momento, se registraron al menos ocho muertes y dos heridos en Guayaquil.

Ante este panorama, el presidente Daniel Noboa ordenó a las Fuerzas Armadas “neutralizar” a varias organizaciones terroristas, describiendo la situación como una amenaza para la seguridad nacional. Además, emitió un decreto que establece un estado de excepción con toque de queda a nivel nacional y otorga poderes a las fuerzas armadas para patrullar las calles y controlar las prisiones. Este enfoque drástico busca frenar la violencia desatada por las bandas criminales y restaurar la seguridad en un país afectado por el auge del narcotráfico.

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