El juicio por el asesinato de Gabriela Pérez destapó una olla en la que asoman sindicalistas, barras bravas, sicarios, amenazas, drogas y una feroz disputa por el control territorial.
Detrás de todo aparece una pelea que impacta directamente en el peronismo cordobés: la guerra entre Sergio Fittipaldi, líder del gremio de Limpieza, alineado con Martín Llaryora; y Franco Saillén, uno de los referentes del peronismo sindical que orbitó históricamente alrededor del kirchnerismo, aunque con peso funcional porque maneja el Surrbac, el gremio de los recolectores de residuos.
Pérez fue asesinada el 9 de septiembre de 2023 durante un almuerzo del Soelsac, el sindicato que agrupa a los trabajadores de empresas de limpieza. La joven recibió un disparo en el cuello cuando un hombre (su hermano) abrió fuego contra el Club Yapeyú, donde se desarrollaba el encuentro. Se sospecha que el objetivo era asesinar a Sergio Fittipaldi, el secretario general de Soelsac.
El primer testigo del juicio fue justamente Fittipaldi. El jefe del Soelsac declaró durante varias horas y afirmó que el ataque estaba dirigido contra él. Pero su testimonio fue mucho más allá: acusó a Saillén y a dirigentes del Surrbac de haber intentado quedarse con el sindicato de la limpieza para aprovechar su estructura territorial y “multiplicar los puestos de distribución de drogas”.
La Justicia acorrala a históricos caciques del peronismo cordobés
La declaración generó una derivación inesperada: la Fiscalía Federal decidió citar a Fittipaldi para que ratifique y amplíe sus acusaciones; lo que podría abrir un nuevo escenario de investigación.
En la Justicia Federal debe ser enjuiciado Mauricio Saillen, padre de Franco, por supuesto lavado de activos en el marco de los negocios generados desde la estructura gremial. Para entender la pelea hay que mirar la particular estructura del poder sindical cordobés.Fittipaldi conduce Soelsac, un gremio con unos 20.000 afiliados.
Sus trabajadores realizan la limpieza de hospitales, escuelas y dependencias públicas, además de edificios municipales y otros establecimientos. Es decir, una estructura tercerizada que tiene contacto cotidiano con el Estado y que puede convertirse en una herramienta política de enorme valor.
Fittipaldi, además, es el jefe de las 62 Organizaciones Peronistas de Córdoba y fue legislador electo por Hacemos Unidos por Córdoba, la coalición que lidera Llaryora. Su alineamiento con el gobernador es conocido dentro del PJ cordobés.
Franco Saillen (Surrbac, recolectores).
Del otro lado está el Surrbac, el poderoso sindicato de los recolectores de residuos. Su relación con el Estado es todavía más directa: la Municipalidad de Córdoba es uno de sus principales interlocutores y la recolección de residuos es un servicio crítico para cualquier administración. Un paro del Surrbac pone contra las cuerdas a cualquier intendente.
El histórico jefe del Surrbac es Mauricio Saillén, padre de Franco. La familia construyó durante años uno de los aparatos sindicales más poderosos de Córdoba. Franco Saillén, además de su actividad sindical, fue legislador provincial y tuvo una fuerte cercanía con el kirchnerismo.
Matan a una joven en un acto en Córdoba y escala la guerra entre dos gremios cercanos a Llaryora
En los últimos años se convirtió en uno de los referentes de la estructura que disputó espacios al peronismo cordobés tradicional.Por eso la pelea por Soelsac nunca fue solamente sindical, sino una disputa por territorio, afiliados, obra social, recursos y capacidad de movilización dentro del peronismo.
LPO ya había advertido que la guerra entre ambos gremios se había convertido en un problema para Llaryora. Los dos habían acompañado al gobernador y a Daniel Passerini en la campaña, pero la disputa por el control del Soelsac terminó enfrentando a dos estructuras que hasta entonces habían convivido dentro del universo peronista.
El testimonio más explosivo del dirigente llaryorista fue, sin embargo, el que llevó la pelea gremial al terreno del narcotráfico. Fittipaldi sostuvo ante los jueces que Saillén pretendía quedarse con Soelsac porque la estructura territorial del gremio le permitiría ampliar una red de distribución de drogas. “Querían multiplicar los puestos de distribución de drogas”, declaró.
También habló de personas que, según dijo, manejaban la droga en determinados sectores de Córdoba y aseguró que el objetivo era aprovechar la presencia territorial de los trabajadores de limpieza para ampliar esa estructura.
Franco Saillén se vio obligado a responder: aseguró que no tiene ninguna relación con el narcotráfico ni con los hechos de violencia que le atribuyó Fittipaldi y cuestionó que las afirmaciones realizadas en el juicio no estén acompañadas, según su versión, por elementos objetivos.
También recordó que un hermano de Fittipaldi fue detenido en 2025 en una causa por narcomenudeo, un argumento que utilizó para cuestionar la legitimidad de las acusaciones.Saillén pidió además que el asesinato de Gabriela Pérez sea investigado con prudencia y que la tragedia no sea utilizada para formular acusaciones contra su persona.
El juicio vuelve a poner a Llaryora frente a uno de los costados más incómodos del peronismo cordobés, que viene de un semestre negro: los vínculos de Claudio Barrelier, detenido por el femicidio de Agostina Vega, con Ricardo Moreno, quien debió renunciar a su banca en el Concejo Deliberante; y la salida de “Cañito” Flores de la Legislatura tras la detención de uno de sus colaboradores por abuso sexual.
