Detuvieron a exmagistrados y expolicías mendocinos por la desaparición de dos personas

Adolfo Garrido y Ral Baigorria desaparecieron tras ser detenidos por policas mendocinos en un control vehicular
Adolfo Garrido y Raúl Baigorria desaparecieron tras ser detenidos por policías mendocinos en un control vehicular.

La Justicia Federal de Mendoza detuvo este miércoles a dos exmagistrados provinciales y 19 expolicías investigados por la desaparición forzada de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, ocurrida en abril de 1990, confirmaron fuentes judiciales.

Se trata del exjuez provincial Enrique Knoll y el exfiscal provincial Adelmo Argüello y 19 expolicías, detallaron.

El caso es investigado por el fiscal federal Fernando Alcaraz, de la Fiscalía Federal 2 de Mendoza, quien solicitó al juez federal Marcelo Garnica que ordenara las detenciones.

En una serie de allanamientos, personal de Gendarmería Nacional detuvo a los sospechados, quienes fueron imputados por el delito de privación ilegítima de la libertad, por desaparición forzada de persona.

Se trata de los primeros desaparecidos en democracia en Mendoza, cuando el 28 de abril de 1990 Garrido y Baigorria fueron detenidos por personal de la Policía en el parque General San Martín, de la ciudad de Mendoza.

Ese día, durante la tarde, los dos circulaban en un vehículo tipo rural Fiat 1500 color azul, con dirección hacia el sur y al llegar a una rotonda conocida como “Monseñor Orzali” de la Provincia de Mendoza, fueron interceptados por un móvil de la Dirección Motorizada del que descendieron cuatro uniformados.

Luego de hacerlos descender del vehículo y “cacharlos”, los trasladaron a dependencias policiales, desconociéndose su paradero hasta el día de la fecha.

Asimismo, interpusieron una serie de recursos judiciales para ubicar su paradero e iniciar las investigaciones correspondientes.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en el caso en 1998 y continúa pidiendo avances al Estado argentino en el esclarecimiento del caso.

El caso que durante años fue investigado por la Justicia Provincial pasó en 2017 a la orbita Federal por ser considerado delito de Lesa Humanidad.

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