Un operativo de la Policía Federal Argentina logró desmantelar una distribuidora clandestina dedicada a adulterar fechas de vencimiento en productos alimenticios con maquinaria industrial, con la intención de comercializarlos nuevamente como aptos para el consumo.
Ahora, los investigadores buscan determinar ahora si los alimentos vencidos o adulterados habrían llegado a servicios de alimentación institucional en donde dos firmas vinculadas a la estafa tienen fuerte presencia.
El operativo se realizó en Los Cardales -en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz- y estuvo bajo la orden del juez federal Adrián González Charvay. Se incautaron grandes lotes de carnes, embutidos y bebidas adulteradas y herramientas específicas para modificar etiquetas y registros de caducidad.
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Como resultado, los agentes de la Federal detuvieron a un hombre de 62 años, de nacionalidad argentina y presunto propietario del establecimiento, quien quedó a disposición del Juzgado Federal de Campana por violar la ley 26.524, que sanciona la adulteración o envenenamiento de alimentos.
Según las publicaciones, parte de la mercadería habría tenido fechas de vencimiento adulteradas o etiquetas modificadas.
La causa quedó vinculada al delito de “envenenamiento o adulteración de aguas, medicamentos o alimentos”, con intervención del Juzgado Federal de Campana, la PFA y organismos sanitarios como SENASA.
La logística investigada podría estar vinculada a la firma Blancaluna en donde también se menciona que uno de sus directores habría sido detenido luego de una investigación profunda. Esta empresa está fuertemente asociada comercial y operativamente a la empresa de origen norteamericano Aramark.
Esto abre una línea de investigación que trasciende el delito comercial toda vez que ahora la Justicia buscará determinar si los alimentos vencidos o adulterados habrían llegado a servicios de alimentación institucional en donde tanto Aramark, como Blancaluna tienen fuerte presencia.
Las sospechas de los investigadores es que esos productos decomisados podrían haber sido utilizados en ámbitos relacionados con la salud, la educación y otros sectores de alta criticidad y sensibilidad ya que, de confirmarse, el caso pasaría de una maniobra de comercialización irregular a un posible problema de seguridad alimentaria en instituciones de alta exposición pública y sanitaria.
Las averiguaciones se iniciaron tras una denuncia anónima recibida en octubre de 2022, según datos del sitio Pilar a Diario, y fue retomada oficialmente el 6 de marzo de 2023, cuando la División Delitos contra la Salud Pública detectó la actividad ilegal en el local.
Los detectives constataron que la distribuidora compraba alimentos vencidos o cercanos a vencer (particularmente cervezas, embutidos y pescados envasados al vacío) y utilizaba maquinaria láser e impresoras de etiquetas para alterar artificialmente las fechas de caducidad, para luego venderlos como productos aptos. Parte de la mercadería se adquiría y publicitaba mediante publicaciones en redes sociales.
