El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, fue denunciado ante la Justicia federal por presuntas irregularidades en el manejo de fondos nacionales destinados a la construcción del Gasoducto Troncal Lavalle Catamarca, a cargo de la empresa MEGA que en los papeles figura como propiedad del “empresario” salteño Carlos Fernando Berruezo Sánchez.
En la presentación a la que tuvo acceso LPO, los denunciantes pidieron investigar los presuntos delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función pública.
El caso agrega un nuevo frente para Jalil, cuya relación con algunas constructoras viene generando ruido en Catamarca. Como reveló LPO, la empresa Guido Mogetta, señalada por fuentes provinciales como el “Lázaro Báez” de Catamarca, es una de las contratistas preferidas del gobernador, que acumuló obras provinciales por miles de millones y luego integró la unión empresaria que consiguió del gobierno de Javier Milei la concesión por 20 años de una parte de la autopista Rosario-Córdoba. Curiosamente este empresario es familiar de Franco Mogetta, que fue secretario de Transporte de Javier Milei.
Como sea, la nueva denuncia pone la lupa sobre otra obra. En agosto de 2022, Catamarca contrató a MEGA para construir el Gasoducto Troncal Lavalle Catamarca. El proyecto tenía un presupuesto original de $4.560 millones y estaba financiado con fondos nacionales transferidos a la provincia.
En julio de 2023 se pagó a MEGA un anticipo financiero de $454 millones, cubierto por una póliza de caución. Pero la obra se complicó. En 2023 la provincia aplicó a la empresa una multa de $1.963 millones por incumplimientos y, en abril de 2024, resolvió rescindir el contrato. MEGA judicializó la decisión y el conflicto quedó abierto.
El giro llegó este año. El gobierno de Jalil avanzó con un acuerdo conciliatorio que cerró el conflicto. Según la denuncia, MEGA desistió de las acciones judiciales y aceptó pagarle a la provincia $301 millones. A cambio, Catamarca renunció a los reclamos contra la constructora, incluida la multa y asumió el compromiso de liberar las garantías.
Ahí está el corazón de la denuncia. La presentación sostiene que los números del acuerdo no cierran y cuestiona cómo se llegó a los $301 millones. Los denunciantes afirman que el expediente no contiene una evaluación económica que determine la conveniencia del arreglo y sostienen que la cifra circuló de un organismo a otro sin que quedara asentado cómo fue construida.
El escrito hace además una cuenta que vuelve mucho más pesada la discusión. Actualiza por inflación los $454 millones entregados como anticipo en 2023 y estima que equivalían a alrededor de $3.079 millones en agosto de 2026. Bajo el mismo criterio, calcula que la multa de $1.963 millones habría superado los $6.821 millones.
Alberto Kozicki, ex ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente.
La acusación apunta además a una cuestión sensible: el origen nacional de los recursos. El convenio que financió la obra establecía mecanismos de rendición y preveía que los fondos no aplicados debían reintegrarse. La denuncia sostiene que, una vez frustrada la obra, Catamarca no podía tratar ese dinero como recursos provinciales de libre disponibilidad.
Ese punto fue el argumento utilizado por los denunciantes para llevar el expediente al fuero federal. El escrito sostiene que el caso afecta fondos del Estado nacional transferidos específicamente para la construcción del gasoducto y pide investigar qué ocurrió con ese dinero.
La presentación también pone bajo sospecha la intervención de los organismos de control provinciales. Según el escrito, la Fiscalía de Estado sostuvo que evaluar la conveniencia económica excedía sus competencias y la Asesoría General de Gobierno consideró que tampoco le correspondía hacerlo. Para los denunciantes, el resultado fue que ningún organismo terminó haciendo la evaluación económica del acuerdo.
El caso ya había generado movimientos en Catamarca. La denuncia señala que el 9 de septiembre cuatro diputados provinciales hicieron una presentación ante la Fiscalía General de la provincia por la misma obra. La nueva acción busca ahora que la Justicia federal investigue específicamente la posible afectación de fondos nacionales.
Entre las medidas solicitadas están preservar los expedientes, reconstruir el movimiento de los fondos nacionales, realizar una pericia contable y establecer el valor actualizado tanto del anticipo como de la multa.
La denuncia fue presentada por Sofía Nahur Rivera Ortega y apunta también contra Nicolás Rosales Matienzo, fiscal de Estado; Alberto Kozicki, ex ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente; Marcos Rodolfo José Denett, ex fiscal de Estado; y Alberto Adolfo Natella, ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia.
