Cristina Kirchner impugnó este martes las actuaciones judiciales de la etapa de instrucción de la causa Cuadernos y apuntó contra el fiscal Carlos Stornelli, acusado por extorsionar empresarios junto al falso abogado Marcelo D’Alessio para que declarasen contra ella.
Durante una exposición de más de 50 minutos, desglosó la forma en que Stornelli conseguía testimonios para fraguar elementos probatorios. Enumeró los casos de Pablo Barreiro, el hijo de su secretario privado, el empresario Pedro Ecthebest, Cristian Castañón Distéfano, expareja de la esposa de Stornelli, y el abogado Juan Manuel Ubeira.
La expresidenta logró entrar por un ingreso lateral del viejo edificio de Comodoro Py, donde fue recibida por el secretario general de la Cámara Federal de Casación Penal y se evitó la ráfaga de flashes y tomas televisivas que su defensa y su entorno temían. En las escalinatas, el diputado Rodolfo Tailhade llegó apenas unos minutos antes que arrancara la audiencia y planteó ante la prensa que “en la dictadura torturaban a los detenidos para culparlos y acá se define si en la causa Cuadernos se legitiman los tormentos a los empresarios para culpar a una Presidenta”.
Cristina señaló la sentencia del caso D’Alessio, resuelta el 25 de septiembre pasado, donde recordó que se investigó una “asociación ilícita integrada por miembros del servicio de inteligencia, periodistas, empresarios y se vinculaba con el Poder Judicial”. “En esa asociación ilícita el vínculo entre D’Alessio y Stornelli, que sigue siendo fiscal federal, era un activo muy importante”, sostuvo.
La expresidenta recordó que Stornelli presionó al hijo de su secretario diciéndole que su padre no estaba declarando contra Cristina y que él mismo terminaría preso. “Hay sortija para pocos”, le dijo Stornelli.
También evocó la historia de Etchebest, a quien D’Alessio citó en el Balneario CR de Pinamar. “Te voy a llevar medialunas de Atalaya”, le había prometido según la remembranza de Cristina, y luego le pidió 300 mil dólares para no involucrarlo.
Por eso, argumentó: “todo vinculado a esta causa, donde le pedían plata a la gente para sacarla, le pedían plata para no incluirla en la causa y además metían presa gente para que dijeran que yo era la responsable de todo y no se sabe de qué”.
En el momento más álgido de su intervención ante el tribunal, Cristina cuestionó a los jueces: “¿en serio que ustedes piensan que la sociedad, yo y cualquier otro ciudadano argentino puede pensar que en este país hay un Poder Judicial respetable?”. “Estoy presa porque decían que administraba todo en favor de Lázaro Báez en perjuicio de otros empresarios y ahora me dicen que tengo que ir presa porque soy la socia de todos los otros empresarios que les dije que los investigaran y no quisieron”, remarcó.
Hasta concedió a quienes criticaba que “tienen derecho a perseguir porque la historia se nutre de persecuciones pero, por favor, sean coherentes a la hora de perseguir”.
Cristina tampoco dejó pasar por alto el discurso de Javier Milei en la asamblea legislativa, el pasado 1º de marzo. “El Presidente anuncia que voy a seguir presa por la causa Cuadernos y la causa del Memorándum con Irán. Invito a que me traigan alguna manifestación de algún presidente o presidenta que haya anunciado que otro ciudadano argentino iba a ser preso por causas judiciales en trámite”, desafió y agregó: “más violatorio de la Constitución Nacional, que impide que se interiorice el Poder Ejecutivo por causas judiciales, no hay. Desde la época de Rosas, no hay”.
Bajo esa perspectiva, consideró que su condena en la causa Vialidad fue “sin pruebas” pero advirtió que la causa Cuadernos “la ha desalojado del podio”. “No se trata de jueces que no son imparciales, gente que juega al fútbol y tiene una familiaridad entre acusador y juzgador sino que directamente estamos ante una causa donde juez de instrucción, Bonadío, y fiscal de Instrucción, Stornelli, son directamente mafiosos”, aseguró.
Además de su abogado, Carlos Beraldi, la acompañaron senadores, diputados y ex legisladores del peronismo como Anabel Fernández Sagasti, Germán Martínez, Oscar Parrilli y Mayra Mendoza, además de Tailhade.
Germán Martínez y Sergio Palazzo.
Cristina también vinculó el accionar de Stornelli con Patricia Bullrich, cuando D’Alessio buscaba alguien que le hiciera una cámara oculta a Ubeira. “Lo querían cortar, como se dice en la jerga tumbera”, graficó, y repuso el razonamiento de Stornelli ante la oferta de su socio: “No puede ser Rodrigo porque Rodri defiende a Fariña y por lo tanto se me va a armar un quilombete con Patricia B”.
También rememoró que Santiago Viola, el actual secretario de Justicia, había dicho que el juez Sebastián Casanello había estado reunido con ella misma en Olivos y luego se comprobó que era falso.
Antes de concluir, la expresidenta criticó el instituto del Consejo de la Magistratura, pese a que ella misma lo votó como constituyente en la reforma del 94′ porque formaba parte del Núcleo de Coincidencias Básicas entre Carols Menem y Raúl Alfonsín. Su fundamento es que ese órgano político terminó habilitando una “corporativización” del Poder Judicial, porque los jueces toman parte en el diseño de las ternas y en los jury de enjuiciamiento de sus pares: “Los tribunales militares que tenían las fuerzas armadas se trasladaron al poder judicial para ustedes”, fue su hipótesis.
Finalmente, Cristina se negó a contestar preguntas del tribunal, alegando que lo haría recién cuando Mauricio Macri tenga que hacerlo sobre los parques eólicos, Stornelli por sus actuaciones y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, por el endeudamiento externo.
El presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, terminó ensayando un paso en falso, acaso nunca visto en sede judicial. Cuando la expresidenta se disponía a retirarse, le impidió que lo hiciera y pretendió responderle: “Integramos un tribunal de justicia independiente en una república democrática y estamos acá para garantizar un juicio justo para usted”, planteó.
“Fue una señal de debilidad enorme o mala conciencia”, deslizó un magistrado experimentado, y completó: “La indagatoria de Cristina se transformó en una suerte de declaración del tribunal para poner a salvo su independencia”.
Enrique Méndez Signori, presidente del tribunal.
