Un funcionario designado por la Justicia Federal como interventor de una cooperativa portuaria de la zona de Rosario, cuyos directivos estaban investigados por lavado de dinero, fue imputado por haber autorizado a traspasar fondos millonarios de la entidad desde el banco donde se encontraban a una mutual, algo completamente inusual para los acusadores con dinero inmovilizado por un trámite penal.
El interventor judicial señalado es Roberto Pasqualino. Si la imputación es relevante es porque, según el fiscal federal Federico Reynares Solari, fue una pieza clave en una acción de apariencia delictiva en la que participaron el juez federal Marcelo Bailaque y el financista Fernando Whpei.
Estos últimos, que ya están imputados por una maniobra, son amigos. El primero es el magistrado que autorizó el desbloqueo de los fondos inmovilizados. El segundo es el dueño del grupo financiero Unión que controla la mutual de Trabajadores, Jubilados, Pensionados y Retirados Provinciales, que recibió el dinero. Eran mil millones de pesos en el año 2020.
La Cooperativa Portuaria de Puerto San Martín, una de las más poderosas del país, fue allanada y sus directivos investigados a partir de agosto de 2019, en una causa impulsada por el juez federal de Campana Adrián González Charvay. Quien la manejaba era el histórico dirigente gremial de los estibadores y empresario Herme Juárez, conocido como “Vino Caliente”.
Un año después los fondos de la Cooperativa, mil millones de pesos constituidos en plazos fijos, fueron traspasados de los bancos Galicia y Macro a la mutual que controlaba Whpei por disposición de Bailaque. Como interventor de la cooperativa, Pasqualino dio su aval para que eso pasara.
Herme “Vino Caliente” Juárez
El fiscal Reynares Solari remarcó que un grupo de asociados de la cooperativa tuvieron reuniones con el empresario Whpei -que actualmente se encuentra por esta y otra denuncia en prisión domiciliaria- que les refirió tres cosas: que la causa pasaría de Campana a Rosario, que en Rosario el caso lo recibiría el juez Bailaque y que él aspiraba a controlar los fondos inmovilizados de la entidad para un manejo con rentabilidad más ventajosa.
A partir de esta reunión estos asociados, renuentes a lo que les comunicaron, recusaron al juez Bailaque por falta de objetividad y resistieron el pase de los fondos. Los socios denunciantes son José Ricardo Marco, José María Ramón, Marcelo David Vergara y Walter Gustavo Streamhel. Todos declararon que Fernando Whpei pidió una reunión con ellos, en la que al concretarse les había informado que mantenía una estrecha amistad y confianza de muchos años con el juez Bailaque. También testimoniaron que Whpei había ofrecido ayudarlos con la normalización de la cooperativa a raíz de su relación con el magistrado y que les iba a facilitar el proceso de regularización de la entidad.
Según el fiscal, el asociado Marcelo Vergara contó sobre una reunión con el financista Whpei: “Nos dijo «Juárez no vuelve más. Quédense tranquilos, a esto lo gobierno yo, mi gente va a armar todo y yo lo controlo todo». Nos hizo saber que tenía muy buena relación con el doctor Bailaque y que la causa iba a venir a Rosario”.
En la audiencia el fiscal hizo pasar cuatro audios de pericias de celulares donde el juez Bailaque le indica al secretario de juzgado Gustavo Guazzaroni su interés en traspasar los fondos a la mutual de Whpei. “Bailaque evidencia un conocimiento y una intención de que lo que pide Pasqualino de manera formal se realizara efectivamente”, sostuvo.
Reynares dijo que en los meses siguientes a esas reuniones, el interventor Pasqualino designó en calidad de asesores a José Machado, Sergio Cha y Rubén Milito, quienes estaban vinculados a empresas y mutuales crediticias de la región controladas por Whpei.
El traspaso
El fiscal señaló que hubo direccionamiento deliberado del dinero desde bancos oficiales a una entidad mutual que es algo fuera de costumbre en el manejo de fondos bajo cautela judicial. También objetó la razonabilidad económica que podía tener aplicar fondos a la entidad de Whpei. “El interés que pagaba el sector privado era del 34 por ciento y en la mutual 37 por ciento. Tenemos todas las razones para estimar que ese tres por ciento no justificaba desafectar fondos en entidades controladas por el BCRA. Fue un desvío con el fin de beneficiar a Whpei”, subrayó.
Fernando Whpei
“Hubo una confusión de intereses coordinada con el doctor Bailaque y con el señor Whpei”, le reprochó el fiscal al ex interventor Pasqualino. Recordó que Bailaque está implicado en este trámite como autor de prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“En el plan delictivo lo que era fundamental es que usted, como interventor y profesional de las Ciencias Económicas, señalara la importancia de desafectar esos fondos y afectar a entidades locales con un interés más ventajoso fue indispensable que permitió a Bailaque actuar a nuestro criterio ilegalmente”, dijo Reynares.
Ese es el hecho base que le adjudicó al interventor que, sostuvo el fiscal, tenía responsabilidad sobre el destino de fondos públicos que estaban cautelados por un juez en una investigación federal. El delito imputado es incumplimiento de deberes de funcionario público. “Hubo una confusión de intereses coordinada con el doctor Bailaque y con el señor Whpei”, afirmó. También remarcó que al defenderse Bailaque se despegó de cualquier conducta ilegal diciendo “hice eso porque me lo pidió el señor Pasqualino”.
Por esto al magistrado lo acusaron de prevaricato e incumplimiento de sus deberes. Al interventor, de manera derivada, lo consideraron partícipe necesario “porque generó una condición necesaria para que un juez tomara una decisión antijurídica”.
La imputación fue aceptada en audiencia por el juez federal de garantías de Rosario Eduardo Rodrígues Da Cruz. Pasqualino pidió 15 días para hacer un descargo porque dijo necesitar tiempo para examinar lo ocurrido. “Son hechos ocurridos hace cinco años”, dijo.
