Causa de los cuadernos: Empresarios niegan haber pagado coimas

Buena parte de los empresarios que el juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli mandaron a la cárcel en la causa de las fotocopias de los cuadernos, ahora cambian la versión que dieron aquel momento, en lo que fue una virtual extorsión detrás de las rejas. En algunos casos, el viraje es hacia “yo entregué dinero, pero no eran coimas, sino aportes para la campaña electoral”. Es que, como se sabe, una infracción por aportes electorales es infinitamente menos grave que el delito de cohecho. En la declaración más reciente, la de Fernando Alexis Sananez, ocurrió algo parecido. El presidente de JCR S.A (Juan Carlos Relats S.A) contó que en el año de las supuestas entregas de dinero, participó de 12 licitaciones y JCR las perdió todas, de manera que no había ninguna razón para pagar coimas. La que recibió en su oficina a Baratta fue la hija de Relats, Silvana, ya fallecida, pero justamente Sananez dice que supone que ella le entregó dinero para la campaña electoral. El juez que ahora tiene la causa, Julián Ercolini -alineado con el macrismo- ya sacó a tres empresarios de la causa penal y los mandó a la justicia electoral, entre ellos Manuel Santos Uribelarrea, socio de Mauricio Macri en los parques eólicos que se armaron en Tandil, en terrenos que supuestamente pertenecían a la madre del expresidente, Alicia Blanco Villegas.Durante esta semana, también prestó una nueva declaración indagatoria el propio Baratta. El exfuncionario insistió en que nunca le entregaron dinero, pero justamente marcó la diferencia entre lo que ahora dicen los empresarios y lo que decían cuando los tenían extorsionados en la cárcel. Por ejemplo, Hugo Dragonetti recientemente declaró que Baratta no tenía injerencia en las obras que realizaba su empresa, por lo tanto, deja tácito que no se trató de coimas. Mauro Guatti, de Esuco, sostuvo que su socio, Carlos Wagner, mintió porque estaba preso y apretado por Bonadío-Stornelli. En su declaración presentó pruebas de que el día en que supuestamente entregó dinero, estaba en El Calafate. Y respecto de Alberto Tasselli, que afirmó -estando en la cárcel- que pagó para que lo ayudaran en una obra de Atucha, Baratta insistió en que nunca presentó ninguna prueba y que él no tuvo nada que ver con esas obras. El exnúmero dos del Ministerio de Planificación redondeó su declaración señalando que a Wagner se le encontraron 33 millones de dólares escondidos en Suiza, mientras que ni a Cristina ni a Julio de Vido ni a él mismo, Baratta, se le encontraron sociedades o cuentas ocultas en el exterior o en la Argentina.El presidente de JCR S.A., Sananez, afrontó la indagatoria de manera distinta, pero apuntó a algo parecido. La empresa fue una de las administradoras del hotel Alto Calafate y ganó licitaciones en varios gobiernos. Siempre fue manejada por el propio Relats, hasta su fallecimiento, y luego por su hija Silvana, que también murió. Sananez contó que padre e hija manejaban la compañía de manera personal y que ni siquiera hablaban por teléfono, de manera que Silvana recibió dos o tres veces a Baratta personalmente. Él no presenció esos encuentros, pero supone que tal vez ella hizo aportes para la campaña electoral, porque siempre las citas fueron cerca de los comicios, las PASO, las generales y el ballotage de 2015.Sananez contó que, como Silvana Relats no hablaba por teléfono, lo llamaban a él -son cinco llamados en total- y siempre para arreglar el horario de las citas. Por eso las comunicaciones fueron muy cortas. Pero el dato más relevante es que en ese 2015, JCR S.A. participó de 12 licitaciones convocadas por el Ministerio de Planificación y no ganó ninguna. Obtuvo una única obra, en sociedad con otras empresas, pero que fue licitada por el Ministerio de Transporte, en aquel momento a cargo de Florencio Randazzo. Esa obra tampoco se pudo hacer por falta de presupuesto. Con ese cuadro, se cae de maduro que no pudo haber pagos a cambio de obras en 2015 y, en todo caso, tal vez algún aporte a la campaña electoral. La causa de las fotocopias de los cuadernos, que tiene casi 100 imputados, será una batalla en muchísimos terrenos. Se cuestionará la declaración de los arrepentidos, la forma en la que Bonadío-Stornelli se quedaron con la causa, las mentiras sobre los cuadernos que supuestamente fueron quemados en un asado y después aparecieron sin rastros de fuego, el espionaje que se le hizo a los detenidos en el penal de Ezeiza y, por supuesto, las cuestiones de fondo, que entre otras cosas tuvieron que ver con la cartelización de la obra pública, los peajes y otras licitaciones. El diagnóstico es que no habrá fallo al menos hasta 2025 o 2026.