En una nueva audiencia en la Corte Superma el gobierno de Javier Milei no presentó ninguna propuesta para saldar la deuda con la provincia de Buenos Aires, por lo que el gobierno de Axel Kicillof dio por terminada la conciliación en el conflicto y anunció que presentará una medida cautelar para reclamar por 2,3 billones de pesos.
Representantes de ministerio de Economía y del gobierno bonaerense volvieron a reunirse en la tercera audiencia ante la Corte en el marco del conflicto por la suspensión de los adelantos de la ANSES al Instituto de Previsión Social, la caja jubilatoria de los estatales bonaerenses.
En la última audiencia la Corte había pedido al gobierno nacional que presente una propuesta de solución de la deuda con la provincia. Los funcionarios de Caputo aceptaron ese pedido en el encuentro que se realizó el 21 de abril pasado, sin embargo, llegaron sin propuesta concreta.
Según explicó Kicillof a la salida de la reunión, los funcionarios argumentaron que “aún debían realizar una serie de trabajos técnicos”.
Molesto, el gobernador dijo que “dimos por terminada esta etapa de conciliación y decidimos avanzar por la vía cautelar” para exigir por esa vía el pago de la deuda.
Además, remarcó a pesar que a algunas jurisdicciones ya le transfirieron recursos adeudados, siguen incumpliendo con la provincia de Buenos Aires. “Así es como construyen el superávit: no pagándoles a los jubilados, a las universidades y a las provincias”, remarcó.
La provincia de Buenos Aires es una de las 13 jurisdicciones que no transfirieron sus regímenes provisionales a Nación. Por lo que el Estado Nacional debe compensar los déficits. Eso se realiza a través de un sistema de simulaciones y auditorias que debe hacer el Estado Nacional sobre las cuentas provinciales.
De esas 13 provincias hay 10 que ya llegaron a un acuerdo con Nación. Ante la falta de diálogo entre Nación y Buenos Aires, el gobierno de Kicillof terminó solicitando esa deuda vía sede judicial, a través de la Corte Suprema.
Según la demanda del gobierno bonaerense, las deudas corresponden a anticipos recibidos y adeudados por la Nación; actualización de los anticipos 2023 (se recibieron con base 2018); fondos del anticipo 2024 más su actualización (base 2020) y diferencias entre el déficit de caja no transferida y los anticipos sin actualizar correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020.
Este año, la provincia presentó su octava demanda ante la Corte. En este caso reclama más de 1,13 billones de pesos por el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y el convenio firmado en 2023.
Este último reclamo incluye el saldo impago correspondiente al acuerdo de 2023 y las diferencias proyectadas para el período 2023-2025 por el Fondo del Conurbano, según precisa la administración provincial. Con la presentación, también se solicita una medida cautelar que ordene al gobierno nacional la restauración del método de cálculo original, a fin de reparar los perjuicios futuros.
