El mediático abogado Fernando Burlando asistió a la reunión de la comisión bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia presidida por el diputado oficialista Leopoldo Moreau, para aportar información sobre los supuestos causas de espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en noviembre de 2017.
Burlando representa a uno de los grupos de familiares junto a su colega Valeria Carreras y colaborarán con una investigación que estará a cargo de una subcomisión, formada por los diputados oficialistas Eduardo Valdés y Blanca Ossuna, junto a Sebastián García de Luca, del PRO.
Las pruebas de espionaje ilegal aparecieron de forma fortuita en la base de Mar del Plata como parte de la investigación del juez de Dolores Alejo Ramos Padilla por una red de inteligencia paralela.
En uno de los allanamientos apareció material de los familiares de los tripulantes y la presidente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Graciela Caamaño, presentó la denuncia junto al ministro de Defensa Agustín Rossi.
“No estábamos hablando ni de terroristas ni de crimen organizado, sino de un grupo de familiares que estaba tratando de buscar a los familiares que quedaron atrapados en el submarino ARA San Juan, o sea que resulta perverso este espionaje”, dijo Caamaño.
Burlando acercó documentos, presentaciones judiciales y hasta con un video, que muestra dos autos que aparentemente la siguen en la ruta 3 durante uno de los viajes que hizo a Caleta Olivia para participar de una de las audiencias por la causa judicial en la que se investiga el hundimiento del ARA San Juan.
Acercó trabajos de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) sobre los teléfonos de los familiares que habrían sido interceptados y correos electrónicos con amenazas. También hubo amenazas de muerte contra Carreras ya habían sido denunciadas el 6 de diciembre de 2019 y están radicadas ante el juzgado en lo Correccional y Criminal 47 de la Capital Federal (aportaron copias a la comisión).
Algunos familiares realizaron denuncias por presuntas pinchaduras ante el juzgado de Caleta Olivia que investiga el hundimiento, a cargo de la jueza Marta Yañez; y otras en Comodoro Py que recayeron en Daniel Rafecas. Ninguna avanzó.
Yañez nunca avanzó tampoco con la causas del hundimiento, que sí tuvieron un informe final por parte de una comisión bicameral, presentado el año pasado. Cambiemos lo firmó pero rechazó responsabilidades políticas.
