La Corte Suprema de Brasil rechazó este lunes que las Fuerzas Armadas tengan un “poder moderador” sobre los poderes civiles en el país, mientras la justicia investiga al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro por un supuesto plan golpista. Por unanimidad, los 11 jueces del Supremo Tribunal Federal determinaron que la Constitución brasileña, promulgada en 1988 tras el fin de la dictadura castrense (1964-1985), no autoriza la posibilidad de una “intervención militar constitucional”.
La toma de posición de la máxima corte de Brasil fue en respuesta a una iniciativa emprendida por el Partido Democrático Laborista, que pidió aclarar el artículo 142 de la Constitución, que llegó a ser invocado por integrantes del movimiento golpista que el 8 de enero de 2023 asaltó con violencia las sedes de los tres poderes. Según una interpretación de ese artículo difundida masivamente por el expresidente Jair Bolsonaro, las Fuerzas Armadas podrían ser convocadas a intervenir y actuar como “moderadoras” en caso de conflictos entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
En las manifestaciones posteriores a las elecciones de octubre de 2022, en las que el actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, derrotó a Bolsonaro, era habitual ver carteles pidiendo que se aplicara el artículo 142 para impedir la investidura del líder progresista. Entre otros puntos, el citado artículo establece que las Fuerzas Armadas, “bajo la autoridad suprema del presidente de la República, se destinan a la defensa de la patria, la garantía de los poderes constitucionales y, por iniciativa de cualquiera de estos, de la ley y el orden”.
“Aberración jurídica”
En el fallo dictado este lunes, luego de un juicio realizado en forma virtual y con el voto favorable de sus 11 miembros, la Corte Suprema estableció que la interpretación dada por el bolsonarismo al artículo es “errónea” y que las Fuerzas Armadas “no constituyen un poder”, algo reservado para los “civiles” y que tiene “solamente tres ramas ungidas por la soberanía popular”.
El juez Flavio Dino propuso que la decisión de la Corte Suprema sea enviada a las escuelas de formación militar, aunque solo cinco ministros apoyaron la moción, por lo que no formaron mayoría. Dino abrió la votación citando el extracto de un discurso pronunciado por el entonces presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, el diputado Ulysses Guimarães, en 1988: “Un traidor a la Constitución es un traidor a la patria”.
El voto del juez José Antonio Dias Toffoli destacó la importancia de las Fuerzas Armadas para el país en áreas “relevantes y sensibles”, pero subrayó que se trata de instituciones estatales cuyos esfuerzos se centran en objetivos que trascienden intereses políticos transitorios, y que deben estar “libres de cualquier captura o deseo de poder”. Dias Toffoli calificó de “aberración jurídica” interpretar que les recaería a los militares el papel de una eventual potencia moderadora.
“Sobredimensionar el papel de las Fuerzas Armadas, permitiéndoles actuar por encima de los poderes, es una lectura de la Constitución de 1988 que la contradice y la subvierte por completo, al alcanzar sus pilares: el régimen democrático y la separación de poderes”, argumentó el juez supremo de acuerdo a la agencia de noticias Agência Brasil.
El juez supremo Alexandre de Moraes destacó que nunca en la historia de los países democráticos,hubo una previsión de que las Fuerzas Armadas serían un poder del Estado. “O lo que es más grave (como se pretendía en una lamentable, absurda y antidemocrática interpretación golpista), nunca se previó que las Fuerzas Armadas fueran un poder moderador, por encima de los demás poderes del Estado”, advirtió de Moraes.
El último juez en votar este lunes, José Antonio Dias Toffoli, consideró que contradice la Constitución “sobredimensionar” el papel de los militares, “permitiendo que actúen sobre los otros poderes”. En junio de 2020 el relator del caso, el ministro Luiz Fux, dictó un requerimiento para confirmar que el artículo 142 no autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en los tres poderes. Según el texto de esa disposición, el ejército está bajo la autoridad del presidente y tiene como objetivo defender el país y garantizar los poderes constitucionales.
El juicio contra Bolsonaro
La decisión se conoce a pocos días de cumplirse el 60° aniversario del golpe militar que instaló durante 21 años una dictadura en Brasil. El debate cobró especial importancia tras la derrota de Bolsonaro y la invasión de las sedes de los tres poderes, el 8 de enero de 2023 en Brasilia. Ese día miles de militantes bolsonaristas arremetieron contra las sedes en la capital denunciando un supuesto fraude y reclamando la intervención de las Fuerzas Armadas.
Marco Antonio Freire Gomes y Carlos Baptista Júnior, exjefes del Ejército y la Fuerza Aérea, declararon a principios de marzo ante el juez Alexandre de Moraes y confirmaron el intento golpista de Bolsonaro. Baptista Júnior dijo que participó en más de cinco reuniones en el Palacio de Alvorada, residencia oficial de la Presidencia en Brasilia. En esas reuniones el exmandatario, con la colaboración de sus asesores más cercanos y de su ministro de Defensa, el general Paulo Sérgio Nogueira, intentó seducir a la cúpula militar para que se sumara a su cruzada.
Con ese fin les propuso activar distintos dispositivos constitucionales, como una intervención militar bajo el pretexto de una supuesta grave perturbación del orden público, o un decreto del Estado de sitio para investigar la legalidad del proceso electoral de 2022. Este último escenario contemplaba el cierre de facto del Tribunal Superior Electoral, responsable de los comicios en Brasil y objeto de frecuentes ataques de Bolsonaro.
