La Corte Constitucional resolvió este miércoles avanzar en el proceso de juicio político contra el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso. Durante una sesión extraordinaria, los nueve magistrados que componen el órgano supremo de Justicia dieron lugar al pedido del poder legislativo con seis votos a favor y tres en contra.
La acusación contra Lasso fue impulsada por la mayoría opositora que lidera el expresidente Rafael Correa en la Asamblea Nacional. La denuncia de los legisladores hace referencia a presuntos delitos contra la administración pública, como la malversación de fondos o peculado.
“El pleno resolvió inadmitir las dos acusaciones relativas al presunto delito de concusión y admitir la acusación de juicio político relacionada con el presunto delito de peculado“, dice el comunicado que publicó la Corte.
El tribunal no hizo lugar a otros supuestos delitos que también fueron denunciados por el poder legislativo. La Corte consideró que no había argumentos para imputar al mandatario ecuatoriano con el detilo de concusión (cuando un funcionario en uso de su cargo público exige dádivas o contribución).
El turno de la Asamblea Nacional
La denuncia contra Lasso tuvo varias instancias en el poder legislativo ecuatoriano. Una de ellas fue la comisión de investigación para indagar en la supuesta relación del cuñado del Presidente, Danilo Carrera, con funcionarios públicos sospechados de participar en redes de corrupción y narcotráfico.
La investigación contra Carrera fue iniciada en la policía entre junio de 2022 y enero de 2023, pero por recomendación judicial la causa fue archivada. Sin embargo, la Asamblea Nacional tomó el caso como parte de los fundamentos para iniciar el proceso de juicio político contra Lasso.
Tras el aval de la Corte, tiene un plazo máximo de hasta 45 días para iniciar el juicio político contra el Presidente. El proceso requiere que las dos terceras partes de la Cámara estén de acuerdo, es decir una mayoría de 92 votos.
Qué pasa si Lasso es destituido
Una de las posibilidades es que continúe la línea sucesoria el vicepresidente, Alfredo Borrero. Sin embargo, la prensa ecuatoriana no descarta la posibilidad de que el mandatario utilice el recurso conocido como “muerte cruzada“.
Se trata del artículo 148 de la Constitución que permite al presidente disolver la Asamblea -con aval de la Corte- y convocar a elecciones generales. Solo podría hacerse en presencia de tres causales: que el poder legislativo se arrogue funciones que no le corresponden, que obstruya el avance del Plan de Desarrollo (una guía de políticas públicas establecida por la Constitución) y en caso de crisis política e institucional.
