“Necesitamos la memoria, la verdad y la justicia”, le dijo Inés de Ragni, Madre de Plaza de Mayo de Neuquén y el Alto Valle, esta mañana al Tribunal Oral Federal número 1 neuquino. Lo hizo mientras el puñadito de público permitido por al pandemia comenzaba a ingresar a la sala en donde el presidente del cuerpo, Alejandro Cabral, daría comienzo a la última audiencia del juicio que comenzó en diciembre pasado y juzgó a los 15 condenados por secuestros, torturas, asesinatos y abuso sexual contra una veintena de personas durante la última dictadura cívico militar. Un puñado de ellos se declararon inocentes. El veredicto se dará a conocer a las 12 del mediodía. El que termina este jueves es el séptimo juicio por violaciones a los derechos humanos por parte del Estado genocida que se lleva a cabo en la provincia y el primero en el que se juzga el uso de aviones del Ejército para trasladar a detenides ilegales de un lugar a otro. “Queremos que este tribunal recuerde que las Madres estamos exigiendo verdad y justicia desde el primer juicio que se realizó en Neuquén en 2008, que el pueblo está en la calle hoy reclamando también, y que el tribunal debería exigirle (a los acusados) que estén presentes, que den la cara”, exigió Inés, cuyo hijo Oscar Alfredo permanece desaparecido. Ninguno de los 15 imputados estuvo ni estará presente para oír el veredicto. Pero varios hicieron uso de su derecho a decir algo antes de que el TOF delibere y lo emita. Tras de Inés habló su marido Oscar, presente en la sala junto a la otra Madre de Plaza de Mayo de la zona Lolín de Rigoni y Dora Seguel, sobreviviente de los hechos, víctima en el debate como sus hermanas Argentina y Arlene: fueron secuestradas, torturadas, abusadas. Arlen continúa desaparecida. Elles y el resto del público se pusieron de espaldas cuando los acusados comenzaron a hablar transmisión virtual y pantalla mediante. El primero fue el militar aviador Juan José Capella, único debutante en los juicios de lesa humanidad. Se declaró inocente, al igual que el resto de los que dijeron algo. El capitán retirado Jorge Di Pasquale hizo un descargo ideológico: «Estamos viviendo un nuevo capítulo de la guerra revolucionaria, la de los juicios políticos», dijo. Según él, ni en éste ni el resto de los procesos judiciales en los que fue juzgado y condenado tuvo garantías. Lo dice peinadito, bañado, bien comido, sin ningún rasgo de golpes ni torturas. Lo dice desde la cárcel de privilegio ubicada en Campo de Mayo en la que cumple condena por participar de crímenes de lesa humanidad, desde donde incluso tuvo la posibilidad de escribir un enorme libro en el que intenta lavar las responsabilidades del Estado argentino usufructuado por las fuerzas armadas entre 1976 en aquellos hechos con el argumento del enfrentamiento armado. Los hechos por los que Di Pasquale vuelve a ser juzgado sucedieron en junio de 1976 en la Patagonia y Bahía Blanca, cuando una veintena de personas fueron secuestradas a mediados de aquel mes en Neuquén y Río Negro, detenidas en centros clandestinos de la zona, torturadas, abusadas algunas de ellas, y trasladadas a Bahía Blanca en avión, donde fueron alojadas en el centro clandestino que se conoció como “La Escuelita”. Algunes sobrevivieron; otres permanecen desaparecides. Además de Di Psquale y Capella, cuyo nombre figura en los registros de los vuelos que trasladaron a las víctimas, los acusados que aguardan condena son los integrantes del Destacamento de Inteligencia 182 del Ejército en Neuquén Jorge Molina Ezcurra y Sergio San Martín; el ex agente civil de inteligencia, Raúl Antonio Guglielminetti; los primeros mandos y efectivos de la Delegación Neuquén de la Policía Federal Jorge Alberto Soza y Miguel Ángel Cancrini; los efectivos policiales de Río Negro Desiderio Penchulef y Gerónimo Huircain: los mandos del Destacamento de Inteligencia 181 del Ejército en Neuquén Oscar Reinhold y Walter Tejada, y de Bahía Blanca Norberto Condal, Jorge Granada y Carlos Taffarel, así como el militar Osvaldo Páez. A excepción del aviador y de los policías rionegrinos, todos fueron condenados en debates previos. La Fiscalía solicitó penas de prisión perpetua para diez de los acusados, y de entre 8 y 25 años de prisión para los restantes. Las querellas del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos de Neuquén (Ceprodh) y el abogado Leandro Aparicio, representante de Eduardo París, sobreviviente y una de las víctimas en el juicio, solicitaron que los acusados sean condenados por genocidio.Los vuelos y una investigación que creceA raíz de los hechos ventilados en el debate que culmina hoy, la Justicia federal de instrucción comenzó a trabajar en el expediente que intenta reconstruir las piezas de los vuelos en los que fueron trasladados detenides ilegales durante la última dictadura cívico militar eclesiástica desde la Patagonia hacia Bahía Blanca. Se supo estos días que, por pedido de la Fiscalía, a fines de la semana pasada el juez Gustavo Villanueva llevó a cabo un allanamiento en la casa del militar retirado Daniel Eduardo Gordoa, quien fue copiloto de Capella. Gordoa, que vive en Villa Ventana, provincia de Buenos Aires, habia sido identificado por la Fiscalía durante el debate oral. Según informaron medios locales, de su casa la Justicia secuestró «documentación de vuelos definidos desde la base Espora en 1976, donde Capella era el jefe de la sección». Serán indagados la semana próxima.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/388202-a-la-espera-del-veredicto-por-los-crimenes-de-la-escuelita-s
