En Rosario aparece como una llamativa reiteración que funcionarios que ocupan lugares institucionales utilicen sus cargos para extorsionar o sacar provecho de quienes están en problemas con la ley. Pasa en estos días con jefes policiales del área de Microtráfico de Drogas. También con el ex juez Marcelo Bailaque. Y ahora quedó al desnudo algo similar con un alto funcionario de Aduana y un abogado que fue jerárquico en la DGI.
A estos, que fueron allanados este jueves, se los sospecha de haber hecho gestiones para favorecer a una exportadora de aceite de soja de Rosario implicada en una causa penal por contrabando. Hilando fino en la maniobra, los fiscales que investigan advirtieron que una de las socias de la empresa favorecida desde la Aduana está casada con una persona detenida por narcotráfico, luego de que se lo vinculara al hallazgo de un cargamento de más de cuatro toneladas de cocaína en el puerto de Amberes. El casamiento de ambos se festejó en Puerto Norte de Rosario, un sector urbano exclusivo frente al río Paraná, en un salón donde tocó una banda uruguaya pop que cobró 25 mil dólares por su set.
Los domicilios allanados ayer por Gendarmería Nacional son de un funcionario jerárquico de la Aduana de Rosario y un abogado y contador que se desempeñó en la Dirección General Impositiva, a requerimiento de una pesquisa de fiscales federales, que investigan una serie de maniobras reiteradas desde esos organismos fiscales contra contribuyentes.
“Rosario es Disney. Pateas una piedra y salen estas cosas”, le dijo a LPO este viernes un investigador al finalizar la audiencia en la Justicia Federal donde se ventilaron estos temas.
Los dos implicados estuvieron en un proceso penal abierto en 2024 por un delito de extorsión por el que la semana pasada fue enviado a juicio oral y público el ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, el ex director regional de la ex AFIP en Rosario Carlos Vaudagna y el financista Fernando Whpei.
El ex juez Bailaque
Los apuntados son Román Scattolon, ex titular de la Dirección General Aduanera Hidrovía de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y actualmente inspector en el organismo. Y Omar Albano Rizzo, contador y abogado y ex funcionario de la DGI. Según comentaron a LPO responsables del operativo, lo que habilitó los procedimientos es la detección de una especie de modus operandi sobre actuaciones de Aduana para generar denuncias por infracciones a contribuyentes o para frenar desde adentro los trámites que impliquen sanciones.
Un accionar similar es lo que implicó la imputación de Bailaque, Vaudagna y Whpei que próximamente va a juicio. Estos según la acusación se coordinaron a partir de una denuncia falsa iniciada en la ex AFIP contra dos agentes bursátiles, Claudio Iglesias y Jorge Oneto, por lavado de dinero de una banda criminal contra ambos, que luego tramitó judicialmente, en medio de un proceso electoral en la Aseguradora San Cristóbal, de la que Iglesias es directivo. El caso quedó paralizado judicialmente después de que Iglesias, según lo declaró él mismo, pagó 160 mil dólares a tal efecto.
En ese legajo fueron inicialmente llevados a formalización de imputación, junto a los mencionados, otras personas entre las que estaban Rizzo y Scattolon. Pero en esa causa precisamente este viernes hubo una audiencia en la Justicia Federal de Rosario en la que fiscalía y defensa pidieron que fueran sobreseídos ambos. La fiscalía lo hizo porque, pese a circunstancias sospechosas, no encontró pruebas concluyentes de que ambos estuvieran vinculados a la acción dolosa contra los que extorsionaron a Iglesias y Oneto.
El juez federal de Garantías Eduardo Rodrigues da Cruz dijo que no avalaría el pedido de modo automático y ordenó un cuarto intermedio. Adujo que necesita meditar ampliamente sobre la solicitud para archivar el caso y mencionó una poco célebre historia en Rosario de inacción en otros tiempos de la fiscalía hacia delitos funcionarios públicos.
Al mismo tiempo, llamativamente, a los mismos a los que se pedía el sobreseimiento hace 24 horas los allanaron en el marco de una investigación sobre hechos semejantes. El mismo juez Rodrigues da Cruz validó el pedido de allanamiento domiciliario a Scattolon y Rizzo y el secuestro de sus celulares y otros dispositivos electrónicos, lo que el personal de Gendarmería concretó.
El juez Eduardo Rodrigues da Cruz
Entre las varias acciones analizadas que motivaron la medida hay una maniobra en investigación hacia una firma llamada El Cerco SRL que es una compañía exportadora de aceite y expeller de soja que implica a Scattolon y Rizzo. Este último representó a los socios de esa firma.
Los fiscales federales Esteban Venditti, Federico Reynares Solari y Juan Argibay Molina hurgaron en la empresa El Cerco SRL que tiene como socios a María Sol Torre y Kevin Stur. Descubrieron que la maniobra en la que quedan prendidos Scattolón y Rizzo se diagrama después de que saliera a la luz en 2022 en los medios de Rosario la boda de María Sol Torre con Martín Mutio.
A fines de enero de 2022 tuvo mucha difusión el casamiento de la pareja en los Salones Puerto Norte. “Tiraron la casa por la ventana. Solo por los trabajos de ambientación del salón y la parte técnica hubo que desembolsar al menos tres millones y medio de pesos, unos 22 mil dólares al cambio del momento. Eso sin contar el alquiler del lugar y el catering”, consignó una nota del diario La Capital firmada por el periodista Pablo Procopio.
La publicidad de la boda captó la atención de las autoridades ya que Mutio no podía salir de Uruguay debido a una imputación por reiterados delitos de estafa y librar cheques sin fondos. Mutio está actualmente preso en Uruguay por una condena a 15 años de prisión por el contrabando de 4,6 toneladas de cocaína al puerto de Amberes en Bélgica que partieron desde el puerto de Montevideo.
Según dijo el fiscal Argibay en la audiencia, en los contenidos de los teléfonos surgen referencias a una señora y a un tal Kevin Stur que serían clientes de Rizzo. La señora y Stur, se determinó después, son los socios de la firma El Cerco SRL. Luego Rizzo y Scattolon, continuó el fiscal, tienen conversaciones donde el primero dice que la mujer aludida “estaba casada con el narco más grande que hay en Uruguay”.
“No me parece un dato menor que esa persona a la que hacía referencia es una persona llamada Martín Mutio que está presa actualmente en Uruguay por una investigación de narcocriminalidad por un intento de contrabando de 4,6 toneladas de cocaína con destino a Amberes desde el puerto de Montevideo”, señaló el fiscal Argibay.
Una idea preliminar es que Scattolón y Rizzo podrían estar implicados en un favorecimiento hacia El Cerco SRL con información privilegiada, según fuentes judiciales, en una causa de contrabando que la firma tenía en la Justicia Federal de Gualeguaychú. La sospecha que habilitan contenidos telefónicos es que Rizzo, que defendía a Stur y Torre, tenía una sociedad informal con Scattolon, que como funcionario de Aduana debe perseguir el contrabando.
En los teléfonos secuestrados inicialmente a Scattolón y Rizzo hay sugestivos intercambios entre ambos en el momento en que allanan al segundo de ellos. Allí surge un diálogo donde uno pregunta a otro, enumerándolos, varios casos diferentes que habrían motivado las medidas. Ese conteo hace pensar a los investigadores en que había una habitualidad en estas maniobras. Que podrían generar la utilización de diversas figuras penales como incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho, falsedad ideológica y enriquecimiento ilícito, al funcionario de Aduana como autor y a Rizzo como partícipe.
Las defensas de Rizzo y Scattolon pidieron la destrucción de los contenidos de los teléfonos secuestrados a ambos en ocasión de la primera causa conectada al ex juez Bailaque. Pero la fiscalía, que coincide con el sobreseimiento por ese hecho, rechaza que se inutilicen esos contenidos. Porque la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) detectaron allí indicios de delitos presuntos nuevos. Como el que parece salir a la luz con las alusiones a la empresa El Cerco.
Estas investigaciones tienen un peso singular y lleno de significado en el juego institucional de Santa Fe. Muestran cómo un órgano de control y recaudación esencial en el Estado estuvo durante años en el ámbito de mayor actividad económica de la provincia con estructuras tomadas por prácticas sistemáticas de corrupción. Eso se está examinando en la Justicia Federal de Rosario por la omisión de persecución a narcotraficantes relevantes o a actores del empresariado local como se puede ver en una voluminosa investigación por lavado de activos utilizando sociedades en el Puerto de Rosario.
