Cuatro fiscales federales retomaron la investigación por lavado de dinero contra los allegados más próximos a Andrés “Pillín” Bracamonte, que lideró la hinchada de Rosario Central por más de dos décadas, hasta que fue brutalmente asesinado en una emboscada a la salida del estadio de Rosario Central en 2024. Los funcionarios solicitaron allanamientos y el decomiso de una gran cantidad de bienes y activos que, aseguran, son producto del blanqueo de actividades delictivas.
Las requisas fueron concretadas por Gendarmería Nacional este lunes. A los implicados les secuestraron documentación, teléfonos celulares y vehículos. También ya les trabaron embargo sobre bienes y depósitos. A un ex gremialista de la UOCRA de Rosario buscado como organizador del esquema de blanqueo no pudieron ubicarlo.
Esta es la reanudación de una pesquisa que un fiscal provincial de Rosario había encarado hace cinco años contra Pillín y su entorno, en la que fueron incautados bienes, y en la que se expuso como teoría del caso todo un mecanismo de lavado, mayormente en actividades que giraban en torno a la vida institucional de Rosario Central, mayormente a través de venta de indumentaria oficial y de servicios prestados al mismo club.
Pero los fiscales federales, que disputaron la competencia federal para esta pesquisa y la obtuvieron con un fallo de la Corte Suprema de 2025, dicen descubrir que una mayoría de bienes decomisados por la Justicia de Santa Fe terminaron devueltos al grupo de Bracamonte, por la incapacidad de demostrar su obtención a través del blanqueo. Por muchos de esos bienes ahora los fiscales federales Diego Velasco, Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari van nuevamente, esta vez buscando el decomiso definitivo y condenas.
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En 2023 estos fiscales iniciaron una pesquisa bancaria y financiera contra Pillín y el entonces líder en Rosario de la Uocra Carlos Vergara. Fue a partir de que se conociera públicamente que el fiscal provincial Miguel Moreno encaraba una pesquisa similar que hacía foco en ellos. Los fiscales federales solicitaron informes a organismos tributarios, bancarios, societarios y registrales. Esto fue nueve meses antes, aclaran en sus escritos, del homicidio de Bracamonte. Durante todo el trámite en la esfera provincial la defensa del líder de la barra había cuestionado la prueba en las audiencias imputativas y pedido la competencia de la Justicia Federal.
Moreno había ordenado por primera vez en 2020 una causa contra Bracamonte señalando que el jefe barrabrava procuraba ocultar dinero sucio con el armado de al menos cuatro empresas de servicios que tenía al club Rosario Central entre sus clientes. Pillín estuvo cinco meses preso y terminó en libertad. Moreno señaló en audiencia que Pillín se valió de amenazas, intimidaciones y extorsiones para generar un espacio de poder desde la barra y luego “crear un verdadero negocio ilícito y millonario”. Y más adelante describió negocios con viandas, baños químicos y coimas a empresas y contratistas de obras en el Gran Rosario en una presunta asociación ilícita junto con Vergara, quien había estado al frente del gremio de la Construcción.
Al mismo tiempo la Procelac llevaba su propia investigación en la convicción de que la competencia del caso era federal. Hacia 2023 determinaron que Bracamonte vivía en una casa del barrio privado Los Alamos de Ibarlucea registrada a nombre de un tercero, y que había constituido o adquirido participaciones en seis sociedades (ATE Servicios Integrales SRL, SER-ECO SRL, Ruffino SAS, Kabrasi SRL, B+D Logística SRL y Welding & Company SRL), creadas en el mismo período en que se desarrollaban las maniobras investigadas.
En esa época trascendía que desde el sector de Pillín y Vergara habían extorsionado a contratistas del sector de la construcción para que contrataran servicios de baños químicos y viandas para sus empleados, que prestaban las empresas allegadas a Bracamonte y para que realizaran pagos en efectivo a la UOCRA y contrataran a determinadas personas en las obras que, finalmente, no prestaban ningún servicio.
Para entonces actuaba la Justicia provincial. Cuando Moreno allanó la primera vez en la casa de Pillín en 2020, un caserón de 300 metros cubiertos en Ibarlucea, encontraron hasta una máquina contadora de billetes, cifras millonarias en pesos y miles de dólares. Pero la causa terminó languideciendo y según indican en el entorno federal la mayoría de los bienes decomisados reintegrados al grupo de Bracamonte.
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Los fiscales federales retoman el camino que hizo el fiscal Moreno pero, infieren, le dan a la perspectiva de lavado un fundamento que esta vez, según estiman, hará difícil que otra vez les devuelvan los bienes. Recuerdan que en 2020 se le imputó a Pillín haberse valido de su ex esposa Natalia Lydia Salas como prestanombre y administradora para adquirir tres departamentos en el edificio «Altos de Alberdi II» ubicada en Dr Vila 763, cuatro licencias de taxi y automotores (BMW 125 I dominio MCI505, Cobalt AB878OS, Prisma AB148TJ y Classic LMV180). Y que también se le atribuyó a su hijo Andrés Guillermo Bracamonte actuar como titular simulado de dos licencias de taxi, vehículos y justificaciones contables inconsistentes.
Se había imputado a Pillín y a Fernando Andrés Rigiracciolo la utilización de Vanefra para blanquear activos. También a Sergio Daniel Quiroga, en su doble calidad de Intendente del Estadio de Rosario Central y socio formal de Bracamonte en Ruffino SAS, abusar de su función directiva para desviar fondos de Central en favor de dicha firma y de Bracamonte, con la imposición irregular de contrataciones directas sin concurso de precios, la tramitación de facturas apócrifas y la canalización de pagos y cheques emitidos por el club sin control interno. Asimismo, Eduardo Langhi fue imputado como comprador del inmueble en el country «Los Álamos» como testaferro de Bracamonte. Igualmente, se atribuyó a Agustina Diale, última pareja de Pillín, intervenir y pagar refacciones.
Pero a esa pesquisa los fiscales federales le suman nuevas evidencias de trampas para disimular bienes que vienen del delito, e indican movimientos de dinero nuevos, con compras de bienes como vehículos, recepción de transferencias, adquisición de seguros. Y que después de su muerte en noviembre de 2024 y de la última acción en la Justicia de Santa Fe se produjeron hechos que mostraron que los bienes seguían administrados o transferidos por el mismo grupo.
Ahora los fiscales pidieron el allanamiento y el secuestro de los teléfonos de la ex esposa de Bracamonte, del hijo de ambos, de la última pareja de Pillín y de Vergara, el único que según fuentes del caso no fue ubicado al ser requisado por efectivos de Gendarmería Nacional el lunes pasado.
En julio de 2020 el fiscal provincial Moreno había allanado el domicilio de Natalia Lydia Salas para secuestrar la documentación de las licencias de taxi y los vehículos afectados a esas licencias. Este lunes esos vehículos ya devueltos volvieron a ser decomisados por pedido de los fiscales federales y la orden del juez de garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz.
También constataron los fiscales federales que Salas y su hijo siguieron alquilando departamentos en el edificio de la calle Vila que Pillín compró mediante una sociedad con un prestanombre.
Los fiscales federales apuntan para pedir allanamientos y secuestros de celulares en los distintos bienes y sociedades observadas a un origen ilícito de los fondos, a la inconsistencia patrimonial de las personas investigadas con sus actividades económicas declaradas, manejo inusual de grandes cantidades de dinero en efectivo y a la reiterada utilización de testaferros.
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Otro punto que captó la investigación federal fue que Agustina Diale, última pareja de Pillín, siguió a cargo de la firma ATE Servicios Integrales tras la desvinculación formal de Fernando Rigiracciolo y desde ese rol administraba la masa de bienes de la sociedad, adquiridos con fondos provenientes de las extorsiones según los fiscales, hasta el presente.
