Aída Tarditti, vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, no habló a través de un fallo, sino de un like. La destacada penalista le puso un corazón a una publicación que advertía sobre la eventual salida de la Fiscalía General de Carlos Lezcano, impulsado por Martín Llaryora hace pocos meses.
La cuenta en Instagram de Búnker advirtió en un posteo: “Las razones que dejarían a Lezcano afuera de la Fiscalía General antes de fin de año”. Y describió la situación así: “Lezcano, ¿out de la Fiscalía General? Las razones políticas de una salida récord”. A los pocos minutos de su publicación, apareció el corazón de Tarditti. Y le siguieron otros varios funcionarios judiciales, entre ellos, Martín Bertone, un fiscal de Cámara con peso propio en el esquema del Ministerio Público Fiscal.
El trasfondo es la colonización del Ministerio Público Fiscal dispuesta por Llaryora en los últimos meses. Lezcano fue la pieza clave que movió el gobernador para ese armado afín al Gobierno: Lezcano tuvo una larga militancia en el peronismo de la ciudad de Córdoba hasta que en 2003 fue designado juez de Control, cargo que ejerció hasta que asumió como fiscal General. También fue socio de Luis Juez y mantiene vasos comunicantes con él. De hecho, el juecismo en la Legislatura no rechazó el pliego.
En paralelo, Lezcano viene tropezando en sus declaraciones públicas. Primero dijo qu e
“la batalla contra el narcotráfico sabemos que no la vamos a ganar, pero la tenemos que dar de todas maneras”. Luego empeoró todo durante la crisis por el femicidio de Agostina Vega: ese fin de semana estaba en el caribe; y cuando regresó dijo que no conocía detalles de la causa.
La jueza Aída Tarditti
En Tribunales, el like de Tarditti tuvo una sola lectura: el descontento con con Llaryora por el esquema de abogados amigos que sembró en la Justicia. A esta situación política se agrega que desde hace varias semanas la Justicia provincial funciona a media máquina por protestas salariales y quejas de los magistrados por el desacople (en los hechos) de los salarios provinciales con los que fija la Corte Suprema para jueces federales.
