El gobierno de Javier Milei le negó a la provincia de Buenos Aires una autorización formal para que acceda a un crédito internacional por USD 270 millones destinados a financiar la construcción de una planta de tratamiento de líquidos cloacales para La Plata, Berisso y Ensenada.
Se trata de una obra clave para dar respuesta a un problema de contaminación histórica que afecta a toda la cuenta del Río de la Plata.
El ministerio de Economía presentó ante Juzgado Federal 4 de la capital bonaerense, a cargo de Alberto Recondo, un escrito que lleva la firma del Subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales, Martín Tolivia.
En el texto afirma que el gobierno nacional no está obligado a aprobar todos los pedidos de financiamiento de las provincias. Sostiene que, como garante de los préstamos internacionales, decide qué proyectos priorizar según las necesidades del país y los cupos disponibles de cada organismo internacional.
Caputo le traba a Kicillof obras que cuentan con créditos internacionales aprobados
Sugiere además que Kicillof utilice recursos propios o que busque otras fuentes de financiamiento. También plantea que el gobernador puede modificar préstamos ya vigentes para incorporar esta obra, sin requerir un nuevo crédito con garantía nacional.
Agrega que Argentina dispone de un monto acotado de financiamiento con los organismos multilaterales y esos recursos deben distribuirse entre las 24 jurisdicciones y el Estado Nacional.
Además, afirma que la provincia ya tiene un volumen importante de préstamos internacionales, por un total aproximado de USD 2.241 millones, de los cuales aún quedan pendientes de ejecutar alrededor de USD 756 millones.
Axel Kicillof y el ministro de Economía, Pablo López.
Desde el ministerio de Infraestructura sostienen que la obra es imposible financiar con recursos ordinarios de la provincia. Se trata -dicen- de un proyecto que fue concebido para ser financiado mediante un organismo internacional de crédito, como ocurre con todas las obras de esta envergadura.
La totalidad de la obra tiene un costo estimado asciende a aproximadamente $450.000 millones. Esto representa el 43% los gastos de capital del ministerio que conduce Gabriel Katopodis y el 70% del total de los créditos asignados a Inversión Real Directa.
“Ejecutar esa obra exclusivamente con fondos propios demandaría destinar la mayor parte de los recursos de inversión del ministerio a un único proyecto, afectando la ejecución de numerosas obras de agua potable, saneamiento, hidráulica, energía, vialidad e infraestructura”, dicen desde La Plata.
A junio de 2026, la provincia de Buenos Aires administra 17 operaciones de financiamiento internacional por un monto total de USD 2.455 millones (USD 1.957,8 millones aportados por organismos internacionales y USD 497,4 millones de contrapartida provincial). En tanto, los desembolsos acumulados ascienden a USD 1.175,6 millones.
Gabriel Katopodis y Axel Kicillof.
Las operaciones comprenden a entidades como el BID, el Banco Mundial (BIRF), CAF, BEI, KFAED y FONPLATA, destinadas principalmente a obras de agua potable, saneamiento, hidráulica, energía, infraestructura vial y fortalecimiento institucional. De ese total, al menos 10 requieren el aval del ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.
LPO adelantó días atrás el listado de proyectos que requieren autorización de Nación para avanzar con créditos internacionales. Uno es la planta de tratamiento de líquidos cloacales para el Gran La Plata. Otro es el programa de desarrollo sustentable de la cuenca hídrica de los arroyos San Francisco y Las Piedras, que implica la construcción de un túnel y conductos aliviadores.
Pero además existen cuatro préstamos próximos a vencer con prórrogas que requieren la aprobación de la Nación y del organismo financiador. Entre ellos se encuentra la Planta Potabilizadora para los partidos de Plata, Berisso y Ensenada y el recambio de cañerías de la red de abastecimiento de agua potable en la ciudad de La Plata. En tanto, existen otros cuatro préstamos a vencer en 2027, que necesitan la aprobación de prórrogas.
La negativa del gobierno libertario de habilitar a las provincias a avanzar con créditos internacionales tiene al gobierno de Kicillof como principal víctima. Caputo aprobó 18 créditos internacionales a 10 provincias por una inversión estimada de USD 1.973 millones para la ejecución de obras de infraestructura vial, agua potable, desarrollo territorial y productivo. Buenos Aires no formó parte de ninguno de estos avales.
Por el contrario, las autorizaciones recaen en provincias cuyos gobernadores ayudaron al gobierno en el Congreso. Por caso, Jujuy pudo implementar el Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa que contó con financiamiento de la CAF.
El salteño Gustavo Sáenz avanzó con el programa de Desarrollo Productivo y Exportador que financió el BID con 50.000.000 de dólares.
Córdoba y Santa Fe pudieron dar curso al acueducto interprovincial que financió el Fondo Saudita para el Desarrollo (SFD). En Mendoza, Alfredo Cornejo recibió los avales para avanzar con un programa de expansión de los servicios de agua potable que financió el FonPlata por 140 millones de dólares. Una obra similar pudo desarrollar Martín Llaryora en Córdoba gracias a un financiamiento por 75.000.000 dólares que llegó desde la CAF. También recibieron avales Entre Ríos, Neuquén, Chaco, Río Negro y Misiones.
