El jefe de la Fiscalía Regional de Rosario remitió a la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe un pedido de sumario administrativo contra la fiscal Raquel Almada, que el 29 de junio pasado decidió liberar sin formar causa penal al hijo del presidente de Rosario Central Gonzalo Belloso, que había sido interceptado por la policía en un vehículo en el que estaban otras tres personas con un arma de fuego, en un procedimiento requerido por amenazas.
El hecho de que Almada haya dejado desvinculado a Matías Belloso y otros dos detenidos sin iniciarles un proceso para imputación causó un cimbronazo interno dentro del MPA, el órgano que rige a los fiscales santafesinos, porque existe una instrucción general de la superioridad para iniciar causa penal a todo aquel que sea encontrado con un arma, aún en los casos que la tenencia sea compartida.
Al único de los cuatro ocupantes del auto que se le inició un legajo en la fiscalía es a Fausto Carbajo, de 25 años, quien dos meses antes había sido denunciado por extorsión. Esto como refirió LPO la semana pasada lo hizo el futbolista Jonatan Gómez, surgido en Central y actual jugador de Sarmiento de Junín, quien refirió que Carbajo pasó por su casa para intimidarlo por una deuda que acumuló en una plataforma de juego online. Que precisamente explotan personas ligadas a la conducción de barra brava de Rosario Central.
El incidente que dejó a Almada en la mira ocurrió hace nueve días cuando una mujer llamó al 911 porque la estaban amenazando en la vía pública, frente a su casa, por una deuda que ella asegura haber cancelado. Cuando dos móviles de la policía llegaron a la esquina requerida en Granadero Baigorria, municipio lindante a Rosario, dos personas se metieron en la un Peugeot 308. Los policías lo cruzaron y requisaron el vehículo. Encontraron un revólver calibre 22 largo debajo de la alfombra en el asiento del acompañante. Ahí iba Carbajo.
La fiscal Almada decidió imputar a Carbajo pero desligar a los otros tres acompañantes entre los que estaba Matías Belloso, de 26 años, hijo del titular de Rosario Central, que actuó como dirigente en Conmebol antes de ser electo en la entidad auriazul en 2022, y es íntimo de Claudio Chiqui Tapia. Quien el año pasado decidió otorgar de hecho, y de manera inusual, un campeonato a Rosario Central por haber sido el equipo que más puntaje había reunido.
La discordia interna, que también molestó al gobierno de Maximiliano Pullaro, es porque la fiscal decidió restituir los teléfonos a los ocupantes desvinculados, algo que es propio cuando no se forma causa penal.
El malestar es porque existe una instrucción en el MPA desde 2019, a raíz de la alta violencia con disparos que puso a Rosario como uno de los puntos del país con más casos de homicidios, de perseguir todos los casos de tenencia de armas de fuego. Lo que implicó que no se deslindara de entrada a las personas detenidas con un arma y que se pidiera prisión preventiva inicial. Esto incluso ha implicado condenas por tenencia compartida.
El hecho de no retener los teléfonos para la pericia forense del contenido fue considerado una omisión severa por los investigadores, dado que allí podrían surgir pistas penales o evidencia del accionar de una organización ligada a Rosario Central que explota el juego online ilegal, que tiene una capacidad de generar ingresos multimillonarios, y que está diseminado por muchos barrios de la ciudad. Esto produce endeudamiento en muchos usuarios, algunos de los cuales toman crédito a niveles usurarios, que según causas penales instruidas en Rosario se cobran bajo chantaje, amenazas o ejercicio concreto de violencia.
La causa por la amenaza inicial que implicó al hijo de Belloso fue asignada al fiscal Fernando Dalmau, quien al momento analiza si al solo hecho de la amenaza contra Carbajo y la tenencia del arma ilegal le adiciona otros delitos, como los conectados con las extorsiones del juego clandestino. Algo por lo cual Jonatan Gómez, el volante de Sarmiento de Junin, lo denunció de manera concreta en abril pasado en la Fiscalía de San Lorenzo, ciudad ubicada a 20 kilómetros de Rosario.
Algo más que llenó de suspicacias el caso es que la mujer que denunció el hecho atribuyó el apriete a dos personas con las que tomó una deuda que dijo haber pagado. Pero despegó a los cuatro del auto entre los que estaban dos en la calle donde ella había señalado al llegar la policía. Los investigadores murmuran que es típico en caso de aprietes que la víctima, coaccionada, desvincule a quienes la amenazan.
El auditor general de gestión del MPA, Leandro Mai, confirmó escuetamente a este medio de que le habían remitido el caso de la intervención de la fiscal Almada para formar un sumario disciplinario que establezca si surgen o no de su desempeño responsabilidades administrativas que merezcan sanción.
En casos como éste, en general los fiscales de Flagrancia frente a llamados con distintas personas detenidas en posesión de un arma suelen dejar preliminarmente privados de libertad a los imputados, se toman huellas dactiloscópicas para el prontuario policial, se comunica lo actuado al Ministerio Público de la Defensa para asignar defensores y a la oficina que organiza las audiencias públicas para imputar. También se inician pericias del arma y de los teléfonos secuestrados.
El caso pegó fuerte dentro de la Fiscalía Regional de Rosario. Su titular, Matías Merlo, emitió la circular interna 17/2026 donde da pautas para reforzar los inicios de investigaciones a personas detenidas con armas.
Lo que hay de trasfondo es algo referido por este medio reiteradamente. Y son los hechos de violencia y negocio criminal ligados a la barra brava de Rosario Central que insinúan un cambio de escala desde el asesinato en noviembre de 2024 de Andrés Pillín Bracamonte, líder de la hinchada auriazul durante más de veinte años.
