El plenario del Consejo de la Magistratura resolvió por unanimidad de sus integrantes iniciar el proceso de juicio político al juez federal de Rosario Gastón Salmain, y para darle curso ordenó la suspensión en su cargo. Salmain fue designado en 2023 y se desempeña como magistrado del fuero civil y comercial en Rosario desde junio de ese año.
Las causas que llevan a su jury se vinculan a corrupción. Una es la gestión de un soborno para habilitar una medida judicial. Y la otra es haber omitido informar al momento de concursar que en 2002 lo habían echado de la Justicia Federal por ofrecer dinero para direccionar un expediente hacia el juzgado donde se desempeñaba.
La determinación hacia Salmain no tuvo fisura: fueron veinte votos a favor y ninguno en contra, como anticipó este medio. El trámite disciplinario en el Consejo de la Magistratura se inició a partir de una publicación de La Política Online que dio cuenta en julio de 2025 de que en 2001 Salmain había intentado pagar una coima a una secretaria de un juzgado federal en Comodoro Py para eludir el mecanismo de sorteo de causas y derivar un legajo al tribunal donde él mismo trabajaba. En 2002 la Corte Suprema de Justicia lo dejó cesante también por unanimidad de sus nueve miembros de entonces.
Desconocida por el Senado que aprobó su pliego como juez, esa circunstancia fue deliberadamente ocultada por Salmain, que estaba obligado a dar cuenta de sus antecedentes en el Poder Judicial. El magistrado ahora rumbo a juicio político sostuvo que por la normativa vigente solo estaba obligado a consignar antecedentes en los últimos diez años y que esto había ocurrido hacía más tiempo. El consejero y senador Luis Juez replicó en el momento del descargo de Salmain: “Imagínese si el Senado habría aprobado su pliego de haber sabido que la Corte Suprema lo echó por un soborno”.
El otro incidente que motivó el inicio de jury contra Salmain es por haber autorizado a los tenedores de un fideicomiso, llamado Attilla, a comprar diez millones de dólares mientras regía el cepo cambiario, a cambio de un pago del diez por ciento de la diferencia de cambio entre el dólar oficial y el dólar blue, lo que se considera un soborno que los fiscales del caso estimaron en 200 mil dólares. Eso implicó dar una orden al BCRA que la autoridad monetaria resistió judicialmente. La pena en expectativa para el principal delito que le atribuyen es de prisión efectiva y va de cuatro a doce años.
Por todo esto los consejeros abrieron un procedimiento por mal desempeño, definieron la suspensión del magistrado en sus funciones y le ordenaron a la Cámara Federal de Rosario mediante medios digitales que impulse resolver la situación en sus causas penales, donde en un caso tiene un pedido de prisión preventiva dispuesto por el juez federal de Rosario Carlos Vera Barros.
Salmain es porteño, divide su tiempo vital entre un departamento del barrio de Belgrano y una casa de reposo en el barrio Santa Bárbara, frente a Nordelta, en el partido de Tigre. Durante todo el tiempo que duró su controvertido proceso, y para preocupación pública señalada por legisladores y distintos medios de prensa, se mantuvo dictando resoluciones al frente del juzgado federal en lo civil número 1 de Rosario, aunque sin asistir casi nunca a Rosario.
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El consejero César Grau, que representa al estamento de abogados y es oriundo de Rosario, hizo alusión al engorroso, lento y burocrático proceso contra Salmain, que duró meses. “La arquitectura del actual sistema se basa en la buena fe del concursante donde se le pregunta sobre sumarios administrativos y sanciones disciplinarias. Y esto se omitió sin consecuencias”. Sostuvo que el nuevo reglamento de concursos de magistrados que propone la Corte Suprema, dijo, propone un legajo digital que hace imposible que los evaluadores, en este caso el Senado que aprueba los pliegos, desconozcan información relevante sobre el aspirante. “Analizamos todo lo bueno pero los malos antecedentes quedan purgados”, dijo.
El plenario del Consejo de la Magistratura designó como representes a los consejeros Jimena de la Torre, Diego Barroetaveña y Luis Juez ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Este se compone con nueve miembros: tres jueces (un ministro de la Corte Suprema elegido por sus pares y dos jueces de Cámara); tres legisladores (dos senadores y un diputado) y tres abogados de la matrícula federal.
El consejero Rodolfo Tailhade sostuvo que su sector apoyaría el enjuiciamiento de Salmain por el caso de fallo del fideicomiso que cobró dinero durante el cepo por orden del magistrado. Pero dijo que Salmain había pedido pruebas en el caso de su disposición de cesantía en 2002 con la Corte pero que esas medidas debían producirse, y que al no haberse hecho
“Frente a lo insólito que resulta que Salmain esté tomando audiencia con la tobillera puesta, y que esté subrogando otros juzgados en estas circunstancias, estamos a favor de votar el juicio político. Pero no vamos a acompañar el cargo del ocultamiento de la sanción. Ese cargo no está bien resuelto, el doctor Salmain trajo una prueba dirimente, que es que el Consejo trata a determinadas personas de un modo y a otras de otro”, dijo el consejero, que es diputado del PJ. “No consiento que un juez se haga el otario de esa manera, pero no me parece que eso sea suficiente para el jury, además porque habían pasado más de diez años de la sanción y no era funcionario”.
La doble vara a la que alude Tailhade es lo que dijo Salmain en su descargo, cuando mandó al frente a un candidato a asumir como camarista de la Seguridad Social, Fernando Strasser, que también omitió referir que tenía una sanción disciplinaria en el momento de su concurso.
“La prueba contra Salmain es absolutamente contundente para las dos acusaciones que le imputamos”, dijo el consejero Luis Juez. “Hay una jurisdicción completa que tiene a un juez extremadamente sospechado.
La sesión donde se suspendió a Salmain estuvo presidida por el presidente de la Corte Horacio Rosatti que es además titular del Consejo de la Magistratura. Se dejó constancia de que la resolución fue por unanimidad.
