Orrego afronta la audiencia pública por el proyecto minero de Vicuña por la línea eléctrica que le regaló Caputo

Marcelo Orrego salió este sábado a mitigar los efectos del desparramo que armó Luis Toto Caputo con la concesión de una línea de 500 kilowats para el distrito minero de Vicuña Corp, en San Juan. Con un posteo en X, el gobernador cuyano comunicó que mantuvo esta semana una reunión con los directivos de la empresa minera en Vancouver, para “avanzar en los términos de un acuerdo integral para el desarrollo de este proyecto minero”.

Según Orrego, “el acuerdo contempla inversiones que la empresa realizará en infraestructura de soporte y de uso público vinculada al proyecto, y también recursos que permitirán llevar adelante obras provinciales que beneficiarán no solo al sector minero, sino a toda la matriz productiva sanjuanina”.

Como informó LPO, la inversión de Vicuña a través de la empresa BHP sería el proyecto cuprífero más grande del país, aprovechando las condiciones del RIGI que se aprobó con la ley Bases en 2024. Si bien se espera una inversión total de más de U$s 18000 millones, a pagarse paulatinamente en un período que demandaría años, el problema de este tipo de iniciativas reside en el volumen de energía eléctrica que consumen y la chance de que afecten la disponibilidad del mismo insumo para abastecer otros proyectos productivos.

Escándalo en San Juan: Caputo le regaló una línea de alta tensión a la minera Vicuña

Por eso, el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, acusó un “avasallamiento” del gobierno nacional y anticipó que iría a la Justicia, si era necesario.

En ese contexto, el Ente Provincial Regulador de Electricidad (EPRE) pidió formalmente al interventor del ENRE, Néstor Marcelo Lomboglia, que convoque a audiencias públicas en San Juan para que la comunidad discuta la viabilidad del proyecto.

Ahora Orrego tiene la oportunidad y el desafío de desactivar la bronca de los intendentes de su provincia por el regalo de Caputo a la minera. El gobernador deberá hacer equilibrio entre la preocupación de las comunidades locales y el interés de atribuirse el desembarco de la minera durante su mandato.

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