Un fiscal federal le inició una causa penal al juez federal de Rosario Gastón Salmain por “direccionamiento indebido hacia ciertos actores del sistema judicial” sobre la resolución de expedientes previsionales.
El fiscal Federico Reynares Solari impulsó la acción penal luego de que se difundiera, en una nota de LPO, que desde que Salmain empezó a ejercer como juez federal en Rosario en 2023 se habían multiplicado los embargos multimillonarios contra el Estado Nacional por demandas jubilatorias y que los casos más suculentos se concentran en un puñado de estudios jurídicos.
Reynares promovió de oficio una causa que arrancó con la notificación al juez Salmain para indicarle que se encuentra investigado porque “a partir de una nota periodística publicada el pasado 19/07/2025 en el diario digital La Política Online”, se analiza como hipótesis la comisión de delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
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La investigación motivó que el juez Salmain se excusara de intervenir en todas las demandas jubilatorias que desde la notificación fueron recibidas en su juzgado contra la Anses. El juez apuntado dirigió notas indicando que debía declinar intervenir en los casos por la causa penal 138279/2025 que es la que impulsa el fiscal Reynares.
Esto último provocó enojos y lamentaciones esta mañana entre abogados previsionalistas habituados a cursar sus demandas en este juzgado, que dijeron que habrá demoras como consecuencia de la denuncia. Pero lo que llamó la atención a fuentes judiciales es que el magistrado se hubiera apartado.
“Un juez probo debe mantener su competencia, salvo que sus superiores le ordenen otra cosa, para defender su buen nombre. Todo el tiempo se recusan jueces con argumentos que a menudo son refutables”, dijo a LPO un abogado que incursiona en trámites del fuero contencioso administrativo.
Fuentes judiciales indicaron que la Cámara Federal Rosario no le había ordenado a Salmain excusarse, sino que habría sido una determinación del juez.
El fiscal Federico Reynares Solari
Esta es la segunda vez en diez meses que, de manera inédita en Rosario, un mismo fiscal denuncia actos de apariencia ilícita de un juez federal que trabaja en la misma jurisdicción. Reynares también impulsó una de las causas penales contra el ex juez federal Marcelo Bailaque por direccionar un despósito judicial inmovilizado a la financiera de un amigo suyo. Fue uno de los motivos por los que Bailaque presentó la renuncia desde el 1º de julio que le fue aceptada por Milei.
La acción del fiscal
Distintos funcionarios en el Anses en Buenos Aires y en la Justicia Federal de Rosario notaron algo singular en la cuenta oficial del Banco Nación donde se liquidan los juicios previsionales. Advirtieron que desde la llegada de Salmain a Rosario habían crecido a gran velocidad los oficios ordenando pagar embargos dispuestos por el juez. Si bien la litigiosidad jubilatoria es alta, los pagos en la jurisdicción de Rosario crecían más que en otras zonas.
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También quedó al desnudo es que algunos estudios, entre ellos un par de mucho peso en Rosario, adoptaron desde la llegada de Salmain la posición sistemática de recusar a la jueza federal Nº 2 Sylvia Aramberri para que los casos recayeran en el juzgado de Salmain.
Los investigadores del caso creen que puede haber en la justificación de los embargos criterios jurídicos con sustento. Pero que se trata de establecer si Salmain produjo un direccionamiento indebido hacia algunos estudios de abogados que eran los mismos que recusaban a la magistrada colega. Si se comprobara se trataría de un desvío de poder antijurídico. Y eso implicaría también un análisis de responsabilidad en esos despachos de abogados.
Esta denuncia sobreviene en momentos en que Salmain quedó golpeado por un escándalo que motivó el inicio en su contra de un trámite disciplinario en el Consejo de la Magistratura de la Nación, quien omitió señalar en el curriculum con el que concursó como juez que hace veinte años lo echaron de la Justicia Federal de Capital Federal por ofrecer un soborno para direccionar un expediente.
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La encargada de ser acusadora en el trámite disciplinario, que puede derivar a la suspensión y el juicio político, es la consejera Alejandra Provítola, que es jueza. Ayer no estuvo presente en la Comisión de Disciplina del Consejo que por eso no sesionó con este caso.
La diputada santafesina Lionella Cattalini despachó un informe de 86 páginas al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, para que gire a la comisión de Acusación ese contenido, que detalla situaciones controvertidas y poco claras atribuidas a Salmain. Entre ellas incluye el sumario con que la Corte Suprema en 2002 lo dejó cesante del Poder Judicial por ofrecer una coima a una empleada para direccionar un expediente hacia la Cámara Laboral.
