El Hospital Naval atraviesa un momento crítico. La preocupación de sus trabajadores es extrema porque el gobierno estaría pensando en cerrarlo en caso que no aparezca una empresa privada dispuesto a comprarlo.
Como ocurre con la empresa constructora de la Armada, Coviara, el plazo que pone la gestión de Luis Petri es fin de año. Es el mismo ultimátum que muchos integrantes de las Fuerzas Armadas sospechan que pueden poner con la obra social que sufre un feroz recorte que ya afecta hasta los enfermos oncológicos y otras enfermedades graves.
Por esta situación, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) se declaró en estado de alerta y convocó a un paro de 24 horas para el 31 de julio, en defensa de más de 500 puestos de trabajo del sector.
En un comunicado oficial, ATSA expresó “su rechazo rotundo al cierre del establecimiento sanitario y denunció que, hasta el momento, no se ha garantizado la continuidad de los puestos de trabajo, el respeto al Convenio Colectivo vigente ni el reconocimiento de la antigüedad del personal”.
En el escrito difundido, ATSA exige “garantías concretas respecto de la continuidad laboral y condiciones de trabajo para todo el personal. Sin trabajadores no hay Hospital Naval”. “La salud no se cierra, se defiende”, advierten.
Un integrante de la Armada dijo a LPO que las versiones indican que “el gran drama es que el Hospital Naval, si no se consigue gerenciarlo por una empresa privada, no puede seguir adelante. Ya está decidido que la Fundación Sanidad Naval no preste más servicios para la Armada”.
“En el caso de los que son propios de la Armada se podría cobrar los aranceles pero si no consiguen eso, a fin de año se cierra directamente”, afirman.
El Hospital Naval presta servicios a afiliados al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) así como también a otras obras sociales e instituciones, lo que agrava las consecuencias de un eventual cierre.
