La Justicia Federal de Rosario declaró a cuatro barrios de la ciudad como zona de investigación especial para la aplicación por primera vez de la denominada ley antimafia de Patricia Bullrich, a solicitud del gobierno nacional. La requirieron fiscales de la Procuración de Narcotráfico (Procunar), de la Procuración de Lavado de Activos (Procelac) y de otros cuerpos de Rosario a fin de que se utilicen una serie de herramientas nuevas en la persecución de organizaciones criminales, como infiltrados en bandas o allanamientos encadenados, que pese a tener estatuto legal tienen carácter polémico.
El planteo se dio en una audiencia en la sede de la Justicia Federal de Oroño al 900 que no fue pública el miércoles pasado. Fuentes de la cartera de Bullrich dijeron a LPO que en base a meses de información de inteligencia criminal se recabaron perfiles de actores de bandas para, con casos concretos, avanzar en la persecución de distintos grupos de Rosario, que actúan en toda la ciudad.
El caso fiscal se enfocó en miembros de la llamada Banda de Los Menores, un grupo de constitución imprecisa, dedicado a microtráfico y balaceras, al que se había implicado con el crimen del líder de la hinchada de Rosario Central Andrés “Pillín” Bracamonte en noviembre pasado. Pero no se restringe a estos sino a otros grupos que, según las áreas de Seguridad, actúan en asociación más amplia, como una cooperativa criminal, algo que explicaría en parte el apaciguamiento de la violencia que Rosario experimenta marcadamente los últimos 16 meses. Pero que en el gobierno nacional estiman que va a reavivarse.
Ese planteo pone en el centro de la escena a una figura relativamente nueva en el campo criminal: Matías Ignacio Gazzani, un hombre de 30 años, que tiene desde hace años un pedido de captura activo por homicidio, y que es advertido como distribuidor importante de estupefacientes hacia diversas bandas.
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Esta exploración que se abre en Rosario fue impulsada enteramente por Bullrich. El gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin apoyaron la ley en su momento. El gobernador asistió al Congreso para impulsar su aprobación. Pero no hubo funcionarios provinciales en la audiencia. Ni tampoco fiscales provinciales que son los que iniciaron las investigaciones de los referentes delictivos ahora apuntados, obtuvieron prueba sobre los referentes criminales sobre los que se pone la lupa e imputaron y pusieron presos a varios de ellos.
El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni
Para agregar al contexto, el diputado provincial Carlos del Frade recordó en sus redes que la Legislatura de Santa Fe no adhirió a la ley antimafia. Aunque el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, ponderó este sábado la coordinación con de la provincia con el Ministerio de Seguridad de la Nación y celebró la aplicación de la ley aludida normativa en Rosario. Dijo al portal Rosario3 que en la ciudad las tasas de delitos de alta lesividad pasaron de ser los de una zona de guerra a una zona normal.
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Y sobre el vínculo ambiguo entre Pullaro y el gobierno nacional remarcó: “Podrá haber diferencia en otras cuestiones, en la pelea por recursos que la provincia Santa Fe entiende que le corresponden, por las rutas, por la cuestión tributaria, por un montón de cosas: pero seguridad es un tema en el que no hay ningún tipo de grieta, se trabaja muy coordinadamente”.
Una ley con tensiones
La ley 27786 conocida como antimafia habilita el uso de herramientas de investigación especial, que suponen en algunos casos recortes a las garantías. Dispone también intervenir de manera más firme en operaciones, cuentas y patrimonio de los grupos delictivos. Modifica la figura de asociación ilícita para agravarla, permite la incorporación de la figura del infiltrado en organizaciones delictivas para producir prueba en su contra, tolera medidas de allanamientos domiciliarios en cadena y lo mismo con interceptaciones de comunicaciones. En algunos casos sin orden judicial.
Todas estas restricciones son objetadas por organizaciones penales y han motivado pronunciamientos públicos de asociaciones de defensores. “Esta es una ley complicada y llena de agujeros que va a abrir planteos de inconstitucionalidad. El Ministerio de Seguridad de la Nación ya ha provocado detenciones espectaculares que a los dos meses dejan a los implicados sobreseídos”, dijo a LPO Alberto Binder, presidente del Instituto de Estudios en Ciencias Penales (Inecip), que fue asesor principal del cambio para modernizar el modelo de juicio de delitos en Santa Fe.
El núcleo de informaciones que el gobierno motoriza a través de los fiscales busca habilitar a toda la ciudad como zona de investigación especial sin fragmentarla, en la idea de que los grupos delictivos violentos no se mueven de manera restringida en solo una zona o barrio. Si bien al focalizar a Gazzani como actor de Los Menores se consideran las zonas de los barrios 7 de Septiembre, Emaus, La Bombacha y Stella Maris. Estas son las áreas que la Justicia Federal de Rosario autorizó este jueves como ámbito de intervención.
Los fiscales señalan que Gazzani, a quien la actividad de inteligencia detectó viviendo en Puerto Madero, está vinculado por sus relaciones comerciales con otros referentes criminales rosarinos. Lo ubica como captador de grandes cantidades de droga. Y sus vínculos lo conectan con figuras de diversos grupos. Con Esteban Alvarado a través de su hijo Santino, con Claudio “Morocho” Mansilla, con Fran Riquelme de barrio Ludueña, con desprendimientos de la Banda de Los Monos como Lucho Cantero. También advierten que personas de la barra de Rosario Central ligadas a Samuel Medina o “Gordo Samu”, un referente de Los Monos asesinado en 2024, se infiltraron en la hinchada de Newell’s. Y que eso explotará en una conflictividad violenta.
Todos estos referentes se encontraban, según fuentes del gobierno nacional, en un listado elevado por los fiscales en la audiencia para la actuación.
El juez Rodrigues da Cruz
El juez federal de garantías Eduardo Rodrigues da Cruz habilitó finalmente el pedido del gobierno nacional realizado a través de los fiscales. “Con estas herramientas estamos más cerca de actuar con rigor no solo con los actores de la violencia sino con los que les suministran de manera ilegal servicios profesionales, financieros o con eventuales franjas de las fuerzas de seguridad o de la política que los amparen”, le dijo a LPO un funcionario de Bullrich.
Esta ley habilita la aplicación de penas de prisión fortísimas sin accesorias más moderadas como domiciliarias y también impide la celebración de juicios abreviados.
La concesión de una política judicial de excepciones genera mucha controversia. Sobre todo en un gobierno que ha demostrado efectuar persecuciones no ceñidas a evidencias. Son elocuentes casos como las detenciones por las detenciones masivas frente al Congreso en diciembre al aprobarse la Ley Bases, donde 32 personas fueron presas y todas recuperaron la libertad, la última tres meses después, con todas las causas archivadas por inexistencia de delito. O el reciente caso de las detenciones y procesamiento de la funcionaria bonaerense Alesia Abaigar o la concejala de Quilmes Eva Mieri por el escrache al domicilio de José Luis Espert.
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La ley antimafia habilita intervenir sobre delitos como narcotráfico, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, secuestros, extorsión, trata, tráfico de órganos, robo simple y agravado y corrupción de menores.
En la audiencia estuvieron los fiscales federales Diego Iglesias (Procunar), Matías Scilabra, Juan Argibay Molina (Procelac) y Javier Arzubi Calvo (coordinador de la Unidad Fiscal Rosario). Participaron el subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini, y el director nacional de Prevención del Delito, Germán Pugnaloni. Ambos integran el equipo de Bullrich y son de Rosario.
El Ministerio de Seguridad divulgó que la resolución judicial habilita la conformación de una zona sujeta a investigación especial, según el artículo 4 de la ley antimafia, y “autoriza el uso de herramientas excepcionales de investigación dentro de un perímetro geográfico delimitado, con el objetivo de fortalecer las capacidades del Estado para desarticular organizaciones criminales complejas mediante una intervención focalizada y provista de mayores recursos procesales, logísticos y operativos”.
Binder remarca que esta ley habilita el uso “frívolo” y “abusivo” de herramientas costosas para la sociedad que eventualmente deberían ser usadas en situaciones de emergencia concretas. “La persecución por la que se apela a medios extraordinarios se puede realizar con herramientas que ya existen respetando los niveles elementales de garantías. Suena más a buscar espectacularidad que eficacia real. Y abre agujeros innecesarios como la eventual federalización de delitos provinciales y la multiplicación de las detenciones. Esperemos que los jueces estén muy atentos”.
