Roberto García, Secretario de la Comisión Nacional por la Memoria (CPM), que se presentará como querellante en la causa de Alejandro Martínez, quien murió en el calabozo de la comisaría de San Clemente del Tuyú el sábado a la madrugada, y cuyo primer informe de autopsia reveló golpes y una asfixia mecánica, destacó el trabajo de la Fiscalía 11 de Mar de Ajó, criticó los dichos del Ministro de Seguridad Provincial Sergio Berni, e informó que 9 de cada 10 delitos de violencia policial quedan impunes.
Roberto García informó que cuando una persona con consumo problemático y/o paciente psiquiátrico tiene un brote, se debe acudir siempre al sistema de salud, según la Ley de Salud Mental. Por lo tanto, la Policía debe llamar a la autoridad sanitaria para que haya una asistencia en el Hospital. Ante las versiones de la Bonaerense de San Clemente que indicaron que a Alejandro Martínez no lo quisieron atender, Roberto explicó que en ese caso se debe llamar a la Fiscalía, para que la misma obligue al área sanitaria a brindarle atención. Esto quiere decir que aunque Martínez no hubiera muerto por asfixia mecánica, el procedimiento igualmente estuvo mal hecho.
Por otra parte, García mencionó que en otros casos de violencia institucional se fraguaron pruebas, se falsificaron testimonios, y en este sentido apuntó a la connivencia institucional y judicial, debido a que por ejemplo, el Fiscal General de Mar del Plata, fue un comisario que ejerció durante el terrorismo de Estado. Por eso, destaca el trabajo que en este caso realizó la Fiscalía 11 de Mar de Ajó, que actuó rápidamente, y criticó fuertemente las declaraciones del ministro Sergio Berni, quien declaró que la autopsia no fue bien realizada, en una maniobra que es muy habitual para encubrir casos de violencia institucional.
“A quien no le tocó [el intento de coima] en un control de tránsito, le tocó porque tiene un negocio y debe que poner plata para protegerlo, además de que el delito está regulado por la Policía”, dijo García, asumiendo que casi todos los ciudadanos perciben que la Bonaerense es una institución en sí misma corrupta, independientemente de sus agentes.
Respecto al antecedente del año 2019, donde en la Comisaría de San Clemente del Tuyú golpearon salvajemente a una mujer, paciente psiquiátrica, y que lo único que se consiguió fue que trasladen al ex comisario sin desafectarlo, Roberto García informó que 9 de cada 10 delitos de violencia institucional quedan impunes. Y que además, en un 85% de los casos se identifican como “apremios ilegales” porque son excarcelables, aunque en algunos casos correspondería caraturarlos como “torturas”.
Por último, dijo que para prevenir el delito, se necesita más inversión y asistencia en minoridad, en Salud Mental, para evitar que muchos se críen en entornos de violencia, se haga una prevención del consumo problemático, o mismo contener a quienes están padeciendo esta problemática: tratarlo como un paciente y no como un delincuente. “No sé en San Clemente, pero en algunos lugares las ambulancias tardan como 30 minutos en llegar”, dijo, apuntando a que este tipo de situaciones debe ser asistida por profesionales de la salud mental y no la policía. Ahora bien, ¿por qué asiste la policía? Según García, porque se destina más presupuesto a esta, en el pensamiento tanto colectivo como de los gobiernos que afirma que para prevenir el delito se necesita más fuerza de seguridad, aunque no siempre es así.
Gracias a APDH y Antonieta Chinellato por facilitaron la nota
